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Economía

Nos van a dar la del pulpo por culpa de un traidor: España desafía a EEUU y aumenta 60 % importación de petróleo venezolano

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Jose G. Martínez.- El Gobierno socialista de Pedro Sánchez continúa dándole oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Ya no se trata solo de lobby internacional para cosechar apoyos que ayuden a relegitimar a la tiranía. España parece haberse propuesto comprarle a Caracas parte del petróleo que dejó de importar Estados Unidos. Estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) revelan que en julio los operadores españoles duplicaron la compra de petróleo venezolano con respecto al mes anterior.

La cifra subió de 153 000 toneladas de petróleo en junio a 383 000 en julio, según la más reciente publicación de Cores. Esto representa un incremento mensual del 60 %. Las compañías petroleras españolas, con la multinacional energética Repsol a la cabeza, han disparado las importaciones de crudo venezolano a niveles de 2015, cuando no había amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos ha venido advirtiéndole a España, y en particular a Repsol, que no ayude al régimen venezolano a eludir las sanciones económicas impuestas por Washington, como ya lo han hecho Rusia, China, Turquía e Irán. A finales de octubre de 2019 se conoció que el Departamento del Tesoro estaba evaluando sancionar al país europeo si continuaba cooperando con Maduro, según reseñó Bloomberg.

De la sociedad en tiempos de Hugo Chávez entre la estatal petrolera venezolana PDVSA y la española Repsol no queda más que una enorme deuda que Venezuela paga con barriles de petróleo. Ok Diario indica que Repsol ha limitado esa relación al cobro de la deuda. De igual manera, ha bajado la exposición en el país sudamericano de 2 273 millones de euros en 2016 a 300 millones en 2020. La empresa española ha insistido en que cumple todas las leyes internacionales y le resta importancia a las advertencias de la Casa Blanca.

España desacata advertencia

La administración del presidente estadounidense Donald Trump mantienen una batalla con Repsol y otras petroleras europeas como la italiana Eni, como parte de la presión al régimen venezolano. Washington ha llegado incluso a exigirle a Repsol que acabe con el sistema de pago que mantiene con PDVSA si no quiere ser objeto de «sanciones devastadoras».

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Fue el enviado especial de EE. UU. para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, quien hizo dicha advertencia en abril, según recogió la agencia Efe. «Hemos pedido a Repsol que pare esas actividades y, por ahora, entendemos que lo han hecho. Estamos agradecidos por ello y les alentamos a no cambiar de opinión».

El repunte en la importación de petróleo venezolano por parte de España, registrado en julio de 2020, rompe con la tendencia a la baja que venían demostrando las cifras. En octubre de 2019, cuando se conoció que el Departamento del Tesoro evaluaba imponer sanciones a España, la importación de crudo venezolano se ubicaba en 172 000 toneladas. En abril de 2020, cuando Elliot Abrams lanzó la contundente advertencia a Repsol, la cifra había bajado a 76 000 toneladas.

Pedro Sánchez del lado de Maduro

A pesar del bajo perfil, comparado con el apoyo incondicional de países como Cuba, Rusia e Irán, el Gobierno español se ha convertido progresivamente en un aliado de Maduro. Si bien España ofrece protección a líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma, también ha acogido a chavistas prófugos.

El caso más emblemático fue el de Hugo “El Pollo” Carvajal, quien estaba siendo solicitado por Estados Unidos debido a sus vínculos con el narcotráfico y logró huir sospechosamente. Esto habría evidenciado las intenciones de Pedro Sánchez de dejarlo escapar. El exgeneral venezolano es una ficha clave en la investigación que lleva a cabo Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

Sánchez también hace Gobierno con Pablo Iglesias, conocido aliado de Chávez y Maduro. El vicepresidente español ha estado envuelto en escándalos de corrupción y lavado de dinero vinculados con el chavismo. En 2017 se conoció que Podemos, el partido de Iglesias, se habría financiado con recursos ilícitos aportados por Venezuela e Irán.

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El más reciente coqueteo de Sánchez con la dictadura venezolana tuvo que ver con los esfuerzos que junto con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, estuvo realizando para intentar darle legitimidad a Maduro con observación de la Unión Europea en el fraude electoral pautado para el 6 de diciembre. Madrid anunció incluso el cambio de su embajador en Caracas para poner en su lugar uno que no le fuera incómodo al régimen. Esta operación se frenó con la negativa de Maduro a posponer la fecha de las elecciones.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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