La exigencia de VOX de implantar el llamado “pin parental” en los colegios para apoyar los Presupuestos en la Región de Murcia, ha generado una gran polémica en la que ya ha intervenido hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero, ¿sabe qué es el “pin parental” que defiende Vox?.

Según el partido de Abascal, los menores españoles están sufriendo un “adoctrinamiento en ideología de género, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales y talleres”. Y ante esta situación, pretenden poner en marcha el llamado “pin parental”, una medida para que los padres autoricen de forma expresa la asistencia de sus hijos a determinadas clases en las que se traten temas morales o sexuales.

El “Pin parental”, explica VOX, “es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian nuestros hijos, con tal instancia solicitamos a la dirección que nos informe previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación”.

En la solicitud, VOX quiere que el colegio refleje “una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección”.

En caso de que el colegio no facilite esta información o no cuente con la autorización firmada por los padres, los niños deberán ser eximidos de participar en la actividad propuesta por el colegio.

La iniciativa del “pin parental” forma parte de la campaña #MisHijosMiDecision de la organización Hazte Oír, que comenzó el pasado mes de septiembre en las comunidades en las que gobierna el PP con el apoyo de Ciudadanos y Vox, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid. Con esta campaña, la organización pretende frenar “las intromisiones de los activistas LGTBI en las aulas”.