Sanidad trabajaría en un borrador de sanciones que incluye el veto a determinados servicios públicos.

Pedro Sánchez no ha aclarado todavía si impondrá la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus. Pero el Ministerio de Sanidad ha comenzado a trabajar en un plan para una “inmunización forzosa” en situaciones que supongan una “grave amenaza para la salud pública”. Contempla fuertes sanciones por negarse a ello, tal y como asegura El Confidencial Digital.

El ministro Salvador Illa afirmó que “no creía conveniente” que fuera obligatoria su inyección. Sin embargo, Sanidad cambió de opinión y dejó abierta la posibilidad de imponer una vacunación forzosa.

Si fuera necesario y la epidemia lo exigiera, habría herramientas para obligar a la población a vacunarse. “Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará”, han advertido.

En España, la vacunación no es obligatoria salvo que lo diga un juez. Sin embargo, en crisis epidémicas sí se abre la puerta a hacerlo, existen antecedentes jurídicos, en el contexto de una situación de brote epidémico, en los que se ha obligado a vacunar.

Sanidad considera que, en un escenario de grave amenaza para la salud pública, la herramienta más garantista es recurrir al decreto de estado de alarma.

La Ley 41/2002 básica y reguladora de la Autonomía del Paciente reconoce este principio de autonomía de la voluntad en su artículo 2ª e., donde garantiza el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos.

En el Gobierno piensa en la obligación en sanitarios y trabajadores de residencias de mayores, pero también en cualquier perfil profesional cuya negativa a vacunarse, valorando el contacto directo que vaya a tener con el resto de la población por su actividad, genere riesgo para otras personas con consecuencias de tipo sancionador.

El único partido que parece romper con la línea “soviética” de obligar a los ciudadanos a vacunarse parece ser VOX.

Sanidad no prevé tomar esta decisión tan drástica en las fases iniciales de la campaña de vacunación.

La vacunación obligatoria es una medida que no puede adoptarse con el actual decreto del estado de alarma que aprobó el Gobierno en octubre. Sanidad apuesta por introducir un nuevo instrumento legal, al amparo de las atribuciones del Gobierno para decretar el estado de alarma y prever en sus nuevas disposiciones que se incluya la obligación de inyectarse la vacuna contra la Covid.

Otra de las modificaciones que el Ejecutivo se plantea introducir contempla multas por infracciones en materia de salud, que incluya rechazar vacunarse contra el coronavirus. Aunque se prevé darle el tratamiento de infracción leve, las sanciones rondarían los 1.000 euros, según explica ECD citando fuentes conocedoras de los planes de Sanidad.

Se pretende, explican, que la vía de la imposición de multas para quien no se vacune sea una forma de persuasión institucional para que las personas de riesgo acepten inyectarse la dosis.

También se estudia introducir otra especificación en la nueva normativa para privar el acceso a determinados servicios públicos a quien no se vacune por el riesgo de contagios.