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Tribunales

La Fiscalía pide investigar a un testigo del “procés” por faltar a la verdad

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Se ha hartado de sus evasivas e incoherencias. El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha decidido este miércoles acortar su interrogatorio y solicitar que se denuncie por falso testimonio a Jaume Mestre, el responsable de difusión institucional del «govern» de Carles Puigdemont, que ha comparecido como testigo en el juicio contra el «procés». El propio presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, advirtió al testigo del riesgo que estaba corriendo con su declaración.

«En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir la verdad. Cuando el testigo altere la verdad con reticencias o inexactitudes también hay responsabilidad penal. El tribunal no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo con otras fuentes de prueba para saber si dice o no la verdad. Pero es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo».

Esa ha sido la severa advertencia de Marchena al testigo, en la primera intervención de este tipo en el juicio contra los líderes del plan secesionista ilegal que se celebra en el Tribunal Supremo. Mestre, como otros testigos, ha tratado de sortear las preguntas de las acusaciones que buscan demostrar el delito de malversación de caudales públicos. El interrogatorio buscaba probar que la Generalitat se comprometió a pagar trabajos destinados a un fin ilegal.

Ante la petición del fiscal, Marchena ha explicado que no se puede tomar la decisión de denunciar al testigo (deducir testimonio) hasta que se haya dictado la sentencia, pues hasta ese momento no se sabrá con certeza si ha mentido. «No podemos anticipar una valoración probatoria, porque no sabemos exactamente si ha dicho o no la verdad, más allá de las inexactitudes y evasivas». En ese momento, cuando haya fallo, el tribunal decidirá si deduce testimonio contra él en el juzgado de guardia, lo que supondría que sería investigado por el delito de falso testimonio.

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2,7 millones de euros

En sus vagas respuestas, el responsable de la difusión institucional de la Generalitat durante la recta final del «procés» (un cargo que ha vuelto a ocupar) ha negado desconocer todo lo relativo a las facturas de dos campañas encargadas por los dirigentes secesionistas para promover el referéndum, la que buscaba el registro de los catalanes en el extranjero y «Civisme», que fomentaba el voto.

El testigo ha señalado que ninguna de ambas campañas se llegó a abonar y ha alegado que quedó desierto el concurso para adjudicar la campaña Civisme, que representó la disyuntiva de votar con unas vía de un tren que se separaban y que estaba valorada en nada menos que 2,7 millones de euros. Según él, las empresas Carat y Focus Media rechazaron la campaña por un tema creativo, una respuesta que no ha satisfecho al fiscal. Moreno le ha recordado que la difusión de los anuncios la llevó a cabo al final la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

En ese momento, Mestre ha negado que se reuniese en persona con la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, para solicitarle esa difusión, un aspecto que declaró la propia Llorach durante la instrucción ante el juez Pablo Llarena. El testigo ha asegurado que escuchó hablar de dos facturas, valoradas en 184.000 y 93.000 euros, pero que no las vio. El fiscal –que considera parte de la malversación la financiación de la campaña internacional– le ha recordado que la corporación le emitió estas dos facturas al departamento de presidencia de la Generalitat.

Mestre ha llegado a poner en duda si la corporación prestó el servicio, puesto que según él el contrato quedo desierto, pero no ha podido dejar de admitir que vio los anuncios en la televisión. No sabe, ha concluido, si esas facturas se cobraron.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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