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Tribunales

Sáenz de Santamaría: “Le dije a Junqueras que no íbamos a hablar de referéndum”

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Soraya Saenz de Santamaría durante su declaración como testigo en el juicio del 'procés'
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La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado este miércoles que se reunió tres veces con el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, pero en todo momento le dijo que no iba a hablar ni a dialogar sobre la convocatoria de un referéndum.Sáenz de Santamaría ha respondido así al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en el juicio del ‘procés’ ante el Tribunal Supremo, en el que ha comparecido como testigo a petición de esa acusación popular.

“Yo no traté el asunto del 1-O con ningún miembro de la Generalitat”, ha comenzado diciendo la actual consejera de Estado porque siempre consideró que no era “asunto del Gobierno sino de la soberanía nacional abordar esa cuestión”.

Poco después, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha matizado que no trató esta cuestión porque su obligación era “cumplir la ley”.”Ni con el señor Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación”, ha explicado, porque “si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución”.

El Gobierno que presidía Mariano Rajoy, ha añadido, “nunca se prestó” a negociar algo así y ha opinado que “ningún Gobierno democrático puede prestarse”.Sáenz de Santamaría, responsable de la conocida “operación diálogo”, ha relatado las tres reuniones que mantuvo con Junqueras, acusado en este juicio en el que se enfrenta a 25 años de cárcel por rebelión, entre abril de 2016 y enero de 2017, dos de ellas en su despacho en la Moncloa y la otra en la Consejería de Economía de la Generalitat.

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En la primera de ellas se reunieron para abordar “una serie de peticiones de la Generalitat”, entre ellas el referéndum, un punto en el que “nunca” quiso entrar.Ya en julio de 2016 se volvieron a reunir junto con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que declarará después de ella-, para abordar “la difícil” y “dramática” situación financiera de la Generalitat.

“Nuestra preocupación era que se sufragaran los servicios públicos”, ha manifestado. En el último encuentro, a principios de 2017, el exvicepresidente de la Generalitat le dijo “que tenía el mandato exclusivo de abordar la petición del referéndum”, ha explicado Sáenz de Santamaría, y declinó tratar el resto de los “45 asuntos” que figuraban en un documento que el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont le entregó al jefe del Ejecutivo central Mariano Rajoy.

“Le dije que sobre el referéndum no tenía nada que tratar ni que abordar”, ha precisado la exvicepresidenta.

Y ha añadido: “En ese asunto no había diálogo ni capacidad de entendimiento, ni nos íbamos a entender, ni íbamos a negociar ningún asunto relativo al referéndum”, ha señalado.Después, ha dicho, no se volvió a reunir con él.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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