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Sucesos

Una joven denuncia haber sido agredida por menores magrebíes de un centro de la Generalitat

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El conflicto social e institucional en Cataluña provocado por la llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados -solo este verano han recalado un millar en la comunidad- se recrudece. Mientras la Generalitat sigue encallada buscando una salida a esta «situación de emergencia», empiezan a trascender los efectos colaterales de esta coyuntura. El sindicato Comisiones Obreras CC.OO. lanzó ayer un SOS a las instituciones por la «insostenible» situación de estos menores y alertó de que la falta de higiene y control sanitarios de estos menores «está provocando un aumento de contagios de enfermedades infecciones y de agresiones al personal».

Cuenta el diario ABC que ha tenido acceso a la denuncia de una funcionaria de Correos de Piera (Barcelona) que, según afirma, fue «agredida verbalmente» e «intimidada» por varios magrebíes de un centro de menores de esta localidad. A raíz de estas agresiones, la joven, de 21 años, sufrió un ataque de ansiedad que le obligó a coger la baja y a medicarse.

Así consta en el parte médico que le expandieron en el ambulatorio de Piera y que ha sido consultado por este diario.

Los hechos sucedieron el pasado 12 de julio cuando Aída López salía del centro de Correos de la localidad para hacer el reparto rutinario y fue «intimidada» por tres jóvenes de nacionalidad magrebí que estaban en la calle. «Guapa, mueve el culo a ver cómo se mueve esa placa», le dijeron. Según afirma la denunciante, que iba acompañada de otro empleado, los presuntos agresores la acorralaron e insultaron, aunque al ir acompañada no siguieron acosándola.

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Unas calles más abajo, Aída López, ya sola, fue abordada de nuevo por los mismos adolescentes, que se acercaron a ella, le insultaron y le espetaron frases de contenido sexual. «Estaba muy mal, muy nerviosa. No llegaron a pegarme pero sentí que podían hacerme daño. Se acercaron tanto que noté su aliento en mi cara», relata la joven en declaraciones a este diario. Pese a su estado, siguió avanzando y les dio esquinazo. El tercer ataque fue, según explica, «el definitivo». Se produjo en un portal. «Pensé que iban a violarme. No había nadie y empezaron a llamarme puta», apunta la joven en su denuncia que presentó el día 13 de julio ante la comisaria de Igualada.

Como pudo, la denunciante, que le tocaba llevar correspondencia al centro de menores que da cobijo a sus presuntos agresores intentó avanzar pero su estado emocional se lo impidió y marchó llorando a su casa. Tras conocer los hechos, su familia la llevó al ambulatorio de Piera para que la atendieran y allí (según consta en el parte médico) le diagnosticaron «cuadro de ansiedad» y le expandieron tranquilizantes. La joven acudió después a una mutua en Barcelona, que le confirmó el diagnóstico y le dieron la baja.

Pelea en la sede de la Generalitat

No es el único episodio que apunta a la «agresividad» de estos jóvenes que llegan solos a Cataluña y recalan en los servicios de la Generalitat. «Algunos de ellos, por suerte una minoría, son delincuentes en su país y están enganchados a la cola», asegura Manuel Aguilella, trabajador de Correos que, después de que varios empleados de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) le expusieran los hechos decidió denunciar.

En su denuncia consta que el pasado 14 de septiembre varios menores que permanecían instalados en las instalaciones de la DGAIA en la avenida Paralelo de Barcelona se pelearon entre ellos y tuvo que intervenir la Guardia Urbana. «Hubo sangre y tuvieron que venir varias ambulancias. Algunos son peligrosos porque están colocados de cola», indica Aguilella.

El sindicato CC. OO. considera «insostenible» la situación de riesgo en que se encuentran la plantilla de la DGAIA y también los menores que llegan desprotegidos y sin referentes.

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«Falta de previsión y gestión»

En un comunicado, el sindicato exige «medidas urgentes de choque» y denuncia que «la falta de previsión y gestión adecuada de la emergencia pone en riesgo grave el personal y los menores». Asegura que la actual situación «está suponiendo un aumento de las agresiones y de contagio de enfermedades infecciosas al personal». «Entendemos que la situación de emergencia que vive Cataluña ante el incremento de la llegada de menores no sólo es un problema de la DGAIA, o del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; es un problema de país que requiere una acción coordinada urgente de Govern» y de «otros agentes implicados para poder abordar la cuestión de una manera eficaz», considera el sindicato. También dos sindicatos de Mossos (USPAC y SAP) han emitido sendos comunicados contundentes en los que exigen a la Generalitat «medidas urgentes» para resolver esta situación.

El problema de los menores inmigrantes ha tensado las relaciones entre la consejería de Asuntos Sociales y de Interior. Después de que durante días varios menores pernoctaran en comisarías de Barcelona y Gerona, los Mossos se plantaron anteayer y avanzaron que empezarán a enviar a los jóvenes a los centros de acogida de la Generalitat. El consejero de Interior, Miquel Buch, reconoció que «las comisarías no son lugar para acoger a estos menores» y dirigió la presión a la consejería de Asuntos Sociales que dirige Chakir El Homrani, quien ayer se limitó a afirmar que se crearán nuevas plazas para estos menores.

La ONG Save the Children ha pedido a la Generalitat que defina un plan a largo plazo que dé una respuesta contundente a la situación de estos menores.

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2 Comentarios

1 Comentario

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    Ramiro

    07/07/2019 at 14:15

    Hay que devolverlos a sus países de origen, y que los “disfrute” su familia, o el Estado del que proceden.
    España no tiene ninguna obligación legal con ellos, PUES NO SON ESPAÑOLES.

  2. Avatar

    Ramiro

    12/12/2018 at 18:18

    Hay que devolverlos a sus países de origen, y que los “disfrute” su familia, o el Estado del que proceden.
    España no tiene ninguna obligación legal con ellos, PUES NO SON ESPAÑOLES.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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