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Venezuela: el país con más reservas de petróleo donde no se puede repostar gasolina

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Ya en noviembre de 2018 largas colas en las estaciones de servicio presagiaban un futuro incierto para Venezuela. Tras varios días con cortes de suministro eléctrico, en el país con mayores reservas petrolíferas de mundo no hay forma de repostar gasolina para mover el coche, los vehículos de transporte público o de mercancías. En caracas, tras más de 60 horas sin luz, se registran largas colas en diferentes estaciones de servicio de la capital.

Y pese a esta situación, el precio del combustible sigue siendo el más bajo del planeta. Según Global Petrol Prices, en Venezuela un litro de combustible cuesta actualmente 0,01 dólares, frente a los 0,34 que por ejemplo cuesta en Kuwait, los 1,22 que se pueden pagar el Cuba, 1,25 por litro en España, 1,51 en Alemania, o 3,34 dólares en Zimbabue, en la práctica el país con el combustible más caro.

De los 1,17 millones de barriles que produce Venezuela al día según la agencia Reuters-, unos 560.000 tienen como destino Estados Unidos (datos de noviembre de 2018). En segundo lugar figura China (25%), seguido de India (22%) y otros compradores más pequeños (12%). El mercado indio es crucial para la economía de Venezuela porque históricamente es la segunda mayor fuente de divisas. Se estima que Venezuela exporta 297.000 barriles diarios de crudo a India. Venezuela también exporta petróleo a China, pero en este caso las exportaciones no generan ingresos, ya que se dedican directamente a pagar los miles de millones de dólares de deuda bilateral. Pekín ha prestado más de 50.000 millones de dólares a Venezuela a través de acuerdos de petróleo durante la última década, asegurando suministros de energía para su economía de rápido crecimiento.

Aún así, la situación ha cambiado desde agosto de 2018, cuando Nicolás Maduro anunció lo que en la practica suponía el fin de la gasolina «casi gratis». Hasta ciudadanos de venezuela estaban acostumbrados a llenar sus depósitos a un precio simbólico, de aproximadamente 0,000001 dólares, ya que el combustible estaba subvencionado. A partir de ese momento se puso en funcionamiento el llamado «carné de la patria», sin el cual los ciudadanos que quieran gasolina tienen que pagarlo al predio internacional del mercado. Una medida justificada desde el gobierno por la intención de evitar el tráfico de combustible hacia los países fronterizos, con tarifas mucho más elevadas. También se ha establecido la prohibición de llenar recipientes, por lo que solo se puede repostar llenando el depósito del vehículo.

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Este anuncio provocó un desabastecimiento generalizado. A pesar de que Venezuela tiene 18 refinerías en el mundo y seis en su propio territorio, la entrada en vigor de la medida provocó inmediatamente filas de automóviles intentando repostar antes de la subida de precio, y consecuentemente, que las estaciones de servicio se quedasen sin combustible. Carteles de «no hay gasolina» se hicieron habituales en el mes de octubre de 2018.

Pero según Iván Freites, secretario de la Federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela (Futpv), las causas del desabastecimiento eran otras, y había que buscarlas en la baja producción de combustible. «No hay gasolina, está prácticamente paralizada la producción de gasolina en el país. La refinería de Amuay no tiene carga para producir (…) además, 70% de la gasolina que se produce en el país es no terminada», explicaba Freites a Panam.

Los cortes de suministro eléctrico de las últimas horas han convertido a la gasolina en un bien todavía más preciado, ya que además de ser necesario ara los vehículos, numerosos generadores de emergencia necesitan combustible para poder seguir suministrando electricidad. Incluso las estaciones que no disponen de un grupo electrógeno se ven incapaces de hacer funcionar sus surtidores. Las pocas bombas de gasolina que están en funcionamiento se vieron colapsadas por compradores que llevaron a los funcionarios policiales a custodiarlas. Pero la peor parte la llevaron los hospitales públicos pues al menos la mitad de ellos no contaban con plantas eléctricas para atender siquiera los casos de emergencia o las unidades de cuidados intensivos.

Sin embargo, según la empresa estataL Petróleos dE Venezuela (Pdvsa), está garantizado «el pleno suministro de gasolina y otros productos en toda Venezuela, pese al sabotaje eléctrico perpetrado en las últimas 96 horas».

En uno de sus mensajes transmitidos desde la petrolera en las últimas horas aseguran que «en las plantas de llenado, el inventario de combustible está garantizado, así como el sistema de distribución a través de la Empresa Nacional de Transporte de la institución».

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Parque de automóviles

Además de prácticamente no poder mover los automóviles por falta de combustible, Venezuela pasa por un empeoramiento drástico de su parque de automóviles y de la fabricación de vehículos.

Según cifras de 2017 de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Autopartes (Favenpa) el 54,1% del parque supera los 11 años de edad, y el 67,8% de ellos duplica la edad promedio de recambio, es decir, que tienen más de 15 años. Las ventas en el año 2018 respecto a 2017, según esta misma Cámara de Fabricantes, ha caído en un 45%, y respecto a hace 10 años el mercado de vehículos nuevos en Venezuela se ha reducido en un 76%. Según datos aportados por la cadena BBC, las plantas de la zona industrial de Valencia, que concentra el 75% del ensamblaje de vehículos en Venezuela, están vacías. De los 11.000 trabajadores directos, apenas 2.000 están activos, según los sindicatos.

Si en el año 2007 Venezuela ocupaba el tercer puesto de sudamérica en producción de vehículos, detrás de Brasil y Argentina, con casi 500.000 unidades fabricadas, el año 2017 se cerraba con tan solo 2.479. Por el contrario, Arabia Saudita, el segundo país en el mundo en reservas petrolíferas, está en el 13º puesto en cuanto a precio, y el litro de gasolina cuesta 54 veces más que en Venezuela

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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