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Salud

Detectado en Madrid el primer caso de transmisión sexual de dengue en Europa

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Colonia de huevos del mosquito transmisor del dengue.
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El hombre afectado no había viajado a zonas de riesgo, pero su compañero había viajado a Cuba y también presentó síntomas. Solo hay un caso parecido en la literatura científica en Corea del Sur, entonces de mujer a hombre.

El hospital Ramón y Cajal de Madrid ha diagnosticado en un hombre joven que no había viajado a zonas de riesgo el primer caso de dengue por transmisión sexual registrado en Europa, según ha adelantado el diario El País y confirmado a Efe la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

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A finales de septiembre se notificaron desde el Ramón y Cajal a la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública dos casos de dengue en dos hombres residentes en el municipio de Madrid.

Ante la notificación de los casos, la Dirección General de Salud Pública inició una investigación epidemiológica cuyo resultado determinó que se trataba de un caso importado (es decir, que contrajo la infección en otro país) y otro autóctono.

El primer caso notificado fue el de un hombre que no había salido de España en los 45 días previos al inicio de los síntomas, tratándose por tanto de un caso autóctono.

Su pareja había presentado un cuadro muy similar diez días antes y había viajado a Cuba y República Dominicana, durante el periodo de incubación, por lo que se consideró un caso importado.

Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.

Con posterioridad, las investigaciones entomológicas no detectaron presencia del mosquito vector de la enfermedad ni en la residencia ni en ninguno de los lugares de la Comunidad de Madrid visitados por los dos hombres.

Los dos hombres mantuvieron relaciones sexuales desprotegidas a primeros de septiembre, por lo que se estudiaron muestras de semen que han resultado positivas.

La secuenciación genética ha confirmado que la cepa del virus encontrada en todas las muestras es idéntica y coincide con la que está actualmente circulando en Cuba, explica la Consejería de Sanidad en un comunicado difundido esta tarde.

En ausencia de datos que apoyen una posible trasmisión vectorial, se considera la vía sexual como la más probable del contagio, añade.
Vía poco frecuente

La importancia de este caso radica en que es el primero descrito de probable trasmisión sexual de virus del dengue en una zona sin presencia de mosquitos vectores, y el primero descrito en hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

“En cualquier caso, se trataría de una vía poco frecuente y de baja relevancia epidemiológica, por lo que el riesgo para la población derivado de este hallazgo se considera muy bajo, añade Sanidad.

Es el primer caso de transmisión sexual autóctono en España y en España y en Europa. En el mundo sólo ha habido otro caso de transmisión sexual, de mujer a hombre, en Corea del Sur.

El dengue es una enfermedad causada por un virus que habitualmente se trasmite a través de la picadura de un mosquito y que es endémica en varios países de América, el sudeste asiático y África.

El cuadro clínico se caracteriza por un malestar generalizado, fiebre alta, dolor de cabeza y una erupción en la cara que se extiende por el cuello, el tórax y las extremidades.


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Salud

La Justicia condena al Gobierno socialista de Aragón por no entregar material de protección a los sanitarios

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Concentración en el hospital San Jorge de Huesca del personal sanitario para pedir la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, que afirmó que para los sanitarios era un estímulo hacerse sus propios equipos de protección para la epidemia del coronavirus a mediados de mayo
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El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado a la Diputación General de Aragón (DGA), el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por vulneración de los derechos de los trabajadores, estableciendo que deben proporcionar equipos de protección individual (EPI) frente a la Covid-19 a los empleados públicos sanitarios del grupo A.

La sentencia, que estima una demanda del sindicato médico FASAMET, que también han planteado en Huesca y Teruel, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La magistrada del caso, Elena Alcalde, recuerda que, el 9 de marzo pasado, los sindicatos médicos de Aragón, entre ellos FASAMET, informaron a la entonces consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, de que los profesionales no disponían de material, como batas impermeables, calzas, mascarillas, gafas, pantallas y guantes, solicitando a la Administración autonómica que los aportaran.

 

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Sentencia

La juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2

En la resolución judicial, la juez especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 (nombre científico para el coronavirus) y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la Covid-19.

Alcalde se remite a una publicación de la OMS para indicar que el personal sanitario que atiende a los infectados en centros de salud precisa por paciente y día 25 batas; 25 mascarillas médicas; un equipo de protección respiratoria; 50 guantes no estériles; y unas gafas o un protector facial.

La juzgadora centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales y frente a las argumentaciones esgrimidas por las administraciones codemandadas, sostiene que la administración autonómica conserva, dentro de su ámbito de competencia, la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, debiendo asegurar en todo momento su adecuado funcionamiento.

La sentencia expresa que, aunque la salud no es un derecho fundamental, los demandantes invocan otros derechos que sí lo son, como el derecho a la integridad física y a la vida, protegidos como tales por la Constitución.

También ha puesto de relieve “la existencia de una conexión entre la protección de la salud y la integridad física hasta el punto de que, en ciertas ocasiones, cabe entender vulnerado el derecho fundamental de integridad física si existiera un peligro grave y cierto, o un efectivo daño a la salud”.

Por ello, la DGA, el Salud y el IASS “tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo” .“Encontrándonos ante una pandemia son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida”, se lee en la sentencia.

Prevenir

Respecto a lo esgrimido por las codemandadas acerca de que la salud no es un derecho fundamental y que por tanto no tiene consistencia el pleito que se ha planteado, la magistrada responde diciendo que “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del artículo 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”.

En su razonamiento incide en que “la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

 

Los sanitarios

Gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, (…) sino que lo han desarrollado heroicamente”

La magistrada rechaza la premisa de las administraciones acerca de que se trata de un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable” por lo que entiende que la Administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas”.

Concluye diciendo que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPI para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Además, la titular del Juzgado de lo Social reconoce que “los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición a la Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente”.


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Salud

43.985 cadáveres: esa es la cifra de muertos por coronavirus que ofrecen las funerarias y que, una vez más, deja al gobierno por mentiroso.

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La Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios (Aesprof) publicó ayer un estudio según el cual el número de personas que habrían muerto realmente en España por la pandemia de coronavirus , entre el 14 de marzo y el 25 de mayo sería, de 43.985, cifra muy alejada del recuento total oficial (27.127).

Según la Aesprof, la desviación se debe principalmente a que su estudio ha incluido “los fallecidos sospechosos de Covid-19, ya que en las primeras semanas no se realizaban test de detección”, y también porque “se incluyen los fallecidos en residencias de ancianos, domicilios y centros hospitalarios, desde el 23 de marzo hasta la fecha del 23 de mayo”.

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Por otra parte, también se asegura que la cifras no encajan a causa de “la disparidad de criterios estadísticos de contabilización de los fallecidos sin seguir una trazabilidad concreta”.

Según este Estudio de mortalidad real en España por la pandemia de coronavirus , las mayores desviaciones se habrían producido en Madrid y Cataluña, que prácticamente doblarían el número de muertos “reales”. Mientras que en Madrid las cifras oficiales dicen que han fallecido 8.949 personas, la Aesprof asegura que son 16.579. En Cataluña el recuento de Sanidad deja los fallecidos por coronavirus en 6.035, mientras que el estudio de los funerarios habla de 12.125.

Los funerarios aseguran que el estudio ha sido elaborado con la participación de más de 250 trabajadores y trabajadoras de los servicios funerarios, personal de cementerios, personal de registros civiles e institutos de medicina legal.


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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