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Europa

El barco “Open Arms” se resiste a viajar hasta Baleares porque “los inmigrantes están agotados”

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El Gobierno español ha ofrecido puerto en España al buque humanitario de la ONG Proactiva Open Arms, para que desembarquen los 107 inmigrantes que siguen a bordo del barco tras 18 días a la deriva en el Mediterráneo, pero la ONG dice que es una decisión “completamente incomprensible” navegar durante tres días en “condiciones climáticas adversas” y con las personas “agotadas” estando a 800 metros de las costas de Lampedusa.

“Con nuestro bote a 800 metros de las costas de Lampedusa, los estados europeos están pidiendo a una pequeña ONG, como la nuestra, que haga frente a otras 1.000 millas y 3 días de navegación, en condiciones climáticas adversas, con 107 personas agotadas a bordo”, subraya la ONG Proactiva Open Arms en un comunicado.

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Aunque en el comunicado, Open Arms asegura que esta decisión de que el buque se dirija a España, concretamente, “a Mallorca”, es fruto de un “acuerdo” entre Italia y España, el Gobierno español ha desmentido que exista ningún acuerdo con el país vecino.

Lo único cierto, según aseguran desde el Ejecutivo, es que “el gobierno de España ha ofrecido al Open Arms poder dirigirse al puerto español que esté más próximo en su ruta”. También señalan que han solicitado al buque que les planteen sus necesidades para navegar de forma segura hasta España pero indican que no han recibido respuesta.

“Dada la emergencia humanitaria a bordo, los puertos españoles se mantendrán a disposición del Open Arms, a cuyos responsables el gobierno ha solicitado que expongan sus necesidades y las del pasaje para navegar hacia España de forma segura. Hasta el momento no hemos recibido una contestación clara y directa”, han subrayado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Desde el Gobierno insisten en que “España es el único país dispuesto a acogerlo en el marco de una solución europea, ordenada y solidaria”. Además, añaden que el propósito del Ejecutivo ha sido en todo momento “propiciar esa solución común, que, cuando pueda producirse el desembarco, proseguirá con el reparto de los migrantes acordado por seis países de la UE”, entre ellos, España.

Por su parte, la ONG Proactiva Open Arms considera “indispensable” que “Italia y España asuman la responsabilidad de garantizar, poniendo los medios necesarios, el que estas personas finalmente desembarquen en un puerto seguro”. “Es urgente terminar ya con la experiencia inhumana e inaceptable que están viviendo las personas que hemos rescatado en el mar”, han precisado.

Según añaden, desde Open Arms han “cumplido” con “el deber de proteger los derechos humanos de estas personas, siguiendo los convenios internacionales” y continuarán con su labor “hasta encontrar una verdadera solución”.

La ONG recuerda que a bordo tienen “una situación de grave crisis psicológica” y “numerosos casos de fragilidad” tal y como constata, según señalan, un informe médico psicológico.

El Gobierno español ha ofrecido este domingo al Open Arms el puerto más cercano que encuentre en su ruta hacia España para proceder al desembarque de los 107 inmigrantes que quedan a bordo y a los que ha pedido desembarcar en Italia. La oferta de un puerto llegó de forma paralela a un aviso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de “actuar ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional, contra la actitud mantenida por el gobierno italiano”.

La decisión del Gobierno de proporcionar un puerto al Open Arms aun sabiendo que los españoles “no son ni los más cercanos ni los más seguros” se produjo ante el cerrojazo del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de permitirle atracar en Lampedusa. “La situación de los migrantes del Open Arms ha causado desde el primer momento una gran preocupación en el Ejecutivo, cuyo propósito ha sido encontrar la mejor solución común”, aseguró el Gobierno, comprometido junto a los de Francia, Alemania, Portugal, Rumanía y Luxemburgo a acoger a estas personas una vez pisen tierra. Ha sido Salvini precisamente el único en celebrar la decisión de Sánchez: “España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue”, aplaudía en sus redes sociales.
Sánchez vira así su política sobre el Open Arms tras negarse 17 días a acoger a estos inmigrantes. el pasado 5 de agosto el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se negó a la acogida del buque humanitario y afirmó que “no puede ser que España sea el único puerto seguro del Mediterráneo”. El resto de ministros de Sánchez fueron uno a uno sumándose a esa tesis. Por si fuera poco, Sánchez no avisó ni a Algeciras ni a la Junta del ofrecimiento del “Open Arms” para el desembarque. Todo un ejercicio de improvisación a la desperada con el único objetivo de recuperar la imagen solidaria de hace un año con el Aquarois.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado a Sánchez que haya hecho “justo lo contrario” de lo que debía hacer, que es la de hacer una política migratoria “sin bandazos” y coordinada con la Unión Europea (UE), las comunidades y los municipios afectados. Desde la Junta andaluza, el presidente, José Manuel Moreno, ha acusado al jefe del Gobierno de “despreciar a Andalucía” ofreciendo el Puerto de Algeciras “sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto”, ha subrayado. En la misma línea, el alcalde de la localidad gaditana, José Ignacio Landaluce (PP), ha reconocido que “nos encontramos ante unagrave crisis humanitaria, pero Algeciras no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo”.

Fuera del PP, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que la propuesta llega “demasiado tarde”: “Por eso ofrecimos el puerto de Barcelona hace 12 días. Hay vidas en peligro y están frente a Lampedusa (Italia)”, ha recordado en Twitter. Y, en opinión del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Europa “debe hacer una reunión de emergencia” para “hacerse cargo” de los inmigrantes y que cada país “asuma la cuota que le corresponda”, a lo que su región también contribuirá.

También Vox ha reaccionado a la decisión del Gobierno, de forma que el diputado por Cádiz Agustín Rosety Fernández de Castro le ha acusado de colaborar con el “tráfico ilícito de personas”. “Los españoles y los gaditanos no se merecen esto”, ha concluido.


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Europa

La determinación francesa para poner fin a la libertad de expresión

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Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
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Por Judith Bergman.- El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat[1] que retiren el contenido reportado como «promotor del odio» en 24 horas y en una hora el reportado como «terrorista». De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado «odioso» bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye «la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad».

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Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

«Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet», se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (…) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (…) remiten (…) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (…) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (…) provisiones efectivas y poderosas (…) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de ‘haters’ o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (…) Sin embargo (…) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (…)

Tras reconocer que el «odio» online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque «se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias», pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. «La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas», afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que «los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido». La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido ‘manifiestamente ilegal’. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.

La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:

«Con el pretexto de combatir el contenido ‘odioso’ en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (…) el ‘odio’ es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, «introduce la penalización criminal de… la conciencia». Es peligroso (…) porque delega la regulación del debate público (…) en internet en multinacionales norteamericanas (…) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión».

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de «un placebo para combatir el odio» y señalado que «hiperenfocarse en el odio online» enmascara el auténtico peligro:

«No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (…) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (…) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas».

«¿Qué es el odio?», se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. «¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar… tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento… No puede judicializarse, legislarse».

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.

[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).

(Gatestone)


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(VÍDEO BRUTAL) “¡Pedazo de mierda! ¡Vete a tu país! ¡Que vergüenza! ¡Que le estás haciendo a la criatura!”

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… En estos términos, y otros varios, se expresa en el siguiente vídeo la indignada ciudadana italiana que grita valientemente al hombre negro que, en medio de la calle de una ciudad anónima, -por lo que hemos entendido, cerca de una estación- está nada menos que desollando a un gato encima de un improvisado montón de leña para cocinarlo y, suponemos, comérselo después.

La señora, con mascarilla, repite que es una vergüenza, y que se vaya a su país, cosa que nos tememos que no hará.

Bienvenidos todos ustedes a la “Nueva Normalidad”

Disfruten lo votado.

Gato desollado. Italia

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Europa

La izquierda pedófila y su Nuevo Orden Pederasta: Abusos infantiles masivos en Alemania: políticos y psicólogos de izquierdas daban la custodia de niños a pedófilos

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Este miércoles, el Partido Verde de Berlín pidió que se abra una investigación sobre un escándalo de abusos infantiles masivos que durante más de tres décadas, hasta 2003, involucró a niños adoptivos cuya custodia fue concedida a pedófilos con el conocimiento de las autoridades.

Según un nuevo informe publicado el lunes, las autoridades de educación y el Senado de Berlín occidental estaban al tanto de esa práctica, que fue «aceptada, apoyada y defendida» por políticos y académicos de izquierdas a lo largo de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado.

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«Había y hay redes», dijo la política Marianne Burkert-Eulitz a Berliner Zeitung, que pide al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y al Partido Democrático Libre (FDP) que se responsabilicen del escándalo.

En uno de los casos, entre los años 1970 y 2003 las autoridades de bienestar infantil de la ciudad en repetidas ocasiones concedieron la custodia de niños al pedófilo Fritz H., que vivía solo, pese a sus antecedentes penales. Los niños, algunos de apenas seis años, sufrieron horrores indescriptibles, violaciones y maltratos. Un niño discapacitado incluso murió estando bajo la custodia de Fritz.

Dos de las víctimas del hombre han demandado al Estado por el trauma que vivieron, pero el Senado de Berlín hasta ahora les ha negado un juicio, argumentando que los delitos habrían prescrito.

«Una red entre instituciones educativas»

Fritz no fue el único pedófilo al que le fue confiado el cuidado de niños. El informe, compilado por investigadores de la Universidad de Hildesheim, descubrió que al menos tres pedófilos más recibieron la custodia de menores, mientras que una red de miembros de alto rango del Instituto Max Planck, la Universidad Libre de Berlín y la escuela Odenwald en Hesse supervisó el programa.

Los investigadores describieron el esquema como una «red entre instituciones educativas». Todavía se desconoce el número exacto de víctimas, y muchos archivos relacionados con la red siguen clasificados por las autoridades municipales y estatales, pero los investigadores afirman que los servicios sociales permitieron a los pedófilos ‘cazar’ con impunidad «en toda Alemania».

 

Un psicólogo que abogaba por la pedosexualidad


El psicólogo Helmut Kentler, cuyo Centro Pedagógico de Berlín se encargaba de buscar padres adoptivos para los niños, se encuentra en el centro del escándalo. La institución de Kentler fue apoyada a finales de la década de 1960 por el alcalde Willy Brandt, miembro del SPD. En sus cartas al Senado, Kentler avaló a Fritz como un «experto» en el cuidado de niños. El psicólogo también visitaba regularmente a los menores a los que cuidaban Fritz y otros pedófilos.

Sin embargo, Kentler difícilmente puede ser acusado de engañar a los políticos. El psicólogo fue un defensor abierto de la «pedosexualidad», y durante toda su carrera profesional abogó por la normalización del sexo con niños. En 1999 declaró que la pedofilia «puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la personalidad de un niño».

Además, Kentler sabía que los padres adoptivos pedófilos probablemente tenían «una relación sexual» con los niños cuya custodia les encargaba, declarando explícitamente este hecho en un informe al Senado. Sus declaraciones al respecto no fueron cuestionadas por otros políticos. Los políticos que apoyaron a Kentler y a su institución podrían haber puesto fin a esta horrible práctica en cualquier momento, pero en lugar de ello la apoyaron, la promovieron y la defendieron.

Tanto Kentler como Fritz, así como los políticos que los apoyaron, ya murieron. Los documentos que detallan el alcance total de los abusos todavía están bajo llave en el archivo del Departamento de Educación de Berlín. Los legisladores verdes exigen que sean revelados y que el escándalo de abusos se haga público en toda su depravación.


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