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España

El coronel de La Legión Enrique de Vivero cuenta los detalles del miserable cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid: «Aspiran a convertir España en Venezuela»

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Enrique de Vivero Fernández.- (*)

Desde que ayer se diera a conocer el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de Los Cobos, jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, un río de informaciones han seguido en cascada ante la extemporánea decisión del cese del citado mando del instituto armado.

Digamos como premisa que el ministro del Interior está en su derecho de cesar al personal en puestos de libre designación , bajo su mando , por pérdida de confianza . Hasta aquí nada que alegar a la decisión del ministro. El problema es el motivo por el cual la desaparecida directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ejecuta la orden que le da el ministro Marlaska de proceder al cese del coronel de los Cobos.

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Carlos Alsina, en su programa en Onda Cero, nos ha narrado las tres llamadas que recibe el coronel de los Cobos, interesándose por la situación del informe que realiza la Policía Judicial por encargo del Juzgado número 51 de Madrid.

La primera llamada es del general Berrocal, superior inmediato del coronel de los Cobos. En ella le interroga sobre el citado informe, a lo que el coronel responde que desconoce su contenido.

La segunda llamada procede un alto cargo de la Guardia Civil. Le apremia a que le informe sobre el contenido de las diligencias que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial adscrita a su comandancia. El coronel de Los Cobos se mantiene firme y le replica al superior que tiene instrucciones de la juez del Juzgado 51 de Madrid de mantener en secreto las diligencias que se llevan a cabo. En la conversación, de los Cobos es advertido de que el Gobierno está interesado en conocer el alcance del informe.

La tercera y última llamada procede de la directora general de la Guardia Civil, la exdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, «La desaparecida». En esta conversación, según el periodista de Onda Cero, la señora Gámez informa al coronel de su cese por no «haber informado a sus superiores del contenido del informe». El coronel le replica que desconoce el contenido dado el carácter secreto de las actuaciones que lleva a cabo la unidad de Policía Judicial por orden del Juzgado 51 de Madrid. Gámez le advierte que tenía que haber articulado los mecanismos necesarios para que el Gobierno conociera el contenido del informe. Y añadió: «Esto es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre».

Hasta aquí las informaciones relatadas en Onda Cero por Carlos Alsina.

De ser ciertas dichas afirmaciones, estaríamos asistiendo presuntamente a una clara injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. Se podrían haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación, coacciones, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia previstos en el Código Penal.

El coronel Enrique de Vivero Fernández, autor del artículo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que estas investigaciones las lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid para esclarecer los hechos del 8M. Tendremos que pensar que las diligencias llevadas a cabo pueden tener material muy sensible para este Gobierno, y en particular para el ministro del Interior, y que presuntamente se cometió algún delito.

Hoy mismo ha trascendido que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga si hubo o no prevaricación al permitirse esta manifestación feminista, ha citado en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que dio luz verde a la celebración de esta protesta masiva el día 8 de marzo.

La titular del Juzgado 51 de Madrid ya ha recibido los datos de la investigación llevada a cabo por la unidad de Policía Judicial adscrita a la Comandancia de la Guardia Civil que mandaba el coronel de los Cobos.

Según datos recabados por Alerta Digital sobre el contenido del informe, el Ejecutivo, el delegado del Gobierno en Madrid y Fernando Simón, como responsable del CCAES, habrían tenido presuntamente conocimiento antes del 8M de los motivos que desaconsejaban la celebración de la magna concentración programada para el día de la mujer en Madrid.

En el citado informe se alude a la negativa que se le dio a la FADE (Federación de la Asamblea de Dios en España) a su solicitud para celebrar los días 19, 20 y 21 de marzo el IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios, denominado UNLIMITED 2020.

Marlaska y de los Cobos

 

 

Según datos que obrarían en el informe, los representantes de esta congregación religiosa mantuvieron reuniones los días 5 y 6 de marzo con el ministro Illa, el doctor Simón y el secretario general de Sanidad. En dichas reuniones, presuntamente, el ministro Illa y Fernando Simón dijeron que se desaconsejaba la celebración del Congreso solicitado debido a la a la gravedad de la situación de la pandemia del COVID.

El doctor Fernando Simón les habría explicado la grave crisis sanitaria que atravesaba España, con 27 fallecimientos conocidos hasta aquel momento, y dado que en ese Congreso se podían reunir hasta 8.000 personas, según su estimación, se debía proceder a su suspensión.

Lo extraño de las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Madrid es que conociendo estos datos sobre la pandemia y la negativa a celebrar el Congreso UNLIMITED 2020, se permitiese al mismo tiempo que se celebrara la manifestación del 8M, a la que estaba previsto que acudiesen hasta un millón de personas en Madrid.

Irene Montero en la cabecera de la manifestación del 8-M.

 

 

 

 

Los datos del informe presentado por la Policía Judicial, presuntamente pueden tener la clave de por qué se permitió celebrar el 8M, que posteriormente fue el multiplicador de la pandemia y la causa de innumerables decesos en Madrid.

Los investigadores de la unidad de Policía Judicial han debido efectuar una labor extraordinaria, bajo presión y probablemente con presuntas coacciones desde las altas esferas del Ministerio del Interior.

La prueba de todo ello se ha revelado a través de las palabras de Carlos Alsina. De lo manifestado en Onda Cero se podrían deducir presuntas prácticas coactivas hacia el coronel Pérez de los Cobos.

La juez Carmen Rodriguez Medel, a cuyo cargo están estas investigaciones, ya le ha hecho saber al Ministerio que no permitirá injerencias en su investigación.

Asistimos nuevamente a este sainete al que nos tiene ya acostumbrados este Gobierno, con engaños y mentiras. La última ha sido modificar el sistema de recuento de fallecidos, con lo que salen de las listas de decesos 2000 personas. Es decir, que el poder logra resucitar a 2.000 personas de una tacada. Esto parecería una broma si no estuviéramos hablando de una tragedia y un engaño. Lo único que persigue este gobierno es disminuir las listas de fallecidos por COVID, modificando el sistema de recuento.

Estamos asistiendo a la voladura del Estado de Derecho, no existe separación de poderes, el ejecutivo quiere intervenir y conocer las investigaciones que llevan a cabo los jueces.

 

 

El teniente general DAO de la Guardia Civil ha presentado su dimisión al ministro del Interior por la forma en que se ha llevado a cabo la destitución de su subordinado. Asistimos en estos momentos a una separación total entre la estructura política del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

El Gobierno está poniendo a prueba la democracia del 78, con sus injerencias de corte totalitario en el poder judicial. Es una tragedia asistir a la descomposición de nuestro Estado de Derecho solo para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa, aunque sea con los apoyos de separatistas, de los herederos de los terroristas y de los que aspiran a convertir España en Venezuela.

 

*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla. 


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España

El gobierno comunista de China señala a España como fuente del coronavirus mientras Pedro Sánchez traga y calla

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China insiste que las investigaciones sobre los orígenes de la COVID-19 deberían mirar más allá de sus fronteras y señala a España como fuente alternativa.

Según ha recogido el diario británico The Telegraph, los funcionarios y expertos chinos declararon que cualquier investigación sobre los orígenes del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, no debe limitarse a China. Al respecto exigieron que España fuera considerada como una de las fuentes posibles de propagación del virus.

Eso se produjo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara la semana pasada que planea enviar una delegación a China que tiene como objetivo establecer una plataforma para rastrear el surgimiento de la crisis sanitaria, una solicitud que Pekín la ha aceptado.

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Existe un consenso entre los expertos de que una comprensión más clara de dónde proviene el virus es vital para evitar brotes futuros. En este sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó también que conocer la fuente del virus tiene mayor relevancia, subrayando que podemos combatir el virus letal “cuando sabemos todo sobre el virus, incluyendo cómo comenzó”.

China señala que EE.UU. está dañando su credibilidad por la campaña de desinformación que ha puesto en marcha contra Pekín en cuanto al origen de la COVID-19.

En este sentido, Zeng Guang, el epidemiólogo chino y supervisor de doctorado en el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, destacó que “no importa con qué país comience el trabajo de identificación científica, siempre que involucre a todos los países relacionados y se lleve a cabo de manera justa”.

Wang Guangfa, uno de los principales asesores de la Salud del Gobierno chino, se refirió a las investigaciones realizadas en la Universidad de Barcelona (UB), en junio pasado, en las que detectaron la presencia de la COVID-19 en muestras de aguas residuales en el país europeo, el 12 de marzo de 2019, un año antes de declararse la pandemia a nivel mundial, enfatizando que la OMS debería ir a España.

La UB informó el 27 de junio pasado, que los estudios analizaron muestras obtenidas de dos plantas de tratamiento de aguas residenciales de esta ciudad europea; “los niveles del genoma del SARS-CoV-2 (COVID-19) coincidieron claramente con la evolución de los casos de COVID-19 en la población”, expresó Albert Bosch, catedrático de la Facultad de Biología de la UB y coordinador del trabajo.

Las autoridades estadounidenses, especialmente el presidente de EE.UU., Donald Trump, llaman al virus como chino mientras que Pekín ha refutado una y otra vez las acusaciones infundadas de Washington que señala al laboratorio de Wuhan como el lugar donde fue creado la COVID-19.

Entre tanto, las autoridades sanitarias españolas callan ante las insinuaciones chinas.


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Andalucía

Vox exige a Serrano que deje su acta: «Nos comprometimos a devolverla si abandonamos el partido»

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Vox ha exigido este viernes a Francisco Serrano que entregue su acta de diputado porque todos se han comprometido a hacerlo si abandonaban la formación.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este viernes a Francisco Serrano, que hace unos días anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, que debería dejar el acta de diputado pues, según ha recordado, «todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea».

Así se ha pronunciado Hernández en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, dos días después de que Serrano diera a conocer que rompía relaciones con Vox para «no manchar al partido» tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones. No obstante,

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Serrano mantiene el acta como diputado no adscrito.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no ha hablado con Serrano desde que anunció su salida del partido, al tiempo que ha incidido en que aunque los cargos de Vox se comprometieron a devolver el acta si dejaban la formación, «la normativa dice que el acta es del diputado».

«Al final es una cuestión de orden personal y no podemos perder de vista que cuando alguien abandona el partido no existe la capacidad de disciplinar», ha abundado Hernández, que, ante la denuncia, ha defendido que «la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos» pero ha matizado que, evidentemente, «lo que Vox sostiene es que el que la haga la pague, y si es uno de los nuestros lo decimos con más preocupación y firmeza».


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España

Cuando el amigote de Presidente del Gobierno “secuestró” por las bravas la correspondencia de VOX sin pararse a pensarlo…

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Vox presentó este miércoles por la tarde alegaciones a la denuncia presentada por Correos ante la Junta Electoral Central (JEC) por los sobres electorales de la formación, que la sociedad Estatal ha ‘secuestrado’. En concreto, la formación ha solicitado que se archive la denuncia y se ordene “urgentemente al envío masivo de la propaganda electoral”.

Para no proceder a la distribución de los sobres electorales de Vox, la Sociedad Estatal ha invocado el artículo 16 del Reglamento por el que prohíben envíos postales cuya envoltura contenga textos o dibujos que vulneren los derechos fundamentales.

Sin embargo, los sobres enviados por Vox, explica la formación a la JEC, no pueden suponer lesión alguna de derecho fundamental, puesto que todos ellos han sido extraídos de publicaciones que ofrecieron los datos basándose en fuentes fidedignas, sin que se tenga noticia de que ninguna persona haya ejercitado acción alguna contra los medios que los publicaron.

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En los sobres enviados por Vox a los votantes de Galicia se reprodujeron algunos textos como: “Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago”. La formación explica que de esta noticia se hicieron eco diversos medios de comunicación.

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, algunos de los sobres llevaban escrito: “El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros”. Una frase, explica Vox, que, según la noticia, está fundamentada en el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

Otra de las frases impresas en la propaganda electoral que se envió a la Región Vasca era: “Las violaciones aumentaron el 37% en el País Vasco, con un incremento de la delincuencia del 7,8%”. Según la noticia, la fuente de origen de estos datos es el propio Ministerio del Interior.

La formación insiste en que estas afirmaciones realizadas en medios de comunicación no fueron desmentidas ni rectificadas ni denunciadas, por lo que “de ninguna manera puede ser considerado como vulnerador de ningún derecho fundamental”.

En su escrito, la formación alega que impedir la entrega de los sobres con propaganda electoral vulnera derechos fundamentales como el de Igualdad (Art. 14 CE) y el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE) y de la Loreg.

Vox explica a la JEC que la medida adoptada por Correos, “motu proprio”, de intervenir el correo postal es “absolutamente desproporcionada”, ya que “no existe fundamento de consistencia para paralizar los envíos postales”.

La JEC ordena a Correos volver a distribuir la propaganda electoral de VOX

Tras el ‘secuestro’ de la propaganda electoral de Vox en Galicia y País Vasco, la JEC ha ordenado a Correos que reanude la repartición de sus sobres debido a que no ha identificado “una correcta y específica vulneración de algún derecho fundamental en los mensajes incluidos en los sobres.” Además, “tampoco la Junta aprecia que tales mensajes incurran en una vulneración de este tipo”.

Por ello la JEC dicta que “no procede paralizar la distribución postal de la propaganda electoral” y ordena a correos que “reanude de inmediato dicha distribución”.


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