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Economía

El Gobierno de Sánchez plantea castigar a los propietarios de pisos vacíos para fomentar el alquiler

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Piso en alquiler a las afueras de Madrid
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LV.- A través de un medio afín, el Gobierno de Sánchez ha lanzado un nuevo globo sonda: los propietarios de pisos vacíos serán castigados por el Estado para fomentar el alquiler. De ser cierta tal iniciativa –el Ejecutivo no quiso confirmarla ni desmentirla cuando ayer se lo solicitó este periódico–, estaríamos ante un ataque aberrante a uno de los pilares de nuestra civilización: la propiedad privada. Basta una pregunta sencilla para captar la perversión que anida en tal propuesta: ¿Qué derecho tiene el Estado a señalarle a un individuo lo que debe hacer con un bien que ha ganado con su legítimo esfuerzo, o que ha heredado merced al trabajo de sus antepasados? ¿Quién es el gobernante de turno para entrometerse en el uso de un piso cuyo único propietario eres tú? ¿Puede admitirse en una democracia de libre mercado que el Estado meta su pezuña intervencionista en algo que no es suyo y que está salvaguardado por el Derecho?

El magnífico David Hume, que aunque vivió en el siglo XVIII tal vez era un poco más inteligente, cultivado y moderno que Sánchez, echaba pestes contra ese igualitarismo que fascina a la alianza de izquierdas que hoy dirige España. «Las ideas de igualdad perfecta son extremadamente perniciosas para la sociedad humana», advertía Hume. Y lo razonaba: si se estableciese una igualdad absoluta desaparecería el incentivo para el trabajo y el ahorro, las palancas que hacen prosperar a las sociedades.

Lo que explica Hume lo hemos observado todos en nuestra experiencia cotidiana. Una y otra vez he visto en mi entorno a personas de orígenes humildes que se esforzaron enormemente para convertirse en propietarios. Conozco a un matrimonio coruñés que emigró a Suiza en los años sesenta del siglo pasado, aldeanos valientes que partieron casi con lo puesto. Currando como chinos -o más- lograron comprar un piso en su tierra. Luego lo alquilaron, siguieron ahorrando… Hoy tienen tres. No son plutócratas explotadores. Son personas que se sacrificaron para mejorar sus vidas. ¿Quién es Sánchez para decirles lo que tienen que hacer con sus propiedades? Les asiste pleno derecho a tenerlas llenas, vacías, alquiladas… Lisa y llanamente son suyas, no del Estado. «Dejad que todo el mundo disfrute en paz de lo que pueda adquirir con su fortuna e industria», recomendaba el viejo Hume, «porque la estabilidad en la posesión es absolutamente necesaria para una sociedad». E iba más lejos: «Sin derecho a la propiedad en realidad estaríamos sometidos a la violencia de los otros». Cierto, pues no habría un límite que salvaguardase el perímetro vivencial de nuestro yo.

El PP nació para ser el partido de la clase media y de los propietarios, pequeños y grandes. Pero no los está defendiendo. Decepciona su lánguida oposición ante un Sánchez que comienza a meter su mano fiscal en nuestros bolsillos y que amenaza hasta con intervenir en nuestros pisos. Casado, que fue recibido con justa ilusión, debe empezar a honrar sus altas expectativas y ponerse a hacer lo que tiene que hacer: marcar en serio a este lamentable Gobierno, antipatriótico, mendaz e intrusivo en la privacidad de los ciudadanos.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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