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Tribunales

El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

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Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».


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Tribunales

El PP recurrirá al Supremo el nombramiento de Delgado como fiscal general

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La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este martes que el PP recurrirá ente el Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por “no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo”.

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En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo se ha referido a la última comparecencia de Delgado en el Congreso y ha subrayado “el grado de odio, animadversión y hostilidad que destila” la exmninistra a “todo lo que no es de su cuerda”.

La portavoz parlamentaria, que ha recurrido a la hemeroteca para argumentar sus declaraciones, ha informado a los periodistas que tenía en su haber multitud de frases en su etapa de ministra contra el PP, algo que, en su opinión, “la inhabilita para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado”.

Álvarez de Toledo ha insistido en que el nombramiento de Delgado sólo beneficia “al Ejecutivo, a Pedro Sánchez y al separatismo y perjudica a la democracia, al Estado de derecho y al principal partido de la oposición, a quien ha dirigido su animadversión de manera sistemática”.


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Sociedad

Un padre pierde la custodia de sus hijos por dejarlos al cuidado de los abuelos

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Un padre de Zaragoza ha perdido la custodia de sus dos hijos, de 4 y 9 años, por haberlos dejado al cuidado de sus abuelos con demasiada frecuencia. Considera la juez que «delegó por completo sus obligaciones» y que, por ello, procede reiterarle la custodia compartida y otorgársela por completo a su exmujer, tal y como ella demandó judicialmente. El matrimonio se separó a mediados de 2016, y pactó la custodia compartida de sus hijos.

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La sentencia de esta juez de Zaragoza se suma a otro fallo que dictó la Audiencia Provincial de La Coruña hace menos de un año, en un sentido similar. En aquella sentencia también se le retiró la custodia a un padre en beneficio de la madre, por haber dejado a sus hijos al cuidado de los abuelos paternos y entender que el progenitor no había ejercido funciones «de obligado cumplimiento».

En el caso sentenciado ahora en Zaragoza, la juez reconoce el valor de la atención prestada por los abuelos, el correcto cuidado que han prestado en todo momento a sus nietos, «su cariño y dedicación». En la misma sentencia, que ha publicado Heraldo de Aragón, la magistrada María José Moseñe también reconoce que la relación del padre con sus hijos es buena, algo que queda avalado por los informes psicológicos. La Fiscalía no estaba a favor de que al padre se le retirara la custodia.

En la sentencia de la juez han pesado los datos recabados por el detective privado al que contrató la madre de los niños para seguir sus movimientos y los del padre. Eso es lo que lleva a la juez a indicar en su sentencia que entre las 7.00 y las 19.00 horas era el abuelo quien se ocupaba de los niños de forma regular.

Los condicionantes laborales expuestos por el padre no han surtido efecto en esta sentencia. Alegó que se había reducido la jornada de trabajo para poder pasar estar más con sus hijos, pero la juez, en su sentencia, considera probado que los pequeños han estado demasiado tiempo al cuidado de sus abuelos paternos. «Una cosa es disponer de apoyo de familiares y otra delegar por completo sus obligaciones», indica la sentencia.


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Tribunales

El PP llevará ante el Constitucional el polémico decreto de la vivienda de Cataluña

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El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios.

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“Este decreto es profundamente antisocial porque, mientras las familias humildes, trabajadoras y honradas esperan pacientemente en las listas de alquiler y de compra social, mafias violentas ocupan viviendas por la vía de los hechos consumados y encima reciben el apoyo del Govern”, ha explicado Fernández.

El decreto, que fue aprobado con los votos a favor de JXCat, ERC, Comuns y la CUP (el PSC se abstuvo y Ciudadanos y el PP votaron en contra), obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona.

También contempla la creación de un índice de referencia de precios de alquiler de viviendas y obliga al arrendador a comunicarlo al inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento y que conste en dicho contrato (en caso de incumplimiento el propietario puede acarrear multas de hasta 9.000 euros), así como la puesta en marcha de medidas para activar y generar más suelo destinado a levantar VPO. Por otro lado, la calificación de las viviendas protegidas construidas en suelos públicos pasa a ser permanente.

Las medidas que recoge que el Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda han levantado ampollas en el sector privado. En su opinión, el contenido de la normativa es un “drama” y provoca “desprotección” a los propietarios en toda la comunidad autónoma.

El responsable del PP en Cataluña también ha avanzado que va a animar al Gobierno central a que presente un recurso de inconstitucionalidad y que la formación va a presentar una nueva ‘ley antiokupa’.

En otras regiones como Madrid, el partido ya ha dejado claro que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias, en clara alusión a la intención del Ejecutivo de crear un índice de precios del alquiler. Una propuesta que llegará en primavera, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, y cuyo objetivo es servir de referencia para que ayuntamientos y comunidades autónomas regulen los precios en las zonas más tensionadas.


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