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Tribunales

El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».

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Sociedad

Morir haciendo sexo durante un viaje de negocios es “accidente laboral”, según la Justicia

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En febrero de 2013, un ingeniero francés fue enviado por su empresa a Meung-sur-Loire, una ciudad situada en el centro del país, a cerrar un negocio. Durante la noche, conoció a una mujer. Ambos mantuvieron una relación amatoria en un hotel de esa localidad, que no era el que su empresa había reservado para él.

Tras el acto sexual, el hombre, que estaba casado, sufrió un infarto y falleció. Fue entonces cuando comenzó un pleito que ha durado hasta ahora y cuya resolución ha provocado una enorme polémica. El Tribunal de Apelación de París, donde el proceso judicial llegó hace dos años, acaba de sentenciar que la muerte del empleado se produjo durante el desempeño de su trabajo y por tanto se trató de un accidente laboral.

La sentencia no se queda ahí, sino que, además, ha condenado a la compañía a pagar a la viuda engañada el 80 por 100 del salario mensual del fallecido adúltero hasta el día que hubiera alcanzado su jubilación.

La Corte gala ha desestimado los argumentos de la empresa, que insistía en que los hechos se produjeron fuera del horario laboral y que la muerte no fue imputable al trabajo, sino al propio acto sexual.

En definitiva, los magistrados consideran que en este caso, el tiempo de trabajo supone el viaje y la noche que el empleado tiene que estar fuera de casa. Y por tanto, “un encuentro sexual es un acto de la vida cotidiana igual que ducharse o comer”.

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Tribunales

Primera condena a prisión para 4 ex altos cargos del PSOE por la trama corrupta en la Consejería de Empleo

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Los enjuiciados por el caso Umax, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el 8 de enero
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Primera condena a prisión para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE por la trama corrupta destapada en la Consejería de Empleo durante la investigación del caso ERE.

Los cuatro ex altos cargos que acaban de ser condenados por el conocido como ‘caso Umax’, que versa sobre la red de enchufes que había en Empleo, son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez, y los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cuatro fueron juzgados en la pieza principal de los ERE que sentó en el banquillo a una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia del ‘caso Umax’ conocida este jueves es de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que condena a penas de entre 5 años y 3 meses de cárcel a los cuatro ex altos cargos citados y al administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L. por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con esta empresa, mientras que a un quinto ex alto cargo le ha impuesto una condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El quinto ex alto cargo condenado, pero no a prisión, es el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, ordena que se deduzca testimonio de las facturas y ’emails’ aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía “por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito”.

Los hechos probados establecen que en 2003 Guerrero, el principal acusados en los ERE, “decidió crear” en la Dirección General de Trabajo y en los servicios de su departamento en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una “estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente, con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público”.

De forma ilegal se contrataron “al menos 44 trabajadores”, algunos de ellos “relacionados por vínculos de vecindad y amistad” con Guerrero “y también de parentesco” en el caso de Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, “decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor”.

En este caso está implicada también la extinta Faffe, la fundación de Empleo que creó la Junta para impartir cursos de formación, pero que se convirtió casi en una agencia de colocación para allegados y familiares de dirigentes del PSOE. Este ente es objeto de investigación judicial por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas ‘black’ en prostíbulos.

En 2007 “se abandonó el sistema de abono a Umax” para “ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la Jefatura de este último organismo” Lourdes Medina, quien, “igualmente, era consciente de la realidad de la contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad”, dice la sentencia.

(El Mundo)

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Tribunales

Teresa Rodríguez (Podemos) pide que el empresario que tuvo el mal gusto de simular darle un beso sea condenado por abuso sexual

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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla contra el empresario Manuel Muñoz Medina
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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que el empresario Manuel Muñoz Medina, acusado de un delito de atentado por simular darle un beso, también sea condenado por abuso sexual si no lo es por un delito contra la integridad moral.

Tras el visionado del vídeo de la acción, ocurrida el 20 de diciembre de 2016 en la Cámara de Comercio de Sevilla, el tribunal de la Sección Cuarta ha invocado el artículo 733 del Código Penal y ha planteado a las acusaciones la sustitución del delito contra la integridad moral por el de abuso sexual, y el abogado de Rodríguez, tras consultarlo con ella, ha asumido esa opción.

La portavoz de Adelante Andalucía ha solicitado 1 año de prisión y una multa de 18 meses a razón de 30 euros diarios para el exvocal de la Cámara de Comercio por abuso sexual.

Por el delito contra la integridad moral, la diputada andaluza ha aumentado la petición de pena de 6 a 9 meses de cárcel, mientras que por el delito de atentado ha mantenido su solicitud de 1 año de reclusión.

De este modo, la parlamentaria reclama un máximo de dos años si la condena es por atentado y abuso sexual y un mínimo de 1 año y 9 meses si es por atentado y contra la integridad moral, por lo que Muñoz no entraría en la cárcel en ningún caso.

La fiscal, por su parte, ha mantenido su calificación original tras ver el vídeo porque, según ha explicado en sus conclusiones, no aprecia “ánimo libidinoso” en la acción.

Durante el juicio, celebrado este jueves, Rodríguez ha asegurado que se sintió “como un objeto”, mientras que el acusado se ha defendido diciendo que fue “una broma de mal gusto”, que no tocó ni rozó a Rodríguez y que saluda así “en muchísimas ocasiones”.

Rodríguez ha asegurado que el entonces vocal de la Cámara la “asaltó” y la “arrinconó” a la salida del despacho del presidente de la institución y que sintió “miedo” porque estaba “sola con tres señores voluminosos que consienten lo que está ocurriendo”.

“Él pensaría que era una broma, pero a mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí un objeto entre esos señores “, ha afirmado. El empresario, que dimitió de su cargo a los dos días del incidente, ha indicado que “nunca” empujó a la diputada y que no le puso la mano en la boca, sino “a distancia”.

“No me parece correcto poner la mano en la boca a ninguna señora”, ha proseguido Muñoz, quien ha contado que Rodríguez no tuvo “ninguna reacción” y que él la vio “normalísima en todos los sentidos”, hasta el punto de que le entregó su tarjeta. “La cogí para saber quién me había agredido”, ha aclarado después Rodríguez.

El exvocal de la Cámara también ha recalcado que “en muchísimas ocasiones” ha hecho “lo mismo con otras personas, afortunadamente sin problemas”, y ha matizado que su intención “jamás fue molestar a esta señora”.

En su informe final, la acusación particular ha considerado que Muñoz actuó de un modo “premeditado” contra Rodríguez “por ser mujer” y ha calificado su conducta de “claramente sexual”.

La defensa ha pedido la absolución del empresario o, en su defecto, que se estimen la eximente de afectación por consumo de bebidas alcohólicas y las atenuantes de disminución de facultades y reparación del daño por sus disculpas públicas.

El abogado de Muñoz ha lamentado que su cliente “ya está condenado socialmente” y ha criticado que Rodríguez “utiliza la Justicia para fines políticos” al presentar una denuncia “de claro carácter sexista” porque “el feminismo está de moda y consigue votos”, de ahí que haya instado al tribunal a que “no dicte una sentencia ejemplarizante ni afín a tendencias sociales”.

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