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Andalucía

El Parlamento de Cataluña pagará 13.000 euros a Junqueras y 900 a Jordi Sánchez

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La Mesa del Parlamento de Cataluña ha aprobado este martes concederle al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al diputado de JxCat en el Congreso, Jordi Sánchez, la prestación por cese de actividad, que se da cuando un diputado deja la Cámara y no tiene ningún sueldo al terminar en el cargo.

Fuentes parlamentarias han explicado que esta es una retribución que se contempla en el reglamento del Parlament y que se da habitualmente a los diputados cuando abandonan su actividad parlamentaria como un sustituto de la prestación del paro, a la que los diputados no pueden acceder. Así, Junqueras y Sánchez han solicitado esta prestación –a diferencia de los otros presos soberanistas que eran diputados, que no la han pedido– después de dejar el Parlament para ser diputados en el Congreso, y han argumentado que no reciben ningún sueldo porque están suspendidos en la Cámara baja y no han llegado a cobrar nunca.

Sánchez recibirá un pago total de 900 euros y Junqueras de 13.000, y las fuentes ya citadas han informado que la cantidad de la prestación se calcula de manera proporcional al tiempo en el que ha sido diputado y por eso el líder de ERC recibirá una retribución más alta al haber estado siete años como diputado, a diferencia del dirigente de JxCat, que ha estado menos de dos.

ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS

Esta concesión ha sido aprobada en la Mesa por todos los grupos, excepto por Cs, que ha cuestionado que Junqueras y Sánchez cumplan los requisitos para recibir la prestación, han explicado otras fuentes parlamentarias.

Según el partido naranja, hay que tener en cuenta que ambos son diputados en el Congreso y que hay que esperar a la sentencia del juicio del 1-O para ver si finalmente quedan inhabilitados, porque sostienen que, si la sentencia no los inhabilita, podrían cobrar en el Congreso y no tendrían derecho a recibir la prestación del Parlament.

NORMATIVA

En la normativa del Parlament que regula esta prestación, recogida por Europa Press, se indica que pueden recibirla “los diputados que causen baja por causas diferentes de la defunción y que no renueven mandato en la constitución de la legislatura siguiente, y aquellos que causen baja por cualquier motivo durante la legislatura”.

Señala que esta prestación es incompatible con cualquier otra retribución y que el importe se calcula en función de las legislaturas en las que ha estado activo como diputado: una legislatura supone el 25% de la asignación mensual multiplicado por el número de años; dos legislaturas un 50%; tres legislaturas un 75%, y cuatro o más el 100%.

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Andalucía

Cajas llenas de documentos revelan cómo el PSOE compró el voto en municipios andaluces

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Unos manuscritos aparecidos en Huévar del Aljarafe y encontrados por la nueva regidora al tomar posesión del cargo, prueban cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo, en especial a los chicos jóvenes, en el Ayuntamiento de la localidad sevillana. Trataron de destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso como publica este miércoles el diario ABC.

La actual alcaldesa de Huévar de Aljarafe, María Eugenia Moreno, del Partido Popular ha contado qué es lo que se encontraron cuando llegaron a la casa consistorial, algo que ya le costó lo suyo, “mi predecesora ni me entrega la llave, me la entrega la Secretaria Interventora y doy orden de cambiar las cerraduras y cuando entro detrás de la silla de la alcaldía me encuentro una máquina trituradora que había destruido todos los papeles que podía tragar, ya no podía más. Pero lo más sorprendente es lo que había en el despacho de al lado, cajas dispuestas para salir llenas de documentos, lo que hoy ha salido publicado es tremendo, pero hay mucho más estos es solo un botón de muestra. Documentos que pongamos el nombre que les pongamos son documentos que no querían”.

Los papeles encontrados revelan el “modus operandi” del PSOE andaluz para comprar votos con dinero público, “documentos caligráficos, documentos de puño y letra para comprar el voto y en los que se dice lo que hay que hacer para que el voto no se pierda y cómo se tiene que trabajar para conseguir 1.000 votos que es lo que viene a ser la mayoría absoluta en el pueblo sevillano” detalla la actual edil que destaca determinadas frases que se pueden leer en los papeles como cartas destinadas a chavales “que nos puedan apoyar”. De esta forma utilizar la oferta de empleo público con contratos a media jornada a chavales que eran susceptibles de votar al PSOE.

En esos documentos también hay frase dolorosas añade María Eugenia Moreno como “hay gente que nos están puteando día sí y día no y los tenemos dentro. Frases muy dolientes”.

El PSOE ha gobernado en Huévar durante 36 años. La alcaldesa ha asegurado que esto que hoy se ha conocido es solo un botón de muestra y afirma que su antecesora si no hizo el traspaso de poderes, menos le ha dado explicaciones. “Mi antecesora no ha dado ninguna explicación. No ha habido traspaso de poderes y sobre esto tampoco nada.Nada”

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Andalucía

Procesados el exalcalde socialista de Granada y otros ex altos cargos por los cursos de formación de Andalucía

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Francisco Cuenca durante la toma de posesión del collar y el bastón del Ayuntamiento.
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El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa contra varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Francisco Cuenca, exalcalde socialista de Granada, por supuestos delitos relacionados con los cursos de Formación Ocupacional de 2010 a 2012.

En un auto del 2 de octubre, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana procesa a 19 investigados, entre ellos ex delegados provinciales y exjefes de servicio de la Consejería de Economía e Innovación por usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) tienen diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

El instructor relata que de las diligencias practicadas se deduce que desde distintos organismos dependientes de la Dirección General de Economía Social se contrataron “servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección” de los cursos de formación ocupacional (FPO) en Economía Social organizados por dicha entidad durante 2010, 2011 y 2012.

“Los correspondientes responsables de la Junta (…) se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo tareas” cuya ejecución está “reservada a los funcionarios públicos”, una “atribución ilegítima de funciones públicas” que se completó con “la entrega de documentación administrativa” a cada contratista.

Estos documentos “cuentan con membrete o encabezamiento oficial” de la Junta y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica oficial “Por la Administración (El Inspector)”, con lo que ellos mismos “materializaban el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios ni ser inspectores oficiales de la Administración autonómica”, señala el instructor.

En cuanto a Francisco Cuenca, que entonces era delegado de la Consejería de Economía e Innovación en Granada , “habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos” durante los ejercicios 2010 y 2011.

La adjudicación directa de los servicios se efectuó a través de dos instrumentos calificados como “Memoria Justificativa”, articulados como un contrato menor de servicios, en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados. “Ambos se concertaron de manera fraccionada y consecutiva”, en concreto por el importe de 12.412 euros el contrato correspondiente a 2010 y por 12.000 euros el de 2011.

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Andalucía

La juez envía al banquillo al líder del PSOE en Huelva por la presunta compra de concejales de Podemos

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La instructora del soborno de Aljaraque, que consiste en la presunta compra de dos concejales del partido Sí Se Puede Aljaraque para frenar a finales de 2016 una moción de censura contra el PSOE en el municipio onubense, ha desestimado los recursos de las defensas de los cinco investigados y ha ordenado continuar el procedimiento por el tribunal del jurado: el líder del PSOE onubense y presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, que será juzgado finalmente.

A Caraballo se le imputa un delito de cohecho, como de los otros cuatro investigados, los dos concejales de la formación, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R., de la compañía de aguas.

Al abrirse el camino para el juicio, según el auto emitido hoy por la juez María José Fernández Maqueda, el líder del PSOE, según marcan sus estatutos, tendrá que dimitir o ser cesado en su cargo, abriéndose así el relevo en el partido en Huelva.

El origen a la apertura de la investigación judicial, el sindicalista de CCOO ofreció a los concejales de «Sí Se Puede Aljaraque» una delegación municipal en uno de los casos y un puesto de trabajo en Aguas de Huelva para la mujer del segundo de los ediles investigados, a cambio de que no continuaran con la moción de censura.

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