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Economía

El paro registrado repunta en 54.371 personas en agosto, el peor dato en este mes desde 2010

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El mes de agosto ha vuelto a demostrar un año más, que no es bueno ni para el empleo ni para la Seguridad Social ya que muchos contratos vinculados al verano finalizan este mes. Todo ello, en plena desaceleración de la economía española. El número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) ha aumentado en 54.371 personas en relación con el mes anterior hasta los 3.065.804 de desempleados. En términos desestacionalizados, el paro ha subido en 4.435 personas. Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social se ha situado en los 19.320.227 ocupados y descendido en 212.984 afiliados respecto al mes de julio (-1,07%). Todo ello, a pesar de que se trata del mes de agosto más afiliados desde que que hay registro.

El año pasado, también se registró un aumento del paro en ese mismo mes en 47.047 personas. El desempleo, en términos intermensuales, ha subido en 16 comunidades autónomas y lo ha hecho especialmente en la Comunidad Valenciana (13.093), Cataluña (12.588) y Madrid (7.199). La Comunidad de Castilla y León baja en 6 personas.

En cambio, por sectores económicos, el paro registrado se ha reducido en Agricultura en 6.655 (-4,45%) e incrementado en Industria en 7.756 (3,00%), en Construcción en 11.365 (4,54%) y en Servicios en 45.707 (2,19%). Por último, el colectivo sin empleo anterior se ha reducido en 3.802 personas (-1,45%).

El descenso de la afiliación en agosto ha sido una constante en la serie histórica. Sin embargo, a lo anterior se suma el cada vez más complicado contexto económico. En concreto, el número de ocupados ha descendido en 212.984 personas respecto al mes de julio, el -1,09%. En 2018, la variación intermensual fue muy similar, de -1,07%, con 202.996 afiliados menos que en julio de ese año. En 2017, el descenso fue de 179.485 ocupados, un -0,97%. Sin embargo, si la comparación es respecto al año pasado la afiliación ha venido sumando de media 480.413 afiliados, el 2,55%.

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Por su parte, el Régimen General ha registrado un descenso de 195.763 personas en el último mes (-1,21%), hasta situarse en 15.987.629 ocupados. El Régimen de Autónomos ha alcanzado los 3.261.552 personas, tras descender en 17.282 (-0,53%) en el último mes.

En agosto, la afiliación ha crecido en términos absolutos en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (22.124); mientras que disminuyó en Educación (-59.630), Construcción (-27.464), Industria Manufacturera (-22.760), Actividades Artísticas y de Entretenimiento (-16.063), Actividades Administrativas (-14.224), Actividades Científicas (-12.180), Comercio (-12.062) y Administración Pública (-10.668).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, ha finalizado con 25.138 afiliados medios menos (-3,45%), situándose ahora en 703.650 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar descendió en 3.460 (-0,86%) y ahora alcanza los 398.053 ocupados. El Régimen de Autónomos cuenta con 3.261.552 personas, tras descender en 17.282 (-0,53%) en el último mes.

El Régimen Especial del Mar ha crecido en 70 ocupados (0,10%) hasta situarse en 69.696. Finalmente, el Régimen Especial del Carbón cuenta con 1.351 afiliados medios tras restar 9 personas (-0,69%).

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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