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Tribunales

El Poder Judicial se rebela ante la pasividad de Sánchez frente al acoso separatista

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La presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la que tendrá lugar el juicio del procés, el 12 de febrero
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A apenas cinco días del inicio del juicio del «procés», la campaña de acoso y desprestigio al Poder Judicial español es patente por parte del entorno independentista con actos como el del pasado viernes, cuando los radicales llegaron a arrojar excrementos a las puertas de los juzgados catalanes sin que los Mossos d’Esquadra hicieran acto de presencia. Lejos de condenar con contundencia este ataque contra el sistema judicial español, el Ejecutivo ha irrumpido en escena a las puertas del juicio con el anuncio de que van a negociar con quienes buscan los mismos fines que quienes se sientan en el banquillo por haber intentado alcanzarlos burlando la ley. Y, además, con un relator por medio.

Ante la tibia defensa del Ejecutivo con los representantes del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces tomó ayer cartas en el asunto y pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le informe puntualmente sobre el dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos desde ayer en las sedes judiciales. Si se concluye que las medidas no son suficientes, el Consejo instará a Interior a que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que protejan a los jueces.

«En caso de que, a partir de esos informes, se concluyese que la suficiencia y efectividad de los dispositivos ha resultado cuestionable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Gobierno de la Nación para que articule los medios jurídicos y materiales necesarios de colaboración y coordinación para proporcionar a las sedes judiciales la debida protección con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», señala el acuerdo de la Comisión Permanente.

El inicio de la vista

Ante la inactividad del Ejecutivo frente el desamparo de los representantes del Poder Judicial en Cataluña, el órgano de gobierno de los jueces coge así las riendas de la situación dejando claro, además, que el ataque viene ya de lejos. «La Comisión Permanente se congratula de que, por fin, (…) se estén adoptando medidas que parecen apuntar en la línea correcta, aunque haya tenido que ser tras múltiples requerimientos y, finalmente, órdenes perentorias». Y recuerda el «esfuerzo extraordinario y efectivo (de los jueces), que nunca será suficientemente reconocido, para llevar a cabo su función con absoluta independencia e imparcialidad para que la democracia sea una realidad en Cataluña y en el resto de España».

Entretanto en el Supremo impera el sosiego y la prudencia respecto al último movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez. La Sala Segunda está centrada en el inicio de esta vista, que pretende terminar antes de las elecciones de mayo, y no quiere entrar a valorar la actuación del Ejecutivo, que magistrados ajenos al tribunal juzgador sí se atreven a tachar cuando menos de «inoportuna». Opinan que si Sánchez quería hablar con los secesionistas debería haber esperado a la sentencia del «procés», ya no solo por lo que esta negociación (criticada por los propios socialistas) supone dentro de nuestras fronteras, sino también fuera, donde los independentistas han extendido la idea de que en España hay presos políticos.

Pedro Sánchez trató ayer en Estrasburgo de desmontar en unas horas lo que los secesionistas llevan trabajando un año y medio, pero a la vez, en España está dando alas a procesados como Junqueras para que introduzcan en el juicio esta mesa de negociación, apuntan fuentes jurídicas. «¿Cómo se verá en los telediarios internacionales que la justicia española esté juzgando un delito de rebelión mientras el Gobierno habla con quienes están dispuestos a romper el Estado? No parece una actuación muy acertada», señalan fuentes jurídicas.

Respecto a la figura del relator y del observador internacional el propio tribunal del 1-O ya se pronunció en el auto de admisión de prueba para el juicio. «Hacer depender de la opinión de un relator la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional», dijo entonces el Supremo.

Desaparecida

Entretanto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, está «desaparecida». Los audios de Villarejo, sus maltrechas relaciones con algunos miembros del Ejecutivo, su impulsividad y su poca tolerancia a las críticas han terminado por minimizar sus apariciones públicas hasta el punto de que su presencia en el Ministerio ha quedado reducida prácticamente a las fosas del franquismo y a los presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Ayer mismo, en plena polémica por la soledad de los jueces catalanes ante el acoso independentista, una nota de prensa del Ministerio se hacía eco de que la ministra ha mandado una carta a la Conferencia Episcopal en la que le pide «toda la información en su haber sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones eclesiásticas».

Abogacía del Estado

A su maltrecha relación con asociaciones de jueces y fiscales se suma la crisis sin precedentes que Delgado ha abierto en la Abogacía del Estado precisamente en relación con el «procés»: primero, al ningunear los informes de los servicios jurídicos del Estado que aconsejaban la defensa del juez Llarena en Bélgica ante la demanda de Puigdemont; y después, con la purga del jefe de la sección penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, tras decidir el Gobierno rebajar la acusación de rebelión a unos simples incidentes callejeros. Ni la violencia empleada contra los juzgados y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) durante los últimos días ha merecido una declaración pública y contundente por parte de Delgado. La sustituyó por un tuit en la cuenta del Ministerio en el que se limitaba a expresar «nuestro firme apoyo a los jueces y fiscales que cada día imparten en esta comunidad una Justicia profesional e independiente».

 

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Sociedad

Morir haciendo sexo durante un viaje de negocios es “accidente laboral”, según la Justicia

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En febrero de 2013, un ingeniero francés fue enviado por su empresa a Meung-sur-Loire, una ciudad situada en el centro del país, a cerrar un negocio. Durante la noche, conoció a una mujer. Ambos mantuvieron una relación amatoria en un hotel de esa localidad, que no era el que su empresa había reservado para él.

Tras el acto sexual, el hombre, que estaba casado, sufrió un infarto y falleció. Fue entonces cuando comenzó un pleito que ha durado hasta ahora y cuya resolución ha provocado una enorme polémica. El Tribunal de Apelación de París, donde el proceso judicial llegó hace dos años, acaba de sentenciar que la muerte del empleado se produjo durante el desempeño de su trabajo y por tanto se trató de un accidente laboral.

La sentencia no se queda ahí, sino que, además, ha condenado a la compañía a pagar a la viuda engañada el 80 por 100 del salario mensual del fallecido adúltero hasta el día que hubiera alcanzado su jubilación.

La Corte gala ha desestimado los argumentos de la empresa, que insistía en que los hechos se produjeron fuera del horario laboral y que la muerte no fue imputable al trabajo, sino al propio acto sexual.

En definitiva, los magistrados consideran que en este caso, el tiempo de trabajo supone el viaje y la noche que el empleado tiene que estar fuera de casa. Y por tanto, “un encuentro sexual es un acto de la vida cotidiana igual que ducharse o comer”.

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Tribunales

Primera condena a prisión para 4 ex altos cargos del PSOE por la trama corrupta en la Consejería de Empleo

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Los enjuiciados por el caso Umax, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el 8 de enero
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Primera condena a prisión para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE por la trama corrupta destapada en la Consejería de Empleo durante la investigación del caso ERE.

Los cuatro ex altos cargos que acaban de ser condenados por el conocido como ‘caso Umax’, que versa sobre la red de enchufes que había en Empleo, son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez, y los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cuatro fueron juzgados en la pieza principal de los ERE que sentó en el banquillo a una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia del ‘caso Umax’ conocida este jueves es de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que condena a penas de entre 5 años y 3 meses de cárcel a los cuatro ex altos cargos citados y al administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L. por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con esta empresa, mientras que a un quinto ex alto cargo le ha impuesto una condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El quinto ex alto cargo condenado, pero no a prisión, es el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, ordena que se deduzca testimonio de las facturas y ’emails’ aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía “por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito”.

Los hechos probados establecen que en 2003 Guerrero, el principal acusados en los ERE, “decidió crear” en la Dirección General de Trabajo y en los servicios de su departamento en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una “estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente, con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público”.

De forma ilegal se contrataron “al menos 44 trabajadores”, algunos de ellos “relacionados por vínculos de vecindad y amistad” con Guerrero “y también de parentesco” en el caso de Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, “decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor”.

En este caso está implicada también la extinta Faffe, la fundación de Empleo que creó la Junta para impartir cursos de formación, pero que se convirtió casi en una agencia de colocación para allegados y familiares de dirigentes del PSOE. Este ente es objeto de investigación judicial por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas ‘black’ en prostíbulos.

En 2007 “se abandonó el sistema de abono a Umax” para “ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la Jefatura de este último organismo” Lourdes Medina, quien, “igualmente, era consciente de la realidad de la contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad”, dice la sentencia.

(El Mundo)

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Tribunales

Teresa Rodríguez (Podemos) pide que el empresario que tuvo el mal gusto de simular darle un beso sea condenado por abuso sexual

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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla contra el empresario Manuel Muñoz Medina
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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que el empresario Manuel Muñoz Medina, acusado de un delito de atentado por simular darle un beso, también sea condenado por abuso sexual si no lo es por un delito contra la integridad moral.

Tras el visionado del vídeo de la acción, ocurrida el 20 de diciembre de 2016 en la Cámara de Comercio de Sevilla, el tribunal de la Sección Cuarta ha invocado el artículo 733 del Código Penal y ha planteado a las acusaciones la sustitución del delito contra la integridad moral por el de abuso sexual, y el abogado de Rodríguez, tras consultarlo con ella, ha asumido esa opción.

La portavoz de Adelante Andalucía ha solicitado 1 año de prisión y una multa de 18 meses a razón de 30 euros diarios para el exvocal de la Cámara de Comercio por abuso sexual.

Por el delito contra la integridad moral, la diputada andaluza ha aumentado la petición de pena de 6 a 9 meses de cárcel, mientras que por el delito de atentado ha mantenido su solicitud de 1 año de reclusión.

De este modo, la parlamentaria reclama un máximo de dos años si la condena es por atentado y abuso sexual y un mínimo de 1 año y 9 meses si es por atentado y contra la integridad moral, por lo que Muñoz no entraría en la cárcel en ningún caso.

La fiscal, por su parte, ha mantenido su calificación original tras ver el vídeo porque, según ha explicado en sus conclusiones, no aprecia “ánimo libidinoso” en la acción.

Durante el juicio, celebrado este jueves, Rodríguez ha asegurado que se sintió “como un objeto”, mientras que el acusado se ha defendido diciendo que fue “una broma de mal gusto”, que no tocó ni rozó a Rodríguez y que saluda así “en muchísimas ocasiones”.

Rodríguez ha asegurado que el entonces vocal de la Cámara la “asaltó” y la “arrinconó” a la salida del despacho del presidente de la institución y que sintió “miedo” porque estaba “sola con tres señores voluminosos que consienten lo que está ocurriendo”.

“Él pensaría que era una broma, pero a mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí un objeto entre esos señores “, ha afirmado. El empresario, que dimitió de su cargo a los dos días del incidente, ha indicado que “nunca” empujó a la diputada y que no le puso la mano en la boca, sino “a distancia”.

“No me parece correcto poner la mano en la boca a ninguna señora”, ha proseguido Muñoz, quien ha contado que Rodríguez no tuvo “ninguna reacción” y que él la vio “normalísima en todos los sentidos”, hasta el punto de que le entregó su tarjeta. “La cogí para saber quién me había agredido”, ha aclarado después Rodríguez.

El exvocal de la Cámara también ha recalcado que “en muchísimas ocasiones” ha hecho “lo mismo con otras personas, afortunadamente sin problemas”, y ha matizado que su intención “jamás fue molestar a esta señora”.

En su informe final, la acusación particular ha considerado que Muñoz actuó de un modo “premeditado” contra Rodríguez “por ser mujer” y ha calificado su conducta de “claramente sexual”.

La defensa ha pedido la absolución del empresario o, en su defecto, que se estimen la eximente de afectación por consumo de bebidas alcohólicas y las atenuantes de disminución de facultades y reparación del daño por sus disculpas públicas.

El abogado de Muñoz ha lamentado que su cliente “ya está condenado socialmente” y ha criticado que Rodríguez “utiliza la Justicia para fines políticos” al presentar una denuncia “de claro carácter sexista” porque “el feminismo está de moda y consigue votos”, de ahí que haya instado al tribunal a que “no dicte una sentencia ejemplarizante ni afín a tendencias sociales”.

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