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Economía

El PP promete una nueva financiación autonómica sin trato preferente para Cataluña

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Casado y Moreno, ayer en un acto preelectoral del PP en Granada
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Se acabó el trato preferente para Cataluña en las negociaciones de financiación autonómica. El nuevo sistema, que está pendiente de aprobar desde el año 2014, estará basado en una negociación «entre todas» las comunidades en igualdad de condiciones y con criterios «equitativos, ortodoxos y bien calculables». Esta será la propuesta estrella que el líder del PP, Pablo Casado, presentará hoy en Toledo, durante su intervención en la Convención de cohesión territorial, informa ABC.

Casado desgranará su propuesta para la reforma de la financiación autonómica. Será un sistema que sustituirá al aprobado por Zapatero en 2009, y que hasta ahora no ha sido posible modificar por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE. Esta reforma será una de las prioridades de Casado si llega a La Moncloa después de las elecciones generales del 28 de abril.

El primer punto de ese programa es rotundo: «El nuevo sistema debe ser negociado entre todas las Comunidades Autónomas y la administración central, no negociado entre dos, como en 2009». Es decir, el PP quiere poner punto final al trato preferente que el Gobierno socialista dio a una Comunidad, Cataluña, por encima del resto, que iban a rebufo en las negociaciones. En 2009, el entonces Ejecutivo de Zapatero pactó básicamente, «y benefició», a Cataluña y Andalucía, según denuncian los populares. Y eso es lo que quieren evitar a partir de ahora. La negociación será multilateral, con un criterio de igualdad y equidad.

Casado propone un sistema «claro y transparente, que acabe con retorcimientos estadísticos que existen para beneficiar a unas regiones sobre otras». Las necesidades de financiación se calcularán «con criterios justos, claros y equitativos, que no excluyan a ciudadanos de la financiación».

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El PP quiere establecer criterios actualizados para el reparto del IVA y de los impuestos especiales. «Debe ser un sistema que preserve la solidaridad entre todas las Comunidades, que garantice que todos los españoles tienen asegurada una misma prestación de los servicios públicos esenciales».

«No es momento de fragmentar más el sistema»

«Dicha solidaridad no se entiende sin un régimen común para las Comunidades y sin la contribución a la solidaridad de las dos forales. No es el momento de fragmentar el sistema en más regímenes». El PP quiere un sistema que perdure en el tiempo. «Deben eliminarse las trampas introducidas para perjudicar a algunas Comunidades», advierte. Y debe incluir una lucha contra el fraude fiscal.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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