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Elecciones, una emergencia nacional

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En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional

El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia.

Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de Presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder. De algún modo, Sánchez vuelve a poner a España en almoneda y legitima una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con una sumisión vergonzante. Apurando, lo más irrelevante de todo es la retórica del lenguaje o la nomenclatura. Matizar, como hizo ayer el Gobierno, si se trata de un relator, un mediador o un «coordinador» de las reuniones entre Sánchez y la Generalitat, es inocuo. Lo ofensivo y verdaderamente trascendente, incluso a efectos jurídicos, es el fondo.

Dar categoría política a esta figura mediadora supone rasgar la Constitución, asumir una condición impuesta por Torra que debería ser inaceptable, y colocar a la nación española en plano de inferioridad moral a la hora de reivindicarse como soberana frente quienes pretenden fracturarla. Al Gobierno de los 84 escaños no le ha bastado con dejar abandonado a su suerte al magistrado instructor del golpe del 1-O; no le ha bastado con ridiculizar a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación por rebelión; no le bastó con legitimar como interlocutor a un huido como Puigdemont, o con cuestionar la medida de prisión provisional de los encausados. Tampoco le bastó con insinuar que tras una hipotética condena no tendrá reparo alguno en indultar a los golpistas, ni con denostar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahora el Gobierno vuelve a perder una batalla crucial para la credibilidad internacional de España, en la medida en que un «relator» se identifica con un mediador entre dos partes iguales en conflicto. El de Cataluña es más que un conflicto político. Hay una exigencia de cumplimiento de la legalidad que es insoslayable, y la vulneración flagrante del Código Penal tiene consecuencias.

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En España no hay presos políticos ni juicios a la libertad. Solo hay procesos a presuntos delincuentes, que por cierto disponen de muy costosas defensas, y que van a necesitar más penalistas que «mártires» de la libertad o «relatores» de un plan separatista que Sánchez negocia a oscuras. Igualmente, resulta una auténtica afrenta jurídica a la unidad de España que Sánchez aceptase tomar en consideración el infame documento de exigencias que Joaquim Torra le entregó el pasado mes de diciembre, y que ayer filtró convenientemente para dejar en evidencia al Gobierno de la nación. Un documento que exige la «desfranquización» de una España que hace casi cincuenta años que dejó de ser franquista, que impone dialogar de algo ilegal como la autodeterminación de Cataluña, y que exige al poder ejecutivo anular al poder judicial, o la derogación de facto del Código Penal para los encausados por rebelión, solo debe tener un lugar en el despacho de Sánchez: la papelera. El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones.

Ese documento es un llamamiento a la aplicación inmediata del artículo 155 de la Carta Magna, y solo desde una perspectiva de cobardía ética y de un ejercicio pusilánime del poder es comprensible la conducta de Sánchez. Y también la de algunos de sus ministros muy significados en la lucha contra el independentismo, que miran hacia otro lado como si realmente todo esto fuese una negociación legítima y no la sumisión a un chantaje. No es posible que el Gobierno se dedique a blanquear a unos golpistas o minimice este secuestro de nuestra democracia con la excusa de permanecer unos meses más en el poder. En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional.

 

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ALERTA NACIONAL, con la Libertad. ALERTA NACIONAL, con Donald Trump y todos aquellos represaliados por pensar diferente. ¡SEGUIDNOS A PARLER!

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Buenas tardes,

Hoy, 9 de Enero de 2021, damos noticia del comienzo de la I Guerra Mundial Digital de la historia.

Hace unas horas, ciertas empresas supuestamente privadas han limitado el derecho a expresarse del Presidente de los Estados Unidos sin mandato judicial y sin Ley que los avale. Simplemente porque NO LES GUSTA lo que dice.

Estas empresas han adquirido un tamaño y un volumen tan enorme que desafían a los Gobiernos y a las Naciones. Y, lo que es peor, se han puesto al servicio de otras naciones y gobiernos para modelar a la humanidad según sus propias y -nauseabundas, para nosotros- creencias.

Dentro de estas empresas podemos citar -nos ATREVEMOS a citar- a Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, Twitter, Apple… por poner nombre a las más importantes.

Nosotros pertenecemos a un heterogéneo grupo con ideas políticas muy diferentes, pero que concuerdan en una cosa, y solo en una: LA PROPIEDAD PRIVADA ES SAGRADA Y LA LIBERTAD DEL INDIVIDUO ES SAGRADA.

LLámesenos derecha, fascistas, liberales, libertarios, capitalistas o de cualquier otro nombre, creemos firmemente en que el hombre es y debe ser libre, y la propiedad es y debe ser sagrada.

Fuera aparte de estos dos conceptos, cada cual tiene su propio pensamiento y política.

Pero creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que todos defendemos la libertad de las empresas para actuar, decidir y ejecutar acciones a su libre voluntad. Nadie lo duda.

PERO si estas empresas demuestran no estar sirviendo a sus propios intereses sino a intereses políticos de terceros, o presentan indicios de querer intentar modificar, modular o de cualquier otro modo DOBLEGAR la voluntad de las personas libres, ENTONCES esas empresas deben ser destruidas, desmontadas o divididas en partes más pequeñas e inofensivas.

Hemos llegado a este punto: estas empresas se han puesto al servicio de intereses malignos que buscan la eliminación de los seres humanos libres, críticos e ilustrados. NO lo podemos PERMITIR.

Que cada cual piense en el mejor modo de luchar. Nosotros, por nuestra parte, somos y seguiremos siendo fieles a nuestra idea de contar LA VERDAD, sobre todo, y por encima de todo, si molesta a los poderes públicos y políticos.

Os animamos a seguirnos en nuestro periplo por esta nueva red social PARLER: nuestro usuario es: @GrupoAlerta

 

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