El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre 2006 y 2017, en el que se apuntan graves irregularidades en la gestión de los 1.786 millones de euros ejecutados, sobre todo, en la construcción de la residencia de mayores «La Minería», en Aller (Asturias), por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana.

Especialmente, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió durante varios años a la fiesta minera de Rodiezmo (León), junto con destacados líderes sindicales, entre ellos, José Ángel Fernández Villa, condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida, y José Antonio Postigo, dirigente sindical de SOMA-UGT, presidente del Montepío hasta 2014 y detenido en 2017 en la «operación Hulla».

Sobrecostes: Esa residencia para mayores, que es objeto de un proceso penal, se construyó mediante una subvención al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana –ligada al poderoso sindicato minero SOMA-UGT– de 30,9 millones de euros, aunque el coste final se acercó a los 32,5 millones. La propuesta inicial fue de 28,8 millones. El coste de construcción por residente de «La Minería» es, según el Tribunal de Cuentas, el doble del valor promedio de distintas residencias estudiadas de diversas regiones.

Facturas sospechosas: Ese organismo confirma que el Montepío «había incluido indebidamente» dos facturas por importe de 945.500 euros y que había otra factura de 50.225 euros de una empresa cementera, dirigida al contratista de la construcción de la residencia en Asturias, pero que consta que el trabajo se hizo en otra residencia propiedad del Montepío en Los Alcázares (Murcia).

Sin justificar su necesidad: El organismo fiscalizador afirma que con el objetivo de crear 100 empleos directos en esta comarca minera se proyectó la construcción de esta residencia de 297 plazas «sin justificar su necesidad», ya que el índice de cobertura en Asturias era del 5,74%, superior a la media nacional del 4,53%. «Ello evidencia que no se efectuaron estudios suficientemente rigurosos para valorar la demanda potencial de este tipo de infraestructura en la zona».

Sin licencia de obras: El Tribunal de Cuentas destaca que las obras «se iniciaron con anterioridad a la cumplimentación de los trámites urbanísticos, (entre otros, trabajos de movimiento de tierra), mientras que la licencia de obra fue concedida el 22 de septiembre de 2010, un año y cuatro meses después».

En suelo rústico: El sector de planeamiento urbanístico donde se localizan las parcelas en las que se ubica la residencia tenía, en aquel momento –mayo de 2009– calificación de «suelo rural de uso agropecuario», por lo que la construcción del complejo residencial «se inició al margen de la legalidad urbanística, ya que dicha construcción no era posible sin una previa modificación del planeamiento urbanístico del municipio, lo que requería, adicionalmente, la aprobación de un plan parcial».

Cesión de suelo privado: Sobre las doce parcelas donde se levanta el edificio, varias de ellas cedidas por el ayuntamiento de Aller, esta corporación adoptó un acuerdo de cesión gratuita el 25 de noviembre de 2008, pese a que en esa fecha el suelo aún pertenecía a particulares, según ha confirmado el Tribunal de Cuentas.

Cambio de legislación: El informe apunta también irregularidades en el convenio firmado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), el gobierno del Principado de Asturias –presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces– y el Montepío. Este se rubricó el 21 de julio de 2009, días antes de que entrara en vigor el nuevo real decreto, que sustituía al de 2007, para ampliar el límite del 1% de los fondos para la financiación de infraestrucutras de titularidad de entidades sin ánimo de lucro ajenas al sector público. El convenio fue autorizado por el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de octubre de 2009.