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Economía

El FMI critica que el gasto social en España ayuda poco a los jóvenes y las rentas bajas

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Svetlana Vtyurina
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El gasto social en España, aquel destinado a sanidad, educación y protección social, tiende a favorecer en mayor medida a pensionistas y clases medias, frente a los jóvenes y la población más vulnerable, según reflejan las conclusiones de un estudio de la economista senior del Fondo Monetario Internacional (FMI) Svetlana Vtyurina, que advierte también de que la sostenibilidad del sistema de pensiones corre peligro en ausencia de medidas.

Los resultados del estudio, que no reflejan la postura oficial de la institución internacional, sino únicamente de su autora, apuntan a que existe margen de mejora en el aspecto redistributivo del gasto en protección social en España, que debería enfocarse hacia los más vulnerables.

El desembolso de las medidas de protección social en España, que incluyen las pensiones, representa aproximadamente la mitad del gasto público total, aunque en relación al PIB, España gasta menos que la media de la UE.

En el caso de las pensiones contributivas, la mayor proporción de gasto social, el estudio destaca que cuentan con una tasa de reemplazo «considerablemente superior» a la media de la UE y unas prestaciones por viudedad mucho mayores que la media, lo que implica que la tasa de pobreza entre la tercera edad en España sea relativamente baja y los pensionistas hayan estado bien protegidos frente a la crisis financiera.

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Sin embargo, la autora advierte de que «la sostenibilidad del sistema de pensiones está en peligro a menos que se tomen medidas» y señala que la no implementación de las reformas aprobadas, en caso de convertirse en algo permanente, supondrá un gasto adicional en pensiones de entre 3 o 4 puntos porcentuales.

«Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones se necesita un amplio programa de reformas», entre las que se deberían incluir incentivos para alargar la vida laboral, aumentar los recursos sin elevar las tasas de contribución y estimular el ahorro privado.

Menos redistribución en España

Por otra parte, el estudio subraya el menor nivel de redistribución de ingresos en España, incluyendo gasto social, en comparación con la media de la UE y destaca que «los hogares de clase media tienden a beneficiarse en la misma proporción o incluso más de la redistribución que los hogares de bajos ingresos».

«Los programas de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos. Hay lagunas en la adecuación y la cobertura, debido principalmente a ineficiencias en los sistemas administrativos, los umbrales de bajos ingresos y la comprobación de recursos, y la falta de coordinación», asegura Vtyurina, para quien esto obstaculiza la reducción de los niveles de riesgo de pobreza, desigualdad de ingresos y exclusión.

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En este sentido, los datos señalan que España está alrededor de un 15% por debajo en el poder redistributivo promedio del gasto social respecto de la UE. «Después de la redistribución fiscal, la desigualdad de ingresos disponibles sigue siendo alta», advierte.

Asimismo, la economista del FMI advierte de que la proporción de prestaciones familiares en efectivo que se destina a los hogares con menor renta «es bastante baja, poco más del 30%», significativamente por debajo del promedio de la UE.

«Esto implica que los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las ayudas», añade.
Reformas laborales contra la inequidad

De este modo, el análisis concluye que sería necesario mejorar el acceso a las ayudas de las familias necesitadas, así como calibrar mejor los niveles de ingresos sostenibles, aumentar la comprobación de medios para acceder a prestaciones como guarderías o becas, además de aumentar la financiación de programas seleccionados.

Asimismo, la economista considera que la educación, la formación y las políticas activas del mercado laboral deben garantizar una mejor correspondencia con las necesidades del mercado.

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En cualquier caso, la economista del FMI afirma que un gasto social más efectivo «no puede ser la única herramienta para elevar el nivel de vida y reducir la desigualdad» en España, por lo que recomienda acometer reformas del mercado laboral para hacerlo «más inclusivo», abordando la alta proporción de empleo temporal, que se asocia con un bajo crecimiento de la productividad y una creciente desigualdad de ingresos.

A este respecto, sostiene que la gran brecha en los costes de despido entre trabajadores fijos y temporales sigue siendo la causa principal de que los empleadores ofrezcan muy pocos contratos indefinidos, por lo que para incentivar la contratación permanente sin aumentar necesariamente los costes de despido y reducir la protección del empleo defiende la introducción de un contrato único acompañado de un fondo de separación.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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