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El ex coordinador legal de los morados, José Manuel Calvente, acorraló al partido con sus declaraciones en los tribunales
Duro inicio de curso político el que aguarda a Unidas Podemos.
Juan Velarde.- Amén de tener que comulgar con la rueda de molino que es ‘aceptar’ la presencia de Ciudadanos para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante los que serían sus primeros Presupuestos Generales del Estado, al partido de Iglesias le espera un ámbito mucho más delicado, el judicial.
Tal y como detalla este 5 de septiembre de 2020 el diario El Mundo, la formación morada ya comienza a otear en el horizonte las próximas citas en los juzgados para sustanciar los casos en los que Unidas Podemos y sus dirigentes está implicados como parte acusada.
Seguramente, la vista que tendrá más carga mediática y la que más destrozos puede hacer en el entorno de Pablo Iglesias es la que viene derivada de todas las denuncias realizadas por el ex asesor jurídico de Podemos, José Manuel Calvente.
Concretamente es el juzgado 42 de Madrid donde se abrió la jugosa denuncia presentada previamente en la Guardia Civil, un escrito en el que se acusa a los responsables morados de esconder una trama corrupta.
Esas irregularidades, conocidas como la ‘caja B’ de Podemos, se resumen en, siempre según el testimonio de Calvente, en pago de nóminas que superaban lo establecido, abono de gastos injustificados, licitación de la reforma de la sede de Podemos sin que se cumpliesen los requisitos legales, acceso ilegal a ordenadores para hacerse con informaciones sensibles, gastos de campaña sin justificar y así un largo etcétera.
Amén de Unidas Podemos como formación, también están imputados a título personal Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas y mano derecha de Iglesias; el tesorero, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de compras y servicios, Andrea Deodato.
La primera cita, sin embargo, será el 10 de septiembre de 2020 en la Audiencia Nacional. Se trata del ‘caso Dina’, el del supuesto robo del móvil de la ex asistente de Pablo Iglesias en Bruselas, Dina Bousselham, a manos de las cloacas del Estado.
Calvente, que nunca creyó en esa tesis, ya que sostenía que fue un hurto común, fue precisamente apartado de las funciones de coordinador legal de Podemos por no seguir las órdenes de un Iglesias que trató de sacar tajada en las urnas de este caso defendiendo la teoría de la conspiración.
Es más, la jugada le salió mal al hoy vicepresidente segundo del Gobierno puesto que la propia Audiencia Nacional le retiró la condición de perjudicado y ha pasado a estar señalado como sospechoso al conocerse que durante meses retuvo en su poder la tarjeta de memoria del móvil de Dina.
Y como no hay dos sin tres, a Unidas Podemos le espera otra citación, la que se deriva del último informe del Tribunal de Cuentas respecto de unos pagos de la formación que no están debidamente justificados.
El fiscal jefe de esta institución, Miguel Ángel Torres, ha detectado hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil.
Se trata, concretamente, de la facturación de 290.000 euros a la consultora Neurona Consulting para la elecciones de 2019.
En definitiva, no solo será un otoño complejo, sino que también le espera una gélida travesía invernal por los tribunales al partido de Pablo Iglesias.
