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Tribunales

Puigdemont amenazó con declarar la independencia el 1-O si había un escenario de violencia

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Ferrán López declara como testigo en el juicio del «procés»
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Pese a las insistentes advertencias al Gobierno de la Generalitat de que mantener el 1-O solo generaría un escenario de violencia y confrontación, los líderes del procés decidieron seguir adelante con sus planes y cumplir con la «voluntad popular». Hasta tal punto de que el entonces presidente autonómico, Carles Puigdemont, cortó de raíz estos avisos y aseguró que si el escenario que le pintaban los mandos de los Mossos se producía, «él declaraba la independencia» en ese mismo momento. Así lo ha revelado este miércoles el jefe de la comisaría superior de coordinación territorial y número dos del mayor Josep Lluis Trapero, Ferrán López.

Durante su declaración como testigo en la vigésimosexta sesión del juicio del procés, Ferrán López ha insistido en que los líderes independentistas que hoy se sientan en el banquillo eran plenamente conscientes de que el 1-O no iba a ser una jornada tranquila. Hasta en dos reuniones distintas (el 26 y el 28 de septiembre) los mandos de los Mossos advirtieron a Puigdemont, al exvicepresidente Junqueras y al exconsejero Joaquim Forn de que la violencia iba a ser segura, pero los dirigentes políticos se limitaron a decirles que «tomaban nota» y, en el caso de Puigdemont, a amenazar con que si ese día había un escenario de violencia declararía la independencia inmediata.

«El clima de tensión era evidente, porque se había generado una especie de cuenta atrás. Salimos pesimistas de esa reunión» del 26 de septiembre y fue precisamente esa sensación la que llevó a Trapero a pedir una segunda cita dos días después, ha dicho López. «No fue para decirles que íbamos a cumplir el auto, eso se daba por descontado. Era ya un tema de cumplimiento de legalidad, un movimiento que no podíamos ahorrarnos (…). Los informes hablaban de alta movilización y de una resistencia pasiva. Era más que seguro que el 1-O iba a haber incidentes. El clima de polarización de los dos bandos era crítico. Nos encaminábamos a un escenario de desórdenes y conflicto seguro». La respuesta de los tres procesados fue la misma, no había fisuras entre ellos: «Había una voluntad política de llevarlo a cabo y lo harían a pesar de los apercibimientos y las interpelaciones judiciales que estábamos teniendo».

Estafa

En la misma línea que su superior, el mayor Trapero, López ha expresado el malestar que generaron en el cuerpo de los Mossos las declaraciones de Forn y Turull en el sentido de dar por hecho que la policía autonómica permitiría la celebración del referéndum y que los mossos no acataban el nombramiento del coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable del operativo policial del 1-O. A este respecto, el testigo ha reconocido que la figura del coordinador no les convencía por su marcado perfil político. Ha admitido la mala relación existente entre Trapero y Pérez de los Cobos y que ese fue el motivo por el que Ferrán empezó a acudir a las reuniones de coordinación policial en sustitución del mayor.

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Ferrán López ha cerrado filas con Trapero y ha defendido sin titubeos el rol de los Mossos en el referéndum ilegal. El comisario ha atribuido la responsabilidad del dispositivo del 1-O a todos las policías, incluida la Guardia Civil y la Policía Nacional. «Nunca hubo un dispositivo de los Mossos. Fue un dispositivo conjunto bajo la coordinación del coronel Diego Pérez de los Cobos», ha asegurado.

Esta tesis, la misma que mantiene el mayor Trapero, supone extender la culpa del plan a todos los jefes policiales, lo que invalidaría la rendición exclusiva de cuentas del entonces jefe de los Mossos, para quien piden once años de cárcel por un delito de rebelión en la Audiencia Nacional. El coronel Pérez de los Cobos y los antiguos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente) sostienen todo lo contrario y denunciaron que la cúpula de los Mossos construyó a propósito un plan de actuación «ineficaz, inadecuado e insuficiente». La Fiscalía considera que los Mossos facilitaron el referéndum.

De los Cobos llegó más lejos que nadie: calificó de «estafa» el operativo de los Mossos y acusó a Trapero de traicionarle el mismo 1 de octubre, lo que provocó la intervención precipitada de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los centros de votación.

Al expresar esta tesis, Ferrán López ha descendido a los detalles y ha aportado una explicación más exhaustiva que el mismo Trapero. El antiguo jefe superior de la coordinación territorial de los Mossos ha diferenciado dos fases en el dispositivo que él atribuye a todas las policías. Una primera actuación de las patrullas formadas por dos mossos, cubriendo todos los centros de votación, con la intención según él de cumplir la orden judicial e impedir la votación. La segunda fase preveía la actuación de las fuerzas de orden público, allá donde fuera necesario, un cometido asignado a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Antes de que empezara a funcionar, «la arquitectura del dispositivo se quebró, a primera hora de la mañana, y entramos en una situación desconocida», ha lamentado Ferrán López sobre lo que sucedió el 1 de octubre.

Espionaje

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El comisario de los Mossos se ha esforzado en intentar justificar el despliegue del binomio de Mossos, una decisión criticada, que según él fue «validada» por Pérez de los Cobos, igual que la cobertura de todos los centros y el establecimiento de las dos fases de actuación. Ferrán López ha explicado que las parejas de mossos debían tratar de cumplir la orden judicial de impedir el 1-O e intentar mantener cerrados los centros, pero además cumplir la supuesta misión de «identificar el momento óptimo» para la intervención de orden público de las otras policías.

Ferrán López ha denunciado que Pérez de los Cobos rechazó establecer una sala de coordinación desde la que todos los jefes policiales siguieran el dispositivo en directo, un mando único, una medida que según él hubiera evitado «todas las suspicacias» que se han generado. Según él, el coordinador decidió configurar cuatro células de seguimiento distintas, en cada una de las cuatro subdelegaciones del Gobierno en las cuatro capitales catalanas de provincia, en la que estarían presentes representantes de los tres cuerpos policiales. Esa ausencia de un cauce común para seguir el dispositivo e intercambia información lo complicó todo, en su opinión.

En una declaración precisa, sin explicaciones espectaculares, el comisario también ha rechazado que los Mossos realizaran seguimientos a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ha alegado que aquel día, había numerosos agentes de información, de paisano, de todos los cuerpos, algunos de vigilancia en edificios públicos e instituciones, y que era necesario un mayor control. Es su posible explicación a las denuncias de espionajes.

Cara a cara

Al terminar de interrogar al testigo, el abogado Javier Melero –que defiende al antiguo consejero catalán de Interior Joaquim Forn– ha solicitado al tribunal que acuerde un careo entre Ferrán López y el coronel Diego Pérez de los Cobos. Dos versiones totalmente opuestas –decisivas para resolver la responsabilidad de los Mossos, la cuestión central del proceso seguido en la Audiencia Nacional– sobre el dispositivo policial del referéndum ilegal, cara a cara. El tribunal comunicará su decisión en la sesión de tarde del juicio.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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