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Entrevista de AD a Alberto Núñez Feijóo: “La situación de Alcoa es de pronóstico reservado”

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Begoña Vila.- Más de 5000 familias que viven de su trabajo en Alcoa, multinacional en la producción de aluminio, pueden verse en la calle debido al posible cierre de la fábrica fruto del nuevo estatuto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que perjudica seriamente a las electrointensivas en Galicia.

El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo se reunió este lunes con el comité de Alcoa en San Cibrao (Lugo) donde se decidió hacer un frente común con Asturias y Cantabria para derogar dicho estatuto, o bien, para que contemple medidas eficaces que permitan competir con Alemania y con Francia.

Para estas industrias la electricidad es un factor primordial en su proceso de fabricación. El precio de la luz en el año 2018 estaba entre 35 y 37 € por megavatio, ya en el 2020 está entre 47 y 55 euros por megavatio. De esta manera, Alcoa no es viable al perder 18 millones de euros en el año 2018 y entre 50 y 60 millones de euros en el 2019. Mientras, el Gobierno central hace oídos sordos y el Partido Socialista gallego ni está ni se espera. Les interesa más la supervivencia de Sánchez que los intereses de los gallegos.

Alerta Digital ha conversado sobre estas y otras cuestiones con el presidente de la Xunta de Galicia.

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– Presidente, ¿cuál es actualmente la situación de Alcoa?

La preocupación es máxima porque estamos viendo que ha seguido subiendo el precio de la energía desde el año 2018. Alcoa está en pérdidas desde el año 2018. La propuesta que hemos conocido por parte del Gobierno no sólo no mejora la situación de Alcoa sino que la empeora. Y la empeora porque pone menos dinero que otros años y además, se reparten con muchas más empresas. Antes había unas 120 empresas que tenían derecho a unas tarifas especiales porque consumen mucha energía y ahora la han ampliado a 600 empresas. La mayoría de las empresas nuevas son del País Vasco y de Cataluña, lo que acredita que no hay prioridad para las empresas gallegas y sí para las de otros lugares de España. En definitiva, la situación es de pronóstico reservado.

– ¿Corre riesgo de cierre la factoría?

Alcoa sigue perdiendo dinero, y el comité de empresa está en una situación de máxima preocupación y nosotros también.

El día 20 de febrero finaliza el plazo para presentar alegaciones, vamos a pedir modificar el precio de la energía para las empresas electrointensivas y si no se aceptan las alegaciones lamentablemente nos llevarían a una situación de expedientes de regulación de empleo sin ninguna posibilidad, incluso con riesgo de cierre de la factoría. Vamos a ver de lo que somos capaces de hacer, pero es lamentable la situación de tensión que está viviendo Alcoa y toda su plantilla y no solo Alcoa, sino el conjunto de empresas electrointensivas en Galicia que afecta nada más y nada menos que a 5000 familias”.

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– Lamentaba antes la subordinación de los socialistas gallegos al gobierno de Sánchez a la hora de abordar este conflicto…

Lo que sabemos, y no lo digo yo, lo dice el comité de empresa de Alcoa, es que están absolutamente decepcionados con la falta de compromiso del partido socialista y de Podemos, que está en el gobierno en Madrid y también del Bloque Nacionalista Gallego, que acaba de firmar un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez en el que no se nombra Alcoa, ni se nombran las empresas electrointensivas.

Es lamentable la situación en la que estamos porque Alcoa ha estado creando empleo durante décadas y el precio de la energía se ha disparado como consecuencia de la política energética de un gobierno que piensa más en aparentar que en generar empleo y riquezas en las comunidades. Galicia abarca, junto al Principado de Asturias, Cantabria y el País Vasco, prácticamente todas las empresas electrointensivas que hay en España. En el caso de Galicia, además de compartir el problema con estas comunidades, tenemos la única factoría de producción de aluminio primario de España, que es Alcoa- San Cibrao- Lugo, porque Alcoa Coruña lamentablemente ya no produce aluminio. Alcoa Avilés tampoco produce aluminio, por consiguiente, no es en ningún caso aceptable esta situación y nosotros vamos a seguir trabajando porque estamos absolutamente de acuerdo con lo que plantea el comité de empresa, pero no porque lo diga el comité de empresa, sino porque lo hemos defendido cuando gobernaba el PP en Madrid y ahora que gobierna el Partido Socialista y Podemos en el Gobierno de España.

– Cambiando de asunto, ¿qué lectura hace de las últimas encuestas que le dan su cuarta mayoría absoluta?

Las encuestas, encuestas son, lo importante son los resultados electorales. Acabamos de empezar la precampaña y queda todavía mucho. Se vota el 5 de abril y nosotros nos ponemos a disposición de los gallegos. Si los gallegos quieren un partido que su único objetivo sea defender Galicia, yo estoy a su disposición, ya me conocen. Llevo once años gozando de la confianza de los gallegos y les propongo seguir trabajando con rigor, con experiencia y solo dependiendo de Galicia y defendiendo a Galicia en cualquier foro: en Madrid, en Europa o en cualquier lugar. Este es nuestro compromiso: Galicia, pero para eso hay que ir a votar el domingo 5 de abril.

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– ¿Y qué opina de las pemanentes críticas de Vox a su partido?

Los gallegos pondrán a cada uno en su sitio el 5 de abril. Mientras Galicia se juega la permanencia o el cierre de las electrointensivas, VOX se empeña en que los gallegos no se entiendan en su lengua materna. Nuestras prioridades no coinciden.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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