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Economía

Escandalosa oferta en un portal de la Generalitat: “Se busca mujer sin hijos por 500 euros y dos festivos al mes”

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DG.- Mucha gente busca trabajo en Cataluña. Aunque no siempre las condiciones son las deseadas, la necesidad de trabajar impera en los usuarios que están deseando salir del desempleo y realizar una actividad laboral remunerada. Sin embargo, hay empresas que, conscientes de las necesidades de los parados,  lanzan ofertas de trabajo que rozan la esclavitud y la ilegalidad.

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Es el caso de una oferta que se ha publicado en el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), un organismo que pertenece a la Generalitat [de Cataluña]. En esta oferta, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, se pide una “empleada del hogar interna, con descanso de 2 días al mes, experiencia en atención a la gente mayor, papeles de residencia en regla, no tener hijos, tener experiencia en alimentación para la tercera edad, atención de limpieza del hogar, carnet de conducir y buen carácter “. Todo ello, a cambio de 500 euros mensuales.

Fuentes del SOC explicaron que la oferta se retiró durante la mañana del viernes, y lo hicieron después de requerir tres veces a la empresa que lo hiciera y que esta no hiciera caso. Sin embargo, la oferta estaba todavía en línea en la tarde de este viernes, según comprobó Europa Press, y, como mínimo, una persona se inscribió.

El SOC depende de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat y es el organismo que tiene asignadas las competencias de la administración catalana en materia de empleo. Pone a disposición de “todas las empresas y personas que lo deseen” el portal Feina Activa, en el que se piblicó esta oferta, con la intención de mediar en el mercado laboral de manera libre y gratuita, según se puede leer en su página web.

Las citadas fuentes del SOC sostienen que empresas y autónomos pueden registrar ofertas de trabajo en el portal, pero que luego son revisadas y se retiran las que no son adecuadas, situación que han remarcado que pasa muy pocas veces. El SOC saca “en un máximo de dos días, como mucho tres” las ofertas fraudulentas, pero, en el caso de la mencionada oferta de la trabajadora del hogar y los cuidados, la oferta aguantó al menos una semana.


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Economía

El Congreso aprueba el techo de gasto de Sánchez gracias al independentismo catalán y vasco

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La mesa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Quim Torra ha fructificado hoy en forma de una mayor proximidad en el Congreso de los Diputados de los partidos independentistas, en un día en el que se votaba el techo de gasto y la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos de 2020.

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El diputado de ERC, Joan Margall, ha señalado en la tribuna que permitirá que salga la senda de déficit. «No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit, como no nos gusta que no paguen lo más de 400 millones que nos deben de IVA. Pero ERC ha venido a Madrid para resolver un conflicto político», ha arrancado para acabar tal que así: «Hoy con nuestro voto le damos margen político».

Con su abstención, sumada a la de Bildu y los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canarias, Nueva Canarias y PRC, el Congreso de los Diputados ha aprobado la senda de déficit 2020-2023 y el techo de gasto que permiten iniciar el camino para sacar los Presupuestos de 2020. La votación ha obtenido 164 apoyos, 150 noes y 19 abstenciones. Ahora deberá ser el Senado el que dé el visto bueno a las cuentas.

Previamente, Gabriel Rufián había anticipado, ante la pregunta de si su grupo se abstendría, que «ERC siempre cumple sus acuerdos». Aunque en un segundo plano tras el cónclave de ayer, las cifras tras el techo de gasto fijan un aumento del 3,8% del desembolso no financiero hasta los 127.609 millones de euros, con unas metas de déficit que relajaban la anterior del -0,5% del PIB en 2020 para elevarla al -1,8% este año, el -1,5% en 2021, el -1,1% en 2022 y al -0,9% en 2023.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que «esta senda de estabilidad es mejor para Cataluña», al suavizar la meta de déficit para las comunidades del 0% vigente al -0,2% del PIB, lo que supone «más de 2.000 millones».

Y más allá de los números la ministra lanzó un mensaje dirigido «sobre todo a JxC». «A JxC se me ocurren muchas razones que decirles para no bloquear esta senda, pero quizá la más importante es que estamos encauzando un problema político pero con la que no podemos afrontar los problemas cotidianos», ha abundado.

Un esfuerzo que no ha sido suficiente para recabar el apoyo del partido de Quim Torra. El portavoz de JxC, Ferrán Bel, ha desvelado que su grupo se opondrá a la senda de déficit y el techo de gasto. «Nuestra posición de hoy no presupone para nada nuestro voto a los Presupuestos Generales del Estado. Se debe desvinuclar de la mesa de diálogo, porque si no alguien puede pensar que para que continúe la mesa debemos votarle todo a favor», ha advertido Bel. También la CUP, a través de la diputada Mireia Vehí, se ha mostrado crítica con la senda de déficit que presentaba el Ejecutivo.

Subida de impuestos

Entrando en los números, Montero ha sacado pecho de la reducción de deuda pública, que acabó 2019 en el 95,5% del PIB. “Este Gobierno ha hecho en un año lo que el de Rajoy hizo en tres”, ha señalado. Sin embargo, la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez le ha afeado que Hacienda no desvele el cierre del déficit de 2019, que organismos como el Banco de España «sitúan en el 2,4% del PIB o el 2,5%», y ha incidido en que el ajuste de siete décimas insinúa «una considerable subida de impuestos». «Nos está pidiendo un acto de fe», ha sentenciado, para anunciar la oposición del PP a la senda.

Relajación de la regla de gasto

«Tampoco se entiende cómo va a reducirse el déficit de la Seguridad Social, que ayer nos señaló la Comisión Europea», ha criticado Rodríguez. Pese a todo, el gasto crece por encima de lo que lo hará la economía, lo que ha sido saludado por el diputado de Podemos, Txema Guijarro, como unos primeros presupuestos «expansivos».

La ministra Montero también ha señalado que aprobará una flexibilización de la regla de gasto, el tope que limita el desembolso a una tasa ligada al crecimiento, permitiendo «más inversiones sostenibles, incorporando los gastos plurianuales y mayores conceptos como gastos para evitar despoblacion o educacion», entre otros. Ello permitirá gastar más a las comunidades y ayuntamientos con superávit, aunque compromete acelerar la reducción del déficit conjunto de las administraciones.


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Economía

Pensiones, ni para mí… pero tampoco para ti

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María Jesús Pérez.- Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por el tema de la viabilidad del sistema de pensiones. Bueno, más bien por su inviabilidad. Y van… Cierto es que algo se hizo con la reforma de 2013, con Mariano Rajoy al frente del país, pero desde luego no se resolvía el problemón que tenemos aún a día de hoy. No hay ya casi dinero para seguir costeando la caja destinada a la jubilación de los españoles y la última de las decisiones del Gobierno Sánchez es subir precisamente el lado de los gastos. Y si uno incrementa este lado de la balanza, debería aumentar al menos en igual proporción el otro lado, el de los ingresos. Algo que, de momento, no es lo que acordado por el tándem Sánchez-Iglesias.

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El caso es que hace ya un año, la Comisión Europea recomendaba a España la urgencia de poner en marcha medidas que hicieran posible la sosteniblidad del sistema de pensiones, porque con lo hecho en la era Rajoy no bastaba, y lo único que se ha hecho desde entonces es desandar lo andado y anunciar justo lo que Bruselas nos dice que no es el camino: vincular de manera permanente las prestaciones a la evolución del IPC, lo que compromete el sistema a medio y largo plazo. Medidas, dicen desde Europa, que, al tiempo que favorecerían sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales, irán en detrimento de las nuevas generaciones. Además, los técnicos del Ejecutivo comunitario han calculado que vincular de nuevo las pensiones a la inflación podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB, además de que abolir el factor de sostenibilidad -idea del equipo Rajoy- sumaría al menos un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo. Lo dicho, ¡lo llevamos claro!

Ahora bien, mientras analizo la reprimenda que lanzan desde Bruselas, reparo en las diferencias que a día de hoy aún existen entre las pensiones vitalicias que nuestros políticos tienen derecho a cobrar por sus servicios prestados y las de cualquier ciudadano de a pie… A bote pronto, me vienen a la cabeza dos grandes diferencias. Una, ministros, diputados o secretarios de Estado, entre otros altos cargos institucionales, por ejemplo, tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa a su trabajo. Y dos, mientras que los ciudadanos debemos cotizar a día de hoy durante 35 años -y subiendo- para cobrar la totalidad de la pensión a la que en principio aún tenemos derecho, a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación. Y hay más privilegios, créanme.

Pues señores políticos, y sobre todo del Gobierno, que sepan que todo sale de la misma caja. Y o espabilan, o se acabó el chollo. Para todos.


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Economía

Los trabajadores afectados por un ERE suben un 22% en 2019

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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 22% en 2019 en comparación con 2018, hasta sumar 88.927 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En 2019 destacaron los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto afectaron a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.

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Así, por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 54,7% en tasa interanual, hasta sumar 30.871 trabajadores afectados.

Por su parte, las suspensiones de contrato afectaron a 55.285 trabajadores, un 12,1% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 23,2%, hasta los 2.771 trabajadores. Según Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un 4,5% entre enero y diciembre de 2019, hasta un total de 2.169, en tanto que los expedientes aumentaron un 3%, hasta 3.220 procedimientos. Del total de procedimientos registrados en el año pasado, el 90,4% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en 2019, con 52.175 y 33.680 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 15,9% en el primer caso y del 33,8% en el caso de los servicios.

La construcción, por su parte, registró 2.243 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 42,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 829 trabajadores, un 27,5% menos que en 2018.

COMUNIDAD VALENCIANA, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en 2019 fue la Comunidad Valenciana, con 27.494 trabajadores implicados, cifra un 52,6% superior a la del mismo periodo de 2018.

Casi todos los trabajadores afectados en esta región se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (24.458). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se aplicaron a lo largo del año pasado en la factoría de Ford en Almussafes.

Tras Comunidad Valenciana destacan Madrid, con 13.498 afectados por ERE durante del año pasado (+13,8%); Cataluña, con 11.898 (+78%), y Andalucía, con 5.289 afectados (+32,2%). El número de trabajadores afectados por ERE bajó en 2019 en un total de cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla.

Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-77,3%) y La Rioja (-38,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Cantabria (+183%), Castilla y León (+88,4%), Canarias (+85%) y Cataluña (+78%).


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