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EEUU prohíbe entrar en el país al consejero delegado de Meliá de Meliá por sus negocios

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Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la cadena de hoteles Meliá, tiene desde finales de noviembre prohibida la entrada en territorio de EE UU, según ha confirmado este martes la hotelera mallorquina. La prohibición tiene que ver con la ley Helms-Burton, que refuerza el embargo de EE UU a Cuba, y con los dos hoteles que la cadena tiene en la región cubana de Holguín.

En concreto, la sanción estadounidense a Escarrer se produce como consecuencia de la reactivación de la ley Helms-Burton, que data de 1996, decretada en mayo por el presidente de EE UU, Donald Trump. En función de dicha norma, cualquier ciudadano estadounidense que hubiese sufrido una expropiación tras la revolución cubana en los años 50, puede demandar a los actuales usuarios de esas propiedades expropiadas. Es el caso de los citados hoteles en Holguín, que fueron expropiados a la familia Sánchez Hill a finales de los 50.

La familia denunció a Meliá en los tribunales españoles, demanda que fue desestimada, y luego lo hizo ante la jurisdicción estadounidense. Es por esta demanda que se ha decretado la prohibición de entrada de Escarrer en EE UU. Según explica la cadena hotelera en un comunicado, el pasado 11 de octubre, Escarrer, entre otros empresarios, “recibió una carta del Departamento de Estado” de EE UU en la que se le advertía de que, “en caso de no aceptar una serie de condiciones relacionadas con la actividad en la República de Cuba de empresas filiales [los dos hoteles de Holguín], en un plazo de 45 días se le prohibiría el acceso a los Estados Unidos de América”. “La Administración Estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales mantienen con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles situados en la región de Holguín, que estarían ubicados, a su entender, en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sanchez Hill a finales de los años 50 del siglo pasado”, explica la nota.

Dice la hotelera que las condiciones exigidas en la carta enviada a Escarrer “no resultaban asumibles por la Compañía”, además de que cumplirlas va contra la normativa europea, “que considera que la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho Internacional”. Por tanto, expirado el plazo, se le prohíbe la entrada en el país.

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Meliá deja en manos de las instituciones españolas y comunitarias la resolución del asunto y confía en que esta sea “satisfactoria” y asegura que sus filiales cubanas han actuado con “lealtad, legalidad y responsabilidad” en Cuba.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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