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Economía

¿Intentará Podemos que el Gobierno nacionalice los bancos ante el gran caos económico provocado por el coronavirus?

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AR.- Las dimensiones de lo que se nos viene encima son espantosas y más graves de lo que todo el mundo imagina.

Mi consejo a mis amigos es que es el momento de guardar dinero en cajas fuertes. También de reducir el consumo al máximo y liquidar lo ineficiente de forma definitiva.

La negligente gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno arrastrará a millones de españoles a la indigencia. La confianza del mercado turístico tardará años en recuperarse. El desempleo alcanzará a millones de trabajadores del sector servicios. Miles de pequeños comerciantes disponen de muy limitados (o casi nulos) recursos económicos para hacer frente al cierre de sus establecimientos por orden gubernativa. Más de diez millones de españoles dejarán de tener soporte económico alguno en cuestión de días. Se asoman a la indigencia de forma alarmante. Los comedores sociales serán la única esperanza para ellos.

La parada técnica de la economía por el coronavirus no es una posibilidad, es una evidencia a corto plazo. Se da por hecho que los comunistas de Podemos van a aprovecharse de la situación, que en parte ellos han provocado (8M), para poner sobre la mesa la nacionalización de las entidades financieras . La cuestión es saber cuándo.

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El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en pleno brote del coronavirus en Madrid y con su propagación por el resto de España, ha defendido abiertamente el artículo de la Constitución que permite al Estado intervenir las empresas y la economía. Sin explicaciones, ni adornos, Echenique ha escrito en Twitter un mensaje con «128.2», haciendo referencia al artículo y al punto de la Carta Magna que recoge dicha idea.

«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», refleja el apartado. Echenique se encuentra en estos momentos en cuarentena tras haber tenido contacto con la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, que ayer dio positivo en Covid-19.

El artículo 128 ha sido aireado en más ocasiones por Unidas Podemos. Por ejemplo, lo defendió en Twitter el año pasado el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y lo apoyó el hoy vicepresidente sefgundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para intervenir Alcoa y evitar despidos.

España entrará en depresión acuciante en cuestión de días. Recopilen dinero fresco y ténganlo a mano. No es alarmismo, son consejos reales. No lo retrasen pensando en que hay tiempo. No tendrán tiempo. No trabajen ninguna operación a plazos superiores a los 12 meses. Nadie puede garantizar eso. Utilicen modelos de inversión actualizable y recuperable rápidamente y si no los encuentran, a la caja todo. Busquen lo necesario para vivir medio año sin VISA. Si sus escenarios de uso son más largos afiance inversiones en Alemania o Francia, poco más. Si su escenario es a muy largo plazo, compre gestión norteamericana no ubicada en la costa Oeste. Compren “arroz” o platino. El oro no será tan eficiente pero será un refugio cierto.

Como sabemos, esto no será una crisis coyuntural, ni de etapa, será sistémica y durará años. Detrás de este telón no hay ningún escenario. Hay otro teatro, otro sistema, pero España no se está preparando ni por asomo. Todo lo que se hace es parchear e improvisar, con lo que todo será más largo, duro y dramático.

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Y sobre todo, no crean nada de cuantos nos digan los mandatarios políticos. El engaño en ellos es tan habitual como el aire que respiran.

Como muestra, este botón: con el argumento de participar en una reunión en la que se discutirían “medidas de una enorme relevancia para la población”, Iglesias violó la disposición que el Gobierno intenta hacer cumplir al resto de la población, y hasta podría haber puesto en riesgo de contagio a funcionarios y ministros.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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