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Tribunales

La Fiscalía investiga a Monasterio por falsedad documental

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de falsedad documental contra la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, en relación al visado del Colegio de Aparejadores que presentó en unos expedientes de licencia de obras.

La investigación se ha abierto a partir de una denuncia de Más Madrid a la que se ha acumulado otra del propio Colegio de Aparejadores por los expedientes de solicitud de reforma de una vivienda del presentador de televisión Arturo Valls en los años 2011 y 2016, tres años antes de obtener su escaño.

Según la documentación que Más Madrid recuperó de los archivos del Consistorio, en los dos proyectos aparecía el mismo visado del Colegio de Aparejadores que figuraba en la reforma inicial de la casa de Valls, acometida en el año 2005 por la arquitecto Técnico colegiada Esther Navarro y que consistió en convertir un local comercial en un loft. En 2011 y 2016, con la firma de Monasterio y el sello de su empresa Monasterio & Asociados, constan dos solicitudes de licencia para modificaciones de carácter «puntual» en esa misma vivienda. Los planos tienen el mismo visado del Colegio de Aparejadores, siendo el objeto de las obras «completamente diferentes» entre sí y estando firmadas por distintas profesionales.

«Entendiendo que uno de los papeles fundamentales del visado es certificar la identidad y habilitación profesional del colegiado, es muy difícil que el propio Colegio profesional hubiera visado planos firmados por otra persona distinta a la que solicita los servicios de dicho Colegio», señalaba la denuncia de Más Madrid.

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Añadía que a diferencia de los planos presentados en 2005, en los de 2011 y 2016 no aparecía «la pegatina original del visado», sino el sello «en blanco y negro e integrado en el plano», por lo que la formación planteaba que podía tratarse de una fotocopia.

Añadía un elemento más: en uno de los documentos del proyecto Monasterio se identifica como «arquitecto» autor de la iniciativa con su número de colegiada. La cuestión es que si está colegiada como arquitecta el visado no podía ser del Colegio de Aparejadores. Además, el sello era de 2005 y ella no se colegió en el de Arquitectura hasta el año 2009, conforme detalla la denuncia. En este sentido, Más Madrid también señaló a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) por intrusismo profesional, ya que entre los años 2000 y 2007 y por tanto antes de presentar el proyecto de fin de carrera, su estudio acometió proyectos. Sin embargo, el COAM desestimó el asunto por entender que no podía ser «objeto de expediente disciplinario», sin perjuicio de «reproche» que «en su caso y de ser acreditados» esos hechos «merecieran en otros ámbitos».

Ahora, a la luz de los hechos denunciados, que apuntan a un presunto delito de falsedad en documento público, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, competente porque Monasterio es aforada, abre una investigación a la que se ha acumulado otra denuncia en el mismo sentido que impulsó el propio Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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