Tribunales
La ruptura del acuerdo entre PP y PSOE deja en el aire la renovación del órgano de gobierno de los jueces y magistrados
Published
5 años agoon
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AGENCIAS
La decisión del PP de suspender el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras conocerse que el juez Manuel Marchena ha renunciado a presidirlo, deja en el aire la renovación de los vocales cuya votación estaba prevista y acordada para este jueves en el pleno del Congreso.
El orden del día de la sesión plenaria de este jueves incluye como último punto la votación por llamamiento y en urna de los candidatos propuestos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, para la que es necesaria una mayoría de tres quintos de la Cámara, la que suman PP y PSOE.
Fuentes parlamentarias han explicado que PP y PSOE habían solicitado a la Junta de Portavoces que se retirara ese punto del orden del día del pleno, pero al no alcanzarse la unanimidad de los grupos, la votación se mantendrá en el orden del día.
Según las fuentes, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto se han opuesto a que se modificara el orden del día, mientras que el PNV se abstenido.
La decisión del PP de suspender el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras conocerse que el juez Manuel Marchena ha renunciado a presidirlo, ha dejado en el aire la renovación del órgano de gobierno de jueces y magistrados.
Marchena era el candidato pactado por PSOE y PP para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ y su renuncia significa que seguirá presidiendo la Sala que juzgará a los investigados por el proceso de independencia de Cataluña.
Tras el anuncio de Marchena, el PP ha dicho que rompe el acuerdo y que supedita las futuras negociaciones con el PSOE a “la dimisión inmediata” de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que ha definido como “la ministra más sucia políticamente de todo el Gobierno” y a la que ha culpado de las “filtraciones” en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, ha avisado que mientras siga en el Consejo de Ministros, el PP no negociará con el Ejecutivo.
Sucesos
Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?
Published
1 año agoon
17/12/2022By
Redacción
El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch
Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.
Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.
Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.
Más del 90% de los presos, en el País Vasco
En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia».
La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.
De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.
Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.
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