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Tribunales

Muere el juez de Barcelona que investigaba el 1-O

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Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez que instruía la causa del 1-O, ha muerto durante esta madrugada a los 71 años tras una larga enfermedad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La muerte de Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se produce en plena instrucción de la causa del 1-O, con unos 40 imputados por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017

El juez Ramírez Sunyer fue quien ordenó el registro el 20 de septiembre de las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la de Economía.

Su investigación arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.

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Precisamente el pasado miércoles, 31 de octubre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió reforzar de nuevo y de forma integral el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, encargado de la causa que se sigue por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos en los preparativos del 1-O.

Según explicaba el CGPJ en un comunicado, se ha acordado “una medida de refuerzo integral”, de tal manera que el titular del juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se ocupara “en exclusiva” de la instrucción de esa causa y el titular del juzgado de instrucción número 13 de Terrassa, Sergi Gustau Casares Zayas, dejara temporalmente ese destino para incorporarse de forma plena al juzgado de Barcelona. En él se ocuparía de todos los asuntos salvo de la instrucción que llevaba Ramírez Sunyer.

La medida se acordó hasta el 31 de diciembre, aunque podía extenderse, y deja sin efecto el refuerzo que la misma Comisión Permanente había prorrogado el pasado 19 de octubre.

Se había acordado entonces que Martínez Sunyer siguiera contando hasta fin de año con el apoyo del magistrado titular de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), Pablo Jesús Alonso, en comisión de servicios y sin relevo de funciones en su juzgado badalonés.

Pero sólo cinco días después la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió un “refuerzo integral” del juzgado barcelonés para que la instrucción de la causa, declarada “compleja”, pueda concluirla en el plazo más breve posible el mismo magistrado que la inició, de modo que se garantice “una mayor eficacia”.

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Ramírez Sunyer, explicaba el CGPJ en su nota el pasado miércoles, se iba dedicar en exclusiva a la instrucción de la causa de los preparativos del 1-0, liberado de la celebración de juicio por delitos leves y de la instrucción de los restantes procedimientos, que serán asumidos por el magistrado de refuerzo.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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