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Economía

Ocho comunidades autónomas empezarán 2019 sin presupuestos

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Parlamento de Andalucía.
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Casi la mitad de las comunidades autónomas, ocho de las diecisiete, comenzará el año que viene sin Presupuestos y en un buen número de casos porque el panorama político se ha complicado ante la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo, que complican las relaciones entre partidos que han sido socios.

Los gobiernos socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, y los del PP de La Rioja y Castilla y León están sin cuentas y a las puertas de la campaña electoral. Se les suman Cataluña, Vascongadas y Andalucía, que no tienen autonómicas en 2019 y están sin presupuestos por motivos distintos.

La prórroga de las cuentas de 2018 no tiene por qué ser definitiva; es posible que se apruebe un Presupuesto en los primeros meses del año, pero el calendario se estrecha porque a finales de marzo se disolverán los parlamentos por la celebración de los comicios.

Quizá sea el caso del gobierno del extremeño Guillermo Fernández Vara, que podría lograr un acuerdo con Podemos en enero aunque de momento las negociaciones no avanzan. El presidente socialista sacó adelante sus dos primeros presupuestos de legislatura gracias a la abstención del PP y el de este año lo aprobó con la abstención de Podemos, acuerdo que intenta repetir para 2019.

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También van a prorrogar cuentas el aragonés Javier Lambán y Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Los dos concluirán una legislatura en la que han tenido muchas dificultades con Podemos para lograr sacar adelante los presupuestos anuales, varias veces fuera de plazo, y no parece que en víspera de elecciones vayan a encontrar más facilidades.

Lambán no ha llegado ni a presentar el proyecto ante las Cortes de Aragón: Podemos le ha señalado unas condiciones mínimas para sentarse a hablar y el presidente dice que no negocia con líneas rojas.

La excusa: no hay Presupuestos del Estado

El Gobierno de García-Page, compartido con Podemos desde el año pasado, se excusa sin embargo en que no puede presentar unas cuentas sin que estén aprobadas las del Estado, que fijan objetivos de estabilidad y las cifras de la financiación autonómica, porque no serían “reales”. El año pasado sin embargo, sin Presupuestos del Gobierno entonces de Mariano Rajoy, los Presupuestos de Castilla-La Mancha se aprobaron el 21 de diciembre.

Este es también el mismo argumento del Ejecutivo de Castilla y León, gobernado por el PP. Su presidente, Juan Vicente Herrera, se despide del cargo (no será de nuevo candidato) sin dejar Presupuestos a su sucesor del PP, si Alfonso Fernández Mañueco logra gobernar tras las elecciones. Herrera ha pactado toda la legislatura con Ciudadanos, pero esta vez no se ha iniciado ni la negociación.

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No lo tiene tampoco fácil el riojano José Ignacio Ceniceros, que aprobó, aunque tarde, los tres presupuestos pasados gracias también a Ciudadanos; esta vez, la formación naranja se ha cerrado en banda acusando al PP de deslealtad y Ceniceros no presentará ni el proyecto: quiere evitar “que sea un instrumento para ningún partido, ni que forme parte de la campaña”.

Prórroga en Cataluña, Vascongadas y Andalucía

Tampoco tendrán Presupuestos nuevos Cataluña, Vascongadas ni Andalucía. Los catalanes tendrán su novena prórroga en los últimos diez años, porque el Parlament sólo aprobó a tiempo el proyecto presupuestario en 2010; el resto se aprobaron arrancado ya el nuevo ejercicio o no llegaron ni a aprobarse.

La complejidad de la política catalana hace imprevisible saber si el Govern logrará pactar a partir de enero o si la prórroga durará todo 2019; en este caso, la Generalitat tendrá que funcionar con las cuentas de 2017, que se han prorrogado ya en 2018.

En el caso vasco, los socios de Gobierno, PNV y PSE, retiraron el 13 de diciembre el proyecto que habían presentado al no lograr avanzar en las negociaciones con EH Bildu.

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Y respecto a Andalucía, será el nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del 2 de diciembre el que elabore y apruebe los Presupuestos del año que viene.

Crecimiento del gasto

La situación es diferente en el resto de autonomías, con nuevas cuentas aprobadas estos días y que entrarán en vigor el 1 de enero. En muchos casos se prolongan pactos que han funcionado toda la legislatura (Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, Murcia y Madrid), pero en otros, los protagonistas son diferentes.

Por ejemplo, el asturiano Javier Fernández ha logrado un acuerdo de izquierdas por primera vez en la legislatura. El dirigente socialista aprobó junto al PP los Presupuestos de 2016 y 2017, estos últimos prorrogados en 2018, y en el año de su despedida de la política, porque se retira, ha logrado el acuerdo con Podemos e IU, que se le ha resistido hasta ahora.

Un caso particular es también el de Cantabria, donde el Gobierno del PRC-PSOE ha aprobado sus Presupuestos primero con Podemos, luego con Ciudadanos y a continuación con el apoyo de un tránsfuga. Los de 2019 saldrán de nuevo adelante con el apoyo del único diputado de Cs.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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