Pierdan toda esperanza: las tecnológicas representan ya el 20% de la capitalización bursátil mundial, y están dispuestas a imponer el pensamiento único. Los políticos del mundo entero están poniendo a remojar sus barbas tras ver cómo han cortado las de su colega Trump.

[sc name=”li1″ ]Me escribe, esperanzado, un lector, habitual de las redes sociales, para llamar mi atención sobre un artículo aparecido en El Confidencial, según el cual la responsable de Twitter en España, Nathalie Picquot, “deja la dirección de Twitter España por la ‘arbitrariedad’ al censurar tuits”. Mi corresponsal, que no ha pasado del titular, confía en que la marcha de Picquot acabe con las purgas masivas, a menudo arbitrarias, siempre inclinadas hacia el mismo lado, que han caracterizado su desastroso mandato.

Magra esperanza: basta acudir a cualquier otro medio para advertir que el caso es exactamente el opuesto. Así, leemos en Libre Mercado “la máxima responsable de Twitter España dimite por su desacuerdo con la censura”. Es decir: lo que nos espera es peor, mucho peor. Picquot, tendremos ocasión de comprobar, era el ‘poli bueno’.

Pierdan toda esperanza: las tecnológicas representan ya el 20% de la capitalización bursátil mundial, son las empresas más poderosas y están dispuestas a emplear su espectacular poder, muy por encima de muchos gobiernos, para imponer el pensamiento único.

Trump intentó poner coto a este enorme dominio sobre las mentes del mundo entero y prometió meterles mano por abuso de posición dominante u obligándolas, si querían censurar, a registrarse como negocios editoriales, lo que haría a las redes sociales responsables jurídicas de todo lo que se publicara en ellas. Pero todo, como tantas otras promesas de Trump, quedó en nada, y ahora mandan los que se han beneficiado de la censura de las redes y tienen que recompensarles.

De hecho, y por tercera vez en menos de cinco meses, el Congreso de Estados Unidos ha convocado a los responsables de redes con la intención explícita de obligarlas a que censuren aún más. El próximo 25 de marzo, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara interrogará al responsable de Twitter, Jack Dorsey, al de Facebook, Mark Zuckerberg, y al de Google, Sundar Pichai, en una vista que, según anuncia el propio comité, se centrará en la “desinformación que anega las plataformas online”, especialmente en lo que se refiere a las medidas draconianas y cambiantes para combatir la pandemia y al fraude electoral en las pasadas elecciones en Estados Unidos.

Los políticos del mundo entero están poniendo a remojar sus barbas tras ver cómo han cortado las de su colega Trump. A pesar del odio cartaginés que todos le tenían al neoyorquino y la alegría por su derrota, ver cómo unos recién llegados a la escena del poder en la esfera privada convertían en una ‘no persona’ al presidente de los Estados Unidos, la magistratura teóricamente más poderosa del planeta, ha debido alarmar a más de uno. La propia canciller alemana, Angela Merkel, no innecesariamente entusiasta de la libertad de expresión, expresó en su momento su malestar ante la fulgurante ‘damnatio memoriae’ que había sufrido un presidente en ejercicio, imagino que pensando que mañana le podía pasar a ella.

Polonia ha sido uno de los primeros países en reaccionar entre los de nuestro entorno (en China censuran al dictado del gobierno, faltaría más, y Rusia ha conseguido que sus propias redes sociales acaparen la mayor parte del mercado nacional), con un proyecto de ley ley que impondrá multas masivas que podrían llegar a ser de 13,5 millones de dólares, según ha anunciado el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, por cada mensaje censurado en asuntos que serían legales según la ley polaca.

El gobierno polaco sostiene que es necesario garantizar los derechos de los usuarios de redes sociales porque “la libertad de expresión y la libertad de debate son la esencia de la democracia”.

En declaraciones a Fox News, recogidas por The Epoch Times, Kaleta condenó la censura a aquellos que elogian los valores tradicionales, el cristianismo o el conservadurismo. “Y se elimina bajo su ‘política de incitación al odio’ cuando no tiene ningún derecho legal para hacerlo”, añadió.

En Australia, Facebook ha planteado un pulso al gobierno, de poder a poder, al bloquear el acceso de los australianos a sus cuentas en plena pandemia. Por el camino, también se ha eliminado el contenido de algunas cuentas gubernamentales, organizaciones de salud pública, beneficencia y de servicios meteorológicos. El bloqueo llega después de la presentación de un proyecto de ley en el país oceánico que busca forzar a sitios como Google o la propia Facebook a pagar a los medios por contar con sus noticias dentro de sus ecosistemas.