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EXCLUSIVA ALERTA NACIONAL: Las actas originales de la negociación de Zapatero con ETA

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Sí señores. Las tenemos.

Las tenemos y vamos a mostrárselas, tal y como las hemos conseguido: con el olor pútrido y nauseabundo de la traición consumada de un partido, el PSOE y de un Gobierno, el de Jose Luis Rodriguez Zapatero, que no dudó en apoyarse en una masacre de dudoso origen para entrar en el Gobierno de España y tampoco dudó lo más mínimo en rebajar a toda la nación española a negociar, en una cueva de ladrones, con asesinos, criminales y perros sedientos de sangre.

Sí, señores. Eso es el PSOE. Disfruten lo votado y bendigan la democracia que nos lo ha servido. 

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Poco que añadir a lo ya publicado previamente: De la lectura de este documento se desprende lo que cualquiera podría suponer. Que los negociadores del PSOE mienten en todas partes y en todas las mesas en las que se sientan, y que desde luego compartían los objetivos de un “proceso” al que, tanto los negociadores del Gobierno, como los de la banda mafiosa se refieren como un objetivo común.

Infames y supurantes ruegos de los tahures del Gobierno ante los terroristas para “aunar fuerzas en pos del objetivo” y absoluta sensación de rendición de la canalla política ante la banda asesina.

También, por cierto, con referencias al, a la sazón, Juez Marlaska y al inefable ex juez Garzón, cuya aparición en toda actividad terrorista tanto nacional como internacional empieza a hacerse habitual.

ACTAS3

 


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1 COMENTARIO

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La metamafia institucional como causa de la decadencia de España

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Javier Marzal.- A pesar de que los grandes medios de comunicación están institucionalizados y, por tanto, ocultan las noticias que informan de la auténtica gravedad de la situación, por la información oficial y las noticias publicadas, debe concluirse que el sector público español es un gran negocio decadente, con trágicas consecuencias para la mayoría de la población.

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Las siguientes noticias describen suficientemente la situación de decadencia española:

1) “Un país de ‘chiringuitos’: España tiene un organismo público por cada 2.300 habitantes” (Voz Populi, 02-02-2020). En este artículo se explica que el sector público tiene como prioridad el enriquecimiento ilícito de las autoridades públicas.

2) “Un sector de la Policía implica al Rey Juan Carlos en el ‘caso Pujol’” (El Mundo 2017); “Ex amante del rey Juan Carlos afirma que la usaba como testaferro para blanquear”; en 2012, The New York Times publicó que el Rey Juan Carlos tenía una fortuna de 2.300 millones de dólares; “El expresidente de Elf ya dijo en 2003 que él habia entregado en su domicilio a Don Juan Carlos una comisión de 55 millones de euros”; “Los técnicos de Hacienda creen que el Rey emérito Juan Carlos podría ser investigado por fraude fiscal y blanqueo” (europaPress, 12/07/2018); “La Fiscalía suiza acumula pruebas sobre la trama de los testaferros que implica a Juan Carlos I” (diario.es, 19/02/2020).

3) “FISCALÍA Y ABOGACÍA DEL ESTADO PIDEN QUE SE LEVANTE LA ACUSACIÓN A LA INFANTA CRISTINA”, “El Gobierno debe dejar que la Justicia decida sobre la Infanta (EL MUNDO)”, “Doña Cristina, en el banquillo (ABC)” y “El tribunal rechazó la citación como testigos en este procedimiento tanto del actual jefe del Estado, Felipe VI, como de su padre Don Juan Carlos”; “La Infanta sí defraudó a Hacienda según los técnicos del fisco. Discrepan de las consideraciones efectuadas por los peritos de la AEAT que han comparecido en el juicio del caso Nóos” (El Mundo, 07/06/2016); “La Agencia Tributaria niega trato de favor a la infanta y dice que se trata a todos por igual”, “El Mundo publicó que Hacienda había dado por buenas tres facturas falsas”, “El PSOE denuncia interferencias políticas en la Agencia tributaria” y “UPyD, PNV e ICV creen que la Agencia Tributaria favorece a la infanta” (03-12-2013, RTVE.es); “La prensa internacional pone el foco en la absolución de la Infanta Cristina por fraude” (radiocable.com, 17/02/2017); “Manos Limpias tacha de “escandaloso” que el Supremo les condene en costas […] ya que ‘ni hubo querella temeraria ni mala fe, cuando el Juez Instructor y la misma Sala de la Audiencia de Palma admitieron la querella al considerar que había indicios sólidos de delito en varias resoluciones que dictaron’” (La Vanguardia, 12/06/2018).

4) En 1983 el Gobierno crea los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). De esta forma se inicia el ”terrorismo de Estado”. En la actualidad se realiza desde el Gobierno a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los Ministerios del Interior y de Justicia, y el Ministerio Fiscal (fiscalías).

5) En el “año negro” de 1985, se institucionaliza el “terrorismo de Estado”, principalmente mediante tres leyes: La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, los políticos nombran a los miembros del órgano de gobierno de los jueces), la Ley Electoral (blinda el bipartidismo y crea la alianza PPSOE) y la Ley de las Cajas de Ahorros (por la que los políticos llegan a controlar el 51% del sistema financiero español). El Gobierno advierte que “el que se mueva no sale en la foto”, exigiendo obediencia y sumisión a las autoridades públicas, así se establecieron prioridades criminales para todo el sector público, creando la metamafia. Para el mantenimiento de la metamafia, los poderes públicos y las autoridades administrativas permiten que cualquier funcionario público utilice su poder institucional para enriquecerse o para satisfacer sus vicios. El beneficio propio y del conjunto de los funcionarios públicos, pasa a ser la prioridad de políticos, policías, autoridades judiciales, personal de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, Banco de España, CNMV, servicios sociales, centros educativos, centros sanitarios, empresas públicas, ministerios, instituciones autonómicas y municipales, etc. El negocio criminal de la metamafia se convierte en la prioridad institucional.

6) La prevaricación legislativa es la norma y nunca se ha condenado penalmente a los parlamentarios (GRECO 2013). Las leyes perjudican el interés general para favorecer a una minoría (abusocracia) y a las instituciones (totalitarismo esclavista). Las condenas del TEDH y del TJUE, los reproches por no trasponer las normas internacionales o por no ponerla en práctica (como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003), así como numerosas noticias periodísticas, acreditan este extremo. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reprochado al legislador reiteradamente que mantengan leyes declaradas corruptas por los tribunales europeos. El 19/02/2020, el Presidente del tribunal Constitucional “llamó la atención sobre la necesaria armonización de nuestro ordenamiento jurídico con el derecho europeo, no solo mediante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino sobre todo, de los principios, valores y objetivos de la Unión Europea, recogidos en los artículos 2, 4.2 y 6 del tratado de la Unión Europea” (confilegal.com, 20/02/2020).

7) La prevaricación ejecutiva es la norma y no se condena. En esto, España es líder en Europa occidental. Los informes del GRECO, los reproches por no ratificar normas internacionales (como el europeo Convenio Penal sobre la Corrupción) y las abundantes noticias periodísticas sobre la corrupción acreditan este extremo. Cada norma, asignación y gasto de presupuesto, beneficia a minorías en perjuicio de la mayoría (abusocracia y parasitismo social), afianzando a la metamafia y acelerando la decadencia.

8) La prevaricación judicial es la norma y el cohecho es habitual (venta de sentencias). La corrupción judicial es la mayor de la Europa Occidental, ha destruido la sociedad y destruye la vida de miles de personas cada año. Los informes del GRECO, las condenas de los tribunales europeos e internacionales, así como las limitadas noticias periodísticas, acreditan este extremo. Los jueces afianzan la abusocracia y el totalitarismo.

9) La prevaricación del Tribunal Constitucional es la norma como lo acredita la desestimación de más del 90% de los recursos y las condenas del TEDH y del TJUE.

10) En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por ser poco democrático e intimidar a todos los abogados para que no defiendan a las víctimas institucionales (caso Ravelo). La intimidación a todos los abogados supone la eliminación del Estado de derecho y de la democracia, así como la instauración de la tiranía de los jueces. Esta intimidación supone el más grave terrorismo de Estado o terrorismo institucional que atenta contra el derecho de defensa letrada (a que nos defiendan los abogados), para dejarnos en indefensión, de forma que las autoridades públicas creen un totalitarismo autoritario, el peor de los regímenes. Después de esta condena, se sigue condenando a abogados y a dirigentes de asociaciones de víctimas judiciales.

11) La educación reglada indoctrina, radicaliza, deshumaniza e idiotiza. No sería posible todo lo que se dice en este escrito si hubiera una minoría suficiente que no fuera tan ignorante o irresponsable socialmente.

12) La Organización Mundial de la Salud (OMS) acredita, por el elevado número de trastornos mentales, que la sociedad española se está destruyendo, creando enfermos. “La salud mental es la tercera causa de incapacidad temporal en frecuencia y la más duradera”, “Más de 1 millón de personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día”, “El 62% de las discapacidades laborales esconde un trastorno mental”, “En el periodo entre 2004 y 2013 […] hubo un total de 4.947.157 pacientes que ingresaron con algún diagnóstico psiquiátrico al menos una vez en un año (pacientes únicos)”

“Las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de carga de enfermedad en España”, “El gasto conjunto en los trastornos mentales y las enfermedades neurológicas en 2010 en España ascendió a 83.749 millones de euros, […] el equivalente al 8 % del PIB”. ”un 38,2% de la población europea sufre de desorden mental cada día (Comisión Europea, 2010)”. El auge de los negocios, públicos y privados, psiquiátricos y psicológicos es una prueba irrefutable de la decadencia ocasionada por el macro-Estado.

13) Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 3.600 suicidios anuales y 22.376 defunciones en 2018 por trastornos mentales (13.040 en 2008 y 11.796 en 1998).

14) La sanidad mata y lisia sin sancionar a la mayoría de los responsables.

15) Las cárceles están llenas de inocentes, a veces como represalia institucional.

16) Hay ingresos psiquiátricos como represalia institucional.

17) “España ha vivido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura o malos tratos policiales” (Público, 01/02/2015).

18) “Denuncian a dos organismos de la Seguridad Social por estafar a los trabajadores en las incapacidades laborales y en las jubilaciones”, en esta denuncia penal se dice que la Seguridad Social falseó la vida laboral de más de 200.000 trabajadores y enviado 135.225 cartas con la vida laboral falsificada para retrasar su jubilación. Esta denuncia ha sido llevada en 2020 al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, diciendo que “no hay estadísticas de las muertes causadas”.

19) “Asociación denuncia ante el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado la existencia de una ‘Mafia de la intimdiación judicial'”. Esta denuncia, en 2020 fue ampliada por la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL y remitida a la Fiscalía General del Estado y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a 68 autoridades judiciales, incluyendo una del Consejo General del Poder Judicial y otra de la Fiscalía General del Estado por intimidar a todos los abogados (según el TEDH) y a todos los dirigentes de las asociaciones de víctimas judiciales.Ç

20) Se pagan incentivos de productividad a los funcionarios públicos por ahorrar dinero público de forma ilegal y por encubrir la corrupción.

21) Para ascender en el sector público, se exige un historial totalitario.

22) “Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados” (El País, 23 JUN 2014).

23) Se toman represalias contra los alertadores de autoritarismo y de corrupción, incluso a los políticos, policías, fiscales o jueces. El caso más descarado fue el del Secretario General del Sindicato Manos Limpias que fue el principal artífice de la imputación de políticos por corrupción, tanto directamente por sus denuncias como porque éstas fueron las principales impulsoras de la creación del gran negocio mediático de la corrupción. Como represalia por sentar en el banquillo a una miembro de la Casa Real, le enviaron a la cárcel con acusaciones falsas.

24) Mayor brecha entre ricos y pobres de Europa occidental. Probablemente, la mayoría de los ricos sean autoridades públicas (redistribución de la riqueza en el macro-Estado).

25) “Más de 3,5 millones de españoles viven con menos de 350 euros al mes […] el 7,6% de la población” (Agencia EFE, 13 oct. 2016).

26) “Zonas sin agua ni luz, elegir entre calefacción o comida, miseria, desahucios… España falla a los más vulnerables”

27) “Drástico rapapolvo a España del Relator de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos” (El Mundo, 7 febrero 2020”. El relator también dijo: “Los niveles de pobreza existentes se deben a decisiones políticas de las últimas décadas” (nuevatribuna.es, 07/02/2020).

28) “El sector público gestiona un gasto equivalente al 42% del PIB (en promedio durante los últimos 20 años)” (BBVA Research, Julio de 2018).

29) En 2017, se pagaron 86.579 millones de euros en pensiones de jubilación (7,5% del PIB). Esta es la mayor estafa de la historia. Cabe decir que la jubilación se creó a los 65 años cuando la esperanza de vida era mucho menor, por lo que su pago era poco significativo; sin embargo, las autoridades públicas no han ido retrasando la edad de jubilación a pesar de aumentar significativamente la longevidad, para empobrecer e invalidar (psíquica, profesional y socialmente) a un porcentaje relevante y creciente de la población. Como dijo el ex Ministro socialista Solchaga en 2018: “Ni la mitad de ellos han pagado ni la mitad de lo que perciben”. La realidad es que las cotizaciones sociales eran muy bajas en la dictadura franquista, por lo que muchos pensionistas cobran más de lo que han pagado, estafando a las siguientes generaciones. Esta estafa intergeneracional limita las posibilidades económicas de la población para dificultar la oposición a la metamafia (instituciones corruptas), a la vez que crea intereses bastardos y decadentes en mantenerla (clientelismo).

Además, es una de las principales causas por las que las masas (mayoría ignorante) apoyan al Estado de bienestar y distrae a gran parte de activismo social que apoya al régimen sin saberlo.

30) España tiene la mayor corrupción institucional de Europa Occidental. La Comisión Europea acredita este extremo. Se permite porque las autoridades públicas de todas las instituciones se benefician de ella y porque se represalia institucionalmente a quienes la denuncian.

31) “La corrupción le cuesta a España más de 90.000 millones de euros al año. […] casi el 8% del Producto Interior Bruto” (RTVE 07.12.2018). En 2016 se decía que 87.000 euros, en 2015 eran 48.000 euros y 40.000 euros en 2014. Es evidente que la corrupción se ha institucionalizado en todo el sector público, porque los fiscales y los jueces lo permiten, debido a que también se benefician de ella.

32) “2015 se inicia con 150 casos de corrupción abiertos en los juzgados. Más de 2.000 imputados se encuentran a la espera de juicio” (El País). Sin embargo no estaba imputado el Rey ni el Presidente del Gobierno ni ex Presidentes del Gobierno; tampoco había fiscales ni jueces, a pesar de que todos ellos tenían sobrados méritos, según los medios de comunicación.

33) En el “Informe de lucha contra la corrupción de la UE” (3.2.2014), de la Comisión Europea, se dice: “Según el Eurobarómetro especial de 2013 sobre la corrupción, el 63 % de los encuestados (porcentaje más elevado de la UE) se considera afectado personalmente por la corrupción en su vida cotidiana (media de la UE: 26 %), en tanto que el 95 % manifiesta que la corrupción es un problema muy extendido en el país (media de la UE: 76 %) y el 91 % afirma que existe corrupción en las instituciones locales y regionales (media de la UE: 77 %)”, en el ”Eurobarómetro sobre la corrupción de 2013, el 83 % de las empresas españolas encuestadas (el más alto porcentaje de la UE) consideró que la corrupción estaba muy extendida en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales (media de la UE: 56 %) y el 90 % (segundo porcentaje más elevado en la UE), en la gestionada por las autoridades locales (media de la UE: 60 %).

34) En el referido “Informe de lucha contra la corrupción de la UE” (3.2.2014), de la Comisión Europea, se dice: “Una base de datos de fuentes abiertas incluye unos 600 municipios y 5 144 casos de presunta corrupción tratados en los medios de comunicación entre 1996 y 2009”, “En 2011, se incoaron 1 754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana, y se dictaron 408 condenas”.

35) “España usa 40.000 coches oficiales frente a los 412 de Estados Unidos” (Telecinco.es, 13/03/2012).

36) En el primer informe del nuevo organismo OIReScon (diciembre de 2019) se dice que el 52,9% de los contratos públicos tienen sobreprecio. Se hacen 120.000 contratos públicos que, según el Ministerio de Hacienda, suponen un 13% del PIB.

37) “Justicia reconoce que no sabe donde han ido a parar los 500 millones recaudados con las tasas judiciales” (europaPress 12/02/2015).

38) Mayor economía informal (sumergida) de Europa occidental, superando el 20% del PIB. El dinero negro no paga impuestos por lo que es una estafa hacia todos los españoles. “La OCDE cree que el sistema tributario español fomenta la economía sumergida” (El Economista, 22/09/2015). Efectivamente, Se permite porque las autoridades publicas y sus socios, son los más beneficiados, directa e indirectamente. “La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal.

39) La actividad irregular tiene un coste de cerca de 70.000 millones para las arcas públicas” (El País 21 JUN 2018). Esta es otra estafa social, de unos ciudadanos privilegiados por el encubrimiento institucional hacia el resto de la población.

40) Corrupción mediante subvenciones y otros beneficios a los agentes sociales: partidos políticos, grandes sindicatos y patronales, así como a colegios profesionales y asociaciones/fundaciones de miembros de la metamafia creadas con dinero público y subvencionadas (“546 fundaciones, 35 instituciones sin animo de lucro; 461 sociedades mercantiles […] a mediados de 2019” (Voz Populi, 02.02.2020). De esta forma, la metamafia corrompe el sector social que es el único que se la puede oponer (la población debe agruparse en asociaciones para defendernos de la violencia que ejerce el Estado, Foro Social Mundial (2001) y Foro Social Europeo).

41) Sociedad subsidiada (personas y organizaciones privadas del sector empresarial y del sector social). Parasitismo social mediante economía de planificación centralizada.

42) Dado el gran volumen de la economía informal, puede decirse que la mayor parte de la gente con subsidios por pobreza o desempleo, están estafando al resto de las personas.

43) Trabas administrativas intencionadas: “El 11% de los beneficiarios de la ayuda al alquiler la pierden por negligencia”. (El País, 29 JUL 2018).

44) Beneficios fiscales a los ricos y a las grandes empresas.

45) Favorecimiento a grupos privados de poder, donde los miembros se favorecen mutuamente, a menudo de forma antijurídica.

46) Contratación pública a familiares y amigos de la metamafia y de sus socios de negocio, tanto a los negocios de estos, como mediante empleo público.

47) Clientelismo que apoye a la metamafia, mediante la concesión continua de derechos y ayudas que luego no se cumplen, como en las pensiones, dependencia, incapacidades laborales, etc. No se cumplen mediante leyes adicionales que limitan los derechos o incumpliendo la ley por orden del Gobierno de turno. De esta forma, la metamafia obtiene el apoyo de las masas (mayoría ignorante, egoísta e irresponsable socialmente).

48) “La Seguridad Social inicia la devolución de lo cobrado de más a los autónomos” (Cinco Días, 8 mayo 2018). “Tirón de orejas a España: es ilegal excluir del cálculo de la jubilación anticipada la pensión de otro país” (Expansión, 5 DIC 2019).
Destrucción del sector social, mediante privilegios y subvenciones a las organizaciones convenientes para la abusocracia, con enriquecimiento de sus dirigentes, generalmente autoridades públicas, familiares y amigos.

49) Uso de los servicios de espionaje y cuerpos policiales para control de los activistas sociales y asociaciones que actúan contra la metamafia.

50) “Imputadas 14 televisiones por corrupción en la ‘rueda’ de la SGAE” (ABC, 05/02/2020).

51) Sobornos e intimidación a los medios de comunicación para que oculten la existencia de la metamafia totalitaria (medios institucionalizados). Un ex Director de El Mundo, en su libro “El director” (2019), describe el terrorismo de Estado y totalitarismo de la siguiente forma: “El poder había dejado de temer a la prensa y ahora era la prensa la que temía al poder”.

52) Un ex Director de El Mundo, en su libro “El director” (2019), describe la extorsión de los periodistas a las empresas de la siguiente forma: “Todo el mundo paga […] Piensa que para una gran empresa no es dinero, unos pocos miles de euros. Pero las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves si propagan un rumor que dañe la imagen de la empresa o de su presidente”.

53) Un ex director de El Mundo, en su libro “El director” (2019), describe la corrupción de todo tipo de periodismo de la siguiente forma: “ Los sobresueldos para informadores estaban ahora a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubes de fútbol, partidos políticos y grandes empresas como Telefónica, que durante la presidencia de César Alierta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores del país […] Las comidas gratis en los mejores restaurantes, los coches prestados indefinidamente y los créditos a intereses inimaginables para el resto de los mortales estaban a la orden del día”.

54) Respecto del “Indicador de Desempeño Global del Sector Público […] El índice de España se situó en torno al 3,4 en 2017, en la posición 80º sobre 137 países” (BBVA Research, Julio 2018).

55) En 2019, el número de sueldos públicos ha superado el de los sueldos privados.

56) Uno de los más bajos Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) de la Europa Occidental.

57) Mayores impuestos al trabajo de todo el mundo.

58) Mayor desempleo y desempleo estructural de Europa Occidental.

59) Los referidos castigos al trabajo disminuyen la productividad y empobrece a toda la población. “Mientras que la productividad en España aumentó en torno al 16% en 2017 respecto al 1996, en la Unión Europea lo hizo por encima del 30%” (BBVA Research, Julio 2018). La disminución constante de la productividad española (en relación con el resto del mundo), la corrupción y el mantenimiento del macro-Estado, están haciendo que en España cada día se vive peor.

60) Mayores precios en servicios básicos (bancarios, electricidad y telecomunicaciones) de la Unión Europea.

61) “Los centros de menores en España: un lucrativo negocio donde en ocasiones se utilizan técnicas extremas (eldiario.es, 07/01/2019).

62) “Monitores de un centro de tutelados en Mallorca sabían que había niñas prostituidas” (telecinco.es, 24/01/2020)
“La Iglesia no informa a Justicia de los casos de pederastia” (cadenaser.com, 16/02/2019).

63) Autoridades y cargos y públicos (políticos, jueces, fiscales, policías, dirigentes de las instituciones) involucrados en el crimen organizado: asesinatos, pederastia, secuestros de menores, tráfico de armas y estupefacientes, blanqueo de capitales, falsificación de documentos oficiales, apropiación de patrimonios y herencias, corrupción, represalias, etc.

64) España es la puerta de la entrada de drogas en Europa por la participación de las autoridades públicas administrativas y judiciales. El volumen de negocio de esta metamafia es muy superior y causa más víctimas, incluso mortales, que el conjunto de las mafias privadas.

65) “Bruselas reprende a España por no aplicar la Directiva antiblanqueo y amenaza con sanciones” (El economista, 12/02/2020).

66) Las autoridades públicas españolas, administrativas y judiciales, viven al margen de la realidad y de la ley, con total IMPUNIDAD.

67) El descrédito institucional deslegitima la democracia. Esta desconfianza generalizada en las instituciones está constatada por el público Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y por los Eurobarómetros de la Unión Europea.

Por todo lo antedicho, podría llamarse a España Estafalandia.

Entrecomillados aparecen textos literales que están disponibles en Internet.

Los puntos anteriores describen la sociedad española contemporánea, una decadente sociedad criminal que han creado las instituciones, con el apoyo del poder mediático, del poder financiero, del poder empresarial, de los sindicatos, de los colegios profesionales y de la sociedad en su conjunto, incluyendo el consentimiento del mayor de los poderes democráticos: las masas.

Una minoría de jueces se han pronunciado sobre esta situación; entre otros los siguientes:

– Jueza Alaya que dijo entre otras cosas lo siguiente: “Mis criticas son al sistema” […] a un pacto entre el PP y el PSOE”, “afirmaba que la dependencia de la Fiscalia General imposibilitaba a todos los fiscales de España investigar las causas de investigación”. (2018-2019).

– Ex Juez Elpidio Silva: “Si tiro de la manta el sistema no lo soportaría” (2013), “El poder judicial es un instrumento de opresión […] en un régimen monárquico autoritario […] los derechos no valen nada, la persona no vale nada”, el Estado es “mafioso” (2020).

– Juez Acayro: “Hay mucha más corrupción de la que los ciudadanos se imaginan” (2017).

El 4-4-2016, en una entrevista a un catedrático español, éste afirmó que la crisis española se debe a la corrupción institucional, sentenciando: “Con instituciones como las suecas, España progresaría como Suecia”. Tiene razón, pero ningún país del mundo es un ejemplo a seguir, porque todos tienen una metamafia. El “sueño americano”, “el comunismo” y el “Estado del bienestar”, son modelos fracasados por la existencia de la metamafia en todos ellos.

Los españoles creen que las actuales generaciones de jóvenes están viviendo peor que la de sus padres (Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030 que fue entregado en 2010). Todas las noticias indicadas, han tenido como consecuencia este reconocimiento generalizado de la indiscutible situación de decadencia y, según se dice, de la agonía del “régimen del 78”.

Los países miembros de la Unión Europea gastan ingentes cantidades de dinero público, para conocer nuevos métodos de enriquecimiento de los dirigentes institucionales y de las autoridades públicas, así como para el empobrecimiento de la población para someterla más fácilmente.

La decadencia sigue aumentando en un contexto de crecimiento económico y de aumento de la riqueza creada por el sector empresarial; por lo tanto, es evidente que la decadencia la produce el sector público nacional (metamafia), con el consentimiento de los organismos internacionales que tienen constancia documental de esta situación.

Se hace necesario que la minoría con un suficiente nivel de desindoctrinamiento reflexione sobre el significado de lo antedicho y, especialmente, sobre lo siguiente:

  • Un sector público sistémicamente corrupto controla de forma directa el 42% de lo que producimos, dirigiendo la vida de las personas y de las organizaciones privadas, en beneficio propio y de sus socios de la abusocracia.

  • La apropiación del dinero de todos (confiscación), limita los recursos para la emprendeduría y la innovación, impulsando más aún la baja productividad y la baja competitividad, la obediencia y la sumisión, el autoritarismo, la corrupción y, en general, la decadencia.

  • Adicionalmente, el sector público manipula otro porcentaje relevante de la economía, mediante leyes que benefician a unos pocos con el apoyo del resto de los poderes públicos, aumentando la planificación centralizada de la economía. Como resultado, España tiene los servicios básicos (electricidad y telecomunicaciones) más caros de la Unión Europea.

  • Esta economía de planificación centralizada, como el comunismo, ha institucionalizado varias estafas de unos a otros: 8% del PIB en corrupción, 7,5% para pensiones de jubilación, 6% de fraude fiscal, etc. Sólo sumando estos tres conceptos, más del 21,5% del PIB es estafado a los ciudadanos.

  • El sector público decide cuándo y qué debemos estudiar, cuándo somos mayores de edad, cuándo no podemos trabajar, cuándo debemos jubilarnos, en qué se utiliza la mayor parte del dinero que producimos, esclavizando a la población.

  • Se gasta un 8% del PIB en servicios y pastillas para paliar los trastornos mentales y neurológicos que son producidas principalmente por la metamafia (imposiciones, trabas, educación, sanidad, economía centralizada, corrupción, autoritarismo, etc.). De esta forma se impulsan negocios que, generalmente, perjudican más aún la salud mental, como la psiquiatría, los ingresos psiquiátricos y la psicología que priorizan el mantenimiento de sus clientes, abandonando la orientación para que éstos superen sus problemas.

  • Esta gestión injusta e innecesaria de ese más del 71,5% del dinero que producimos, hace que la gente (minoría explotadora, mayoría consentidora y la mayoría en general) tenga graves trastornos mentales hasta llegar al suicidio, con una muy baja calidad de vida en comparación con los recursos producidos y una vida peor cada día. Es insostenible la decadencia y es más peligroso el mantenimiento del orden establecido que la necesaria revolución para cambiarlo.

  • Un pequeño grupo de psicópatas tarados (Gobierno: miembros del Consejo de Ministros) deciden sobre la mayor parte de la economía y de la forma de vida de los españoles. Tienen el atenuante de que la inercia manda más que ellos, pero ¿es necesaria esta concentración de poder propia de la democracia?

  • Existiendo el sector social y las empresas, ¿sería preferible un sector público compuesto sólo por juzgados penales y una autoridad tributaria, para tener una sociedad justa que mejore constantemente la vida de la gente?

El autoritarismo (autoridades públicas que no cumplen la ley con total IMPUNIDAD) es el problema troncal de las democracias.

El autoritarismo sin lucro directo es más destructivo para la sociedad que el lucro directo (corrupción en sentido restrictivo), porque está destruyendo todas las sociedades europeas, aumentando el descrédito generalizado de las instituciones nacionales y europeas, y de la democracia, habiendo conducido a las sociedades europeas a la decadencia.

La filósofa y escritora rusa Alissa Zinovievna describió correctamente que la metamafia nos lleva a la decadencia, cuando escribió:

“Cuando adviertas que para producir necesitas autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

*Presidente de la International Association to Change the World

www.iachangetheworld.org


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Génova impone a Alfonso Alonso el acuerdo con Cs: “O acepta o se tendrá que ir”

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Las direcciones nacionales de PP y Cs han cerrado esta tarde el pacto para coaligarse en las elecciones autonómicas del 5-A. Un acuerdo que Génova ha refrendado pese a la oposición de Alfonso Alonso y los populares vascos, que consideran «inasumible» las cesiones realizadas al partido liberal. La coalición se denominará ‘PP+Cs’ y otorga a la formación naranja «dos puestos de salida» en las listas electorales, lo que, en principio, garantiza el estreno de la marca en el Parlamento.

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La negociación de la entente ha provocado una guerra abierta en el PP. Alfonso Alonso se ha plantado ante la dirección nacional y ahora tiene la pelota en su tejado. , aseguran portavoces de Génova, que consideran oportunas las cesiones después de que Feijóo impidiera el acuerdo en Galicia. El presidente del PP vasco ha optado por no acudir esta mañana a una reunión a la que había sido convocado en Madrid para revisar y firmar el acuerdo definitivo con la formación naranja. Alonso, que queda en una situación más que delicada, ha rechazado avalar el pacto con los liberales porque «desconoce» un contenido que ha ido concretándose «a sus espaldas», y del que su ejecutiva ha ido enterándose a través de los medios de comunicación.

El enfrentamiento entre el equipo de Alonso y la dirección de Pablo Casado viene cocinándose a fuego lento desde hace meses, pero el clima se ha vuelto irrespirable desde que portavoces de Cs desvelaran ayer que el pacto de coalición les iba a permitir colocar a dos de sus candidatos como ‘números dos’ de las candidaturas por Vizcaya y Álava. Ajeno a lo que se negociaba en Madrid, Alonso advirtió a través de las redes sociales, y en varias comunicaciones con Génova, que la propuesta es «inasumible».

Los hechos se han desencadenado a partir de ese momento. Alonso fue citado por la ‘número tres’ de la dirección nacional, Ana Beltrán, a las doce de la noche de ayer vía ‘Whatsapp’. Se le requería que estuviera a primera hora de la mañana en Génova para cerrar el pacto de coalición. El líder vasco respondió que no iba a presentarse y que no tenía intención de avalar un pacto cuya letra pequeña desconoce. Fuentes cercanas a Alonso confirman que Pablo Casado y Teodoro García Egea han negociado sin contar con los populares vascos y que, además del reparto de las listas, ahora mismo tampoco saben cómo se va a elaborar el programa electoral e incluso la línea política que va a mantener la coalición. Tampoco gusta a la ejecutiva autonómica del PP que un acuerdo tan simbólico deba sellarse en Madrid. Casado tenía previsto visitar hoy Euskadi para ratificar la entente, pero a última hora de ayer, cuando la polémica por las listas ya había estallado, anuló el viaje.

La mayor incógnita ahora mismo es si Alfonso Alonso, que fue ratificado como candidato a lehendakari por Pablo Casado la semana pasada, seguirá al mando de la lista electoral y del PP vasco. Génova no descarta el cambio y fuentes del entorno de Alonso asumen que «lleva las de perder» en la guerra abierta, pero que no tiene intención de dimitir. La dirección de los populares de Euskadi considera que asumir las tesis que exige Cs para la coalición sería «cargarse» al PP vasco, y que una formación «que tiene una historia y muertos en sus filas», se merece «más respeto» de la dirección nacional.

El origen de la guerra soterrada que mantiene la dirección nacional con Alonso y su equipo se retrotrae a las últimas primarias, en las que la ejecutiva vasca apoyó mayoritariamente la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Casado mantuvo el status quo en el PP vasco, pero durante los dos últimos años ha ido tensando la cuerda. Cada decisión de calado que tomaba Madrid ha buscado importunar al equipo de Alonso. El ninguneo de la negociación con Cs es el último capítulo, y el que ha elevado el enfrentamiento a su máximo nivel.

‘ALT NEWS’ ANALIZÓ EL ACUERDO ELECTORAL DEL PP Y CIUDADANOS EN EL PAÍS VASCO. PINCHE ABAJO PARA ESCUCHARLO:


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Islas Baleares

Cuando el vicepresidente balear juzgaba los abusos a menores que hoy se niega a investigar en el Parlamento

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Pablo Iglesias y Pedro Yllanes
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El escándalo de los menores prostituidos en Baleares está generando un terremoto político. El IMAS ha terminado por reconocer hasta 16 casos. Ciudadanos y Vox solicitaron una comisión de investigación en Parlamento balear, la cual fue rechazada por la totalidad de los partidos del tripartito en el gobierno (PSOE, Unidas Podemos y Més).

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De esta forma, la socialista Francina Armengol y y su vicepresidente, el exjuez de Podemos, Pedro Yllanes, encabezan una peculiar oposición a las palabras del propio Pablo Iglesias, que llegó a asegurar que el caso se debe investigar “caiga quien caiga”. Destaca la postura de Yllanes, quien ejerció la judicatura durante años, afrontando con contundencia los casos de abusos sexuales contra menores sobre los que debía impartir justicia.

Javier Rodrigo de Santos: el ex concejal del PP con una doble vida

Fue especialmente sonado el caso de Javier Rodrigo de Santos ex número dos del PP en el Ayuntamiento de Palma. El político ‘popular’ fue condenado por Yllanes en el año 2009 a una pena de 13 años y seis meses de prisión por abuso sexual de menores, entre los que se encontraban dos hermanos, con 14 y 16 años.

Yllanes destacó sobre el condenado, en unas declaraciones recogidas por El País que: “Los tocamientos recibidos de parte de Rodrigo de Santos guiados por el evidente propósito de satisfacer su desordenado deseo sexual y a quien el lugar, el dormitorio de sus hijos, no le suponía obstáculo o impedimento alguno; desinhibición provocada, en parte, por la adicción a la cocaína”.

El caso de De Santos supuso un gran revuelo para la sociedad palmesana dada la relevancia política del condenado. La sentencia completa se puede consultar en el siguiente enlace. Aun así, Yllanes ha tenido que lidiar con otros casos similares, quizá de menos notoriedad, pero con igual firmeza.

Cuando el IMAS no estaba bajo sospecha

Todo comenzó en la Nochebuena del año pasado. Una joven, de 14 años, fue agredida sexualmente por siete jóvenes. A raíz de este caso, el ‘Institut Mallorquí d’Afers Socials’ (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), conocido como IMAS, reconoció la existencia de otros 16 casos más de menores que, teniendo que estar bajo su tutela, habían sido prostituidas.

En 2015 Pedro Yllanes dictó sentencia en un caso de pornografía infantil. Además del ingente material incautado a un ciudadano alemán que acabó reconociendo todos los cargos, se demostró que este había realizado “tocamientos libidinosos” a dos menores, nacidas en 2001 y 2003, hijas de una pareja a la que pagaba por tener acceso a las chicas.

El acusado aprovechaba las sesiones de fotos de carácter pornográfico que organizaba en un taller mecánico para intimar con las menores. Hasta tal punto que, según la sentencia dictada por Yllanes llegó a “ducharse con las dos menores en la ducha del taller ” e incluso “en una playa no concretada de Mallorca” procedió a realizar tocamientos en sus genitales “mientras se bañaban desnudos en el mar” a otro menor de tres años de edad.

Este terrible caso se saldó con una condena de doce años de cárcel para el ciudadano alemán que reconoció los delitos. Uno de los detalles que más llama la atención de este caso es que el mismo IMAS, hoy puesto en entredicho por su papel en los abusos recientemente descubiertos, ejerció como acusación particular.

Aquí puede consultar la sentencia completa.

Otras sentencias en las que Yllanes combatía el abuso de menores

Además de los casos anteriores, como es lógico por la carrera de Yllanes, este ha tenido que participar en diversos casos de abusos sexuales. Entre estos encontramos a Jaime G.F, condenado a 15 años de cárcel al ser presidente de la Asociación Cultural Temps d’Oci de la Asociación de Vecinos de Garau-Columnas. Este aprovechaba su relación con las niñas que asistían a dicha asociación para ganarse su confianza y posteriormente abusar de ellas.

También en 2015, Yllanes tuvo que atender otro caso de abusos sexuales contra un hombre nacido en 1959 que fue condenado por “un delito continuado de abuso sexual a menor de trece años”, contra la nieta de su entonces pareja. Otro caso escabros que Yllanes resolvió con una condena diez años y un día de prisión, además de las pertinentes órdenes de alejamiento.

Aquí puede consultar la sentencia completa.

El silencio del Gobierno balear que critica la oposición

Por todos estos casos, por un historial de lucha y contundencia contra los abusos sexuales contra menores o la pornografía infantil y por su silencio en el ejecutivo balear, hay quien se pregunta: ¿qué ocurre en Baleares?

¿Por qué Yllanes no alza la voz contra un atropello mayúsculo reconocido por la administración pública del que en su día avisó la expresidenta del Parlamento balear (y de Podemos) Xelo Huertas. Todas estas cuestiones son las que inquietan, no solo a la oposición que no duda en reclamar explicaciones, sino a una sociedad mallorquina y española que obtiene la callada por respuesta.


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