Al menos dos de los CDR detenidos el lunes acusados de delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos han reconocido ante la Guardia Civil haber comprado y haber hecho pruebas para la fabricación de artefactos, según han confirmado fuentes de la investigación.

Otro de los detenidos ha presentado, por su parte, un habeas corpus para ser puesto de forma inmediata a disposición judicial.

Según ha confirmado Efe, los detenidos que han confesado han admitido su participación en la adquisición de diversas sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.

Además, han señalado que habían adquirido “el compromiso” de cometer alguna acción para “meter ruido” de cara al aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Según han detallado a Efe fuentes de la investigación, en uno de los vídeos captados por la Guardia Civil y que se les habría mostrado aparecen algunos de ellos haciendo pruebas con las sustancias explosivas en una cantera.

En la operación desarrollada el lunes fueron arrestados 9 presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), si bien a última hora del lunes dos de ellos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la Audiencia Nacional cuando se les cite, y se les mantuvo la acusación de terrorismo.

El juez Manuel García Castellón interrogará a primera hora del jueves a los 7 presuntos detenidos que han permanecido en dependencias de la Guardia Civil.

En una nota difundida a raíz de las detenciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional explicó que se les acusa de ultimar acciones terroristas, que presuntamente iban a perpetrar con el material para fabricar explosivos caseros que se les intervino.

Además, tenían en su poder consultas en Google, información e incluso planos sobre edificios públicos, entre los que figura una casa cuartel de la Guardia Civil.

La operación, que se encuentra bajo secreto sumarial, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas, según señalaron a Efe fuentes jurídicas.

Finalmente el lunes se decidió ponerla en marcha ante la “certeza” de que se iban a perpetrar acciones terroristas entre el aniversario del 1-O y la sentencia del “procés”, prevista para la primera quincena de octubre.