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Tribunales

El CGPJ suspenderá a una jueza de paz que denunció falsamente a su ex marido de abusar sexualmente de su hija de 15 meses

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La condición que ostenta, aunque por poco tiempo, de jueza de paz de un municipio de Jaén no resultó ningún obstáculo para que intentara por todos los medios alejar a su hija de apenas 15 años de su padre, del cual se había separado poco antes, aunque para ello denunciara que la pequeña podía haber sido objeto de abusos sexuales por su ex marido con pleno conocimiento de tal hecho era falso. Ello ha derivado en que un juzgado de lo Penal de Jaén le haya condenado a seis meses de cárcel y una multa de algo más de dos mil euros. Consecuencia de esta condena, el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites para suspenderla provisionalmente, al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto. Esta decisión fue acordada por la Comisión Permanente del pasado día 12 y ha dado traslado a la Fiscalía y a la propia interesada para que se pronuncien a tal efecto.

Sin embargo, en estos casos no hay dudas ni margen para la interpretación, y una condena conlleva una suspensión. De hecho, esa medida, según fuentes jurídicas, se debería haber adoptado cuando se acordó por el juzgado de Instrucción la apertura de juicio oral. Si la Audiencia de Jáen confirmase la condena perderá su condición de juez de paz.

La sentencia considera acreditado que la acusada, “a sabiendas de su falsedad y obrando con un manifiesto ánimo de faltar a la verdad”, llevó a su hija en noviembre de 2017, que entonces tenía 15 meses, al servicio de urgencias de un centro sanitario de un municipio distinto de donde residían, «afirmando que su hija podía haber sido objeto de abusos sexuales durante la estancia con su padre», el fin de semana anterior. La pediatra que reconoció a la pequeña no observó nada extraño, «pese a lo cual y ante la solicitud expresa de la acusada, se puso en marcha el protocolo judicial previsto para estos casos». De esta forma, se contactó con el juzgado de guardia, quien dio aviso al médico forense. El facultativo no llegó a reconocerla, pero sí lo hizo en su lugar otra pediatra, la cual, al igual que la primera, «tampoco encontró nada extraño en la zona genital de la menor». Consecuencia de todo ello, se inició un procedimiento judicial por la denuncia de la madre, que fue archivado de plano en muy corto espacio de tiempo.

La resolución, tras valorar toda la prueba y de forma especial las declaraciones de tres médico-pediatras, rechaza de plano la versión de la acusada de que nunca atribuyó la comisión de un delito abusos sexuales a su ex marido y que fueron esos facultativos “quienes le sugirieron si había pensado que podría tratarse de un abuso sexual y que fueron ellos los que decidieron comunicarlo al juzgado». Tal versión fue desmentida rotundamente por los facultativas. Así, uno de los que primero exploró a la niña manifestó en el juicio que cuando la madre llegó con la niña a la consulta «le dijo que su padre le había dado a la niña y tenía una lesión en sus partes genitales y quería saber si había sido tocada con un pene».

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Esta manifestación vino a coincidir con la de otra pediatra, quien aseguró que en el centro sanitario la madre le dijo que acudía «por un tema de abusos sexuales», pero que la tras la exploración de la menor «le indicó que el juicio clínico era dermatitis de pañal», a pesar de lo cual la acusada «le dijo si era consecuencia de abusos sexuales y que la menor venía de pasar el fin de semana con su padre».

La conclusión a la que llega el juez es rotunda: la acusada, «pese a ser conocedora que la menor no presentaba indicios de abusos sexuales, tal y como le manifestaron los pediatras en distintas ocasiones, teniendo conciencia de que esos hechos no se correspondían a la realidad, llevó a cabo determinados actos destinados a provocar la intervención judicial, iniciándose las corespondientes diligencias procesales».

Ahora, no sólo tiene esta sentencia condenatoria, sino que, consecuencia de ella, será suspendida provisionalmente por el Consejo General del Poder Judicial. No podrá, por tanto, “impartir justicia” en su municipio, precisamente, por haber actuado en contra de lo que ésta representa.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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