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El felón Sánchez quiere la libertad de Junqueras antes de las elecciones. Es una traición a España y a la judicatura, pero no le importa

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Pedro Sánchez está dispuesto a jugar a fondo la carta de excarcelar a Oriol Junqueras y al resto de los presos del procés por tres razones: sabe que facilita la negociación de los presupuestos con ERC; considera que perjudica las expectativas de Carles Puigdemont y favorece las de Miquel Iceta en las próximas elecciones catalanas; y contribuye a destensar el clima político en Cataluña (una de las comunidades que los socialistas señalan como claves para perpetuarse en el poder).

La cuestión es a qué ritmo va a propulsar Sánchez las dos vías que ha abierto (la reforma del código penal y el indulto) para la salida de prisión de los dirigentes independentistas. “Solo hay una respuesta respecto al ritmo y es ‘depende’. Pero está claro que una de las opciones es hacerlo a la mayor velocidad para recoger los frutos en las elecciones catalanas”, dicen fuentes conocedoras de los planes que hay sobre la mesa en Moncloa.

El equipo de Sánchez tiene, como siempre, un ojo sobre las siempre dominantes encuestas. Quiere conocer el efecto demoscópico que ha tenido el reciente anuncio del Gobierno de tramitar a partir de esta semana las solicitudes de indultos de los dirigentes independentistas para decidir los próximos pasos.

Pero, digan lo que digan las encuestas sobre los indultos, el Gobierno ya ha lanzado la reforma del código penal para rebajar las penas asociadas al delito de sedición con el fin de culminarla antes de acabar el año, es decir, antes de las elecciones catalanas (que se celebrarán o bien a finales de enero o bien a principios de febrero). Conviene recordar en este punto que en el caso rebajarse las penas por sedición, la reducción se aplicaría automáticamente a los condenados.

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Sánchez quiere frenar a la ANC

Junqueras, no obstante, se niega a dar por buena la solución de la reforma del código penal y es muy escéptico respecto a los indultos, aunque aquí hay opiniones para todos los gustos entre los presos del procés.

En cualquier caso, el Gobierno quiere mantener abiertas todas sus apuestas respecto al conflicto catalán, entre otras, la de la mesa de diálogo, un artefacto que ha actuado como gran escaparate de la oferta política de Sánchez dirigida al soberanismo y que, por vacío que estuviera, ha permitido trabajar con comodidad en la trastienda.

En este contexto se prepara el Gobierno para el anuncio inminente del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Confía Moncloa en que todas las salidas políticas que ha mostrado a ERC hayan servido para rebajar la agitación soberanista y, en particular, hayan servido para enfriar al brazo civil del independentismo, la ANC, en horas bajas.

Pero hay circunstancias que se escapan por completo al control del Gobierno como, por ejemplo, la reacción de los CDR ante la inhabilitación de Torra. Los Mossos están alerta desde la semana pasada porque temen actos de vandalismo en la línea de lo ocurrido tras la sentencia del procés. De lo que suceda en las calles también dependerá el ritmo del Gobierno respecto a las excarcelaciones.

La función de Ciudadanos es bajar el precio

En paralelo, Sánchez está logrando mantener a Ciudadanos a disposición para negociar los presupuestos. Se jactan los socialistas de la jugada que han hecho con el anuncio de la tramitación de los indultos. “Las cosas son como son. Edmundo Bal (portavoz de Ciudadanos en el Congreso) es abogado del Estado, conoce perfectamente el ordenamiento jurídico y no puede decir nada ni romper nada porque el Gobierno haya realizado un trámite con los indultos que es de obligado cumplimiento. Y esto es una ventaja, claro que lo es”, dicen los estrategas socialistas.

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Celebra el PSOE que Ciudadanos esté en el juego de las negociaciones porque la presencia de los de Inés Arrimadas contribuye a rebajar el precio con ERC. Pero nadie se atreve a augurar el pacto con Cs.

El problema es que nadie se fía de nadie porque Sánchez ya ha repartido demasiadas sorpresas de última hora. Se desayunó un día ERC con que Ciudadanos era nuevo socio preferente para pactar prórrogas de estado de alarma, igual que Ciudadanos se merendó otro día que el PSOE había cerrado con Bildu una derogación de la reforma laboral. Así que ahora todos buscan garantías y más garantías sobre las garantías

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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