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¿Estará la Iglesia a la altura?

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Franco salvó a España de un régimen criminal, salido de elecciones fraudulentas, es decir, de un golpe de estado, y compuesto de totalitarios y separatistas. Un régimen que amenazaba muy seriamente no solo las libertades políticas sino la libertad personal, la integridad nacional y la cultura cristiana. Salvó también a la Iglesia del exterminio y a una monarquía que todos daban por periclitada para siempre después de su vergonzoso autogolpe de 1931.

Su régimen, autoritario pero no totalitario, con gran libertad personal y libertades políticas restringidas para comunistas y separatistas, reconstruyó el país brillantemente con las propias fuerzas de España y lo hizo en medio de una delictiva hostilidad de casi todo el resto del mundo, a la que derrotó finalmente; y sin deber nada a la ayuda de Usa, al contrario que los demás países de Europa occidental.

El franquismo desarrolló al país convirtiéndolo en uno de los más prósperos del mundo, con mayor esperanza de vida que el resto de Europa exceptuando a Suecia y alguno más, y los índices de salud social mejores del continente. Los tremendo odios políticos y sociales que habían hecho de la república un caos hasta destruirla, desaparecieron, y por primera vez fue posible pensar en una democracia estable y sin convulsiones, aprobada en referéndum de diciembre de 1976, desde el franquismo y no contra él. Por ello, y gracias a Franco, España es un país libre de deudas políticas, económicas y morales, pues se debe su democracia a sí misma, no a la intervención del ejército useño ni a la ayuda indirecta de Stalin ni al Plan Marshall, como el resto de Europa occidental. Por todos estos hechos indiscutibles y perfectamente constatables al margen de cualquier propaganda, Franco resalta como el estadista más importante, con mucho, que ha tenido España en bastantes siglos.

Por lo tanto le deben agradecimiento sin reparos no solo la monarquía y la Iglesia, también la democracia. Y se lo debe Europa entera, primero por haber impedido que el continente se viera encajonado entre dos regímenes soviéticos, en segundo lugar por haber librado de las atrocidades de la guerra mundial a una parte significativa del continente, y finalmente por haber librado a una parte de Europa de la tutela useña, sin duda mucho más favorable y fructífera que la dominación soviética, pero siempre una carga y una deuda que testimonian la decadencia política, militar y cultural europea. Asimismo los judíos tienen una deuda con Franco, pagada por Israel con la ingratitud de propiciar el aislamiento de España, que de no ser por la previsión y habilidad diplomática del régimen, habría provocado una gran hambruna.

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Hoy, unos políticos delincuentes, dirigidos por un falso doctor relacionado familiarmente con la prostitución homosexual y embustero compulsivo, tratan de profanar y ultrajar los restos de Franco. Con ese sujeto ha tomado impulso un nuevo frente popular, compuesto como el de la guerra por partidos de tendencia totalitaria y separatistas. Partidos y políticos que se retratan a sí mismos cuando califican de “víctimas del franquismo” a los torturadores y asesinos de las chekas juzgados y fusilados por sus crímenes después de la guerra, torturadores y asesinos con los que así se identifican y solidarizan. Y víctimas, en todo caso, de los jefes de aquel frente popular que huyeron llevándose enormes tesoros expoliados al país entero y abandonando a su suerte a aquellos sicarios. Solo personajes de la catadura del falso doctor, auténtico estafador que está en el poder sin pasar por las urnas, pueden planear el ultraje y la profanación a quien libró a España de una peste parecida a la de ellos mismos.

Legalmente, la profanación es imposible, pero la ley nunca ha preocupado a tales sujetos. Y aquí entra, para empezar, la Iglesia, cuyos dirigentes parecen renegar de quien la salvó directamente del exterminio. El Vaticano ha aprobado lo que llama exhumación de los restos de Franco. Esto es una nueva y tremenda traición después de las perpetradas en vida del estadista, cuando sectores importantes del clero apoyaron a los terroristas de la ETA, a los comunistas y a los separatistas, de los cuales han recibido a su vez la gratitud debida en forma de desprecio, agresiones y ataque permanente.

Pero los profanadores del gobierno se han encontrado con que, de perpetrar su fechoría en el Valle de los Caídos, los restos de Franco irían a la catedral de la Almudena, en el centro mismo de Madrid, cosa inconveniente para ellos. Por lo tanto, después de haber comprobado la debilidad, por llamarla de algún modo, del Vaticano, han acudido al chantaje puro y simple, amenazando a la Iglesia con expropiaciones y castigos económicos si no accede a privar de su último derecho a los familiares del Caudillo, si no colabora en llevar los restos a algún lugar poco accesible, donde fuera más fácil seguir ultrajándolos.

¿Se doblegará la Iglesia al chantaje? Parece bien claro que tratándose de Juan Pablo II ni siquiera se les habría ocurrido plantearlo a los profanadores. Pero el papa actual ha demostrado ya varias veces su hispanofobia y su ambigua predilección política por regímenes como los de Maduro, Kirchner, Castro, o su claudicación ante el régimen comunista chino, por lo que no sabemos si en este caso duplicará su claudicación con otra aún más grave.

Están ocurriendo cosas gravísimas. Mucha gente cree que las traiciones morales no tienen importancia práctica. Se equivocan. El apoyo de sectores de la Iglesia a los enemigos de Franco, que también habían sido los exterminadores de la Iglesia, valieron a esta una crisis de descrédito y retroceso en España, y el mayor desprecio y odio de aquellos a quienes favorecieron. Y ceder ahora al chantaje o, peor aún, caer en la complicidad con un gobierno delincuente, sería una catástrofe no solo para ella, sino para España entera.

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No vivimos en la Arcadia Feliz, sino en tiempos de excepción. Por Ernesto Milá.

Ernesto Milá

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Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años. Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro tiempo.

Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”. Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”, cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar, cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar, cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan cada día en toda nuestra geografía nacional.

Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí, incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado. Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado, pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales, se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso, avisar al seguro…

Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está afrontando situaciones excepcionales.

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Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso, boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además, en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país: y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de chantaje a falta de otra explicación.

¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en épocas “anómalas”.

Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.

Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.

Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza, el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar hace años.

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Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100 años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales, hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las cosas han ido demasiado lejos.

Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque, en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante -muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos de anormalidad.

Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer estándares de normalidad (esto es, todo lo que fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.

 

Ernesto Milá. 

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