JM (Reproducido)- Alberto Royuela Fernández, de 81 años (nació en 1938), padre de seis hijos, maestro industrial electricista que ha trabajado fundamentalmente en su empresa de electricidad (tenía 180 empleados) y como “subastero”, es decir, experto en pujas en las subastas judiciales. De madre y familia vasca pero que siempre ha vivido en Barcelona. Su madre murió, abandonada por su marido, cuando él tenía cuatro años y su padre, cuando tenía cinco. Tuvo tres hermanos, evacuados con seis y siete años a la URSS durante la guerra, a los queconoció con 25 años y que a la vuelta se afiliaron al PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, de ideología comunista). Uno de ellos había llegado a ser Teniente Coronel del Ejército Rojo.

Alberto se ha definido a sí mismo en muchas ocasiones como falangista “joseantoniano y nacional sindicalista”, añadiendo que perteneció a los Servicios de Información del Régimen anterior (“asuntos internos” del Movimiento); escribió un libro titulado Diccionario de la Ultraderecha (Dopesa, 1977) y era admirador de Blas Piñar. En 1971, cuando era Consejero Local del Movimiento por Barcelona, interpuso una denuncia contra el Opus Dei por actos contra el Movimiento Nacional. En 1976, siendo por entonces secretario general de la falangista Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, fue detenido por motivos políticos arbitrarios; al año siguiente prácticamente desapareció la Hermandad por trabas administrativas y persecución policial. Aquello fue el inicio de una numerosísima serie de infundadas detenciones políticas por los más variados motivos, seguidas de posteriores puestas en libertad sin condenas: declaraciones sobre el paradero de los secuestrados Oriol y Villaescusa en febrero de 1977, atentado contra el semanario satírico El Papus en septiembre de 1977, ¡el Atentado de Bolonia! (obra de los servicios secretos italianos), asalto al Banco Central de Barcelona en mayo de 1981 aplicándole la ley “sin ninguna prueba” según sus declaraciones, incidentes en la Plaza de Oriente de Madrid el 20N de 1981, etc.

En 1982 Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA) empezó a subcontratarle trabajos cada vez peores, teniendo que cerrar su empresa y dedicarse a las subastas para aprovechar su experiencia, llegando a ser determinante en los remates judiciales en los años 80. En ese negocio frecuentemente sufría denuncias o eran paralizadas las subastas, lo que hacía pensar a sus abogados que eran instigadas por los fiscales[ii].

Sobre el año 1992 descubrió que todos sus teléfonos estaban “pinchados”.

Pero en 1993 murió su hijo Javier Royuela Samit, oficialmente por una sobredosis de droga; antes había sufrido otras dos. Estuvieron buscándolo todo un día hasta que una policía municipal les avisó de que había aparecido “muerto en la calle San Pablo, enfrente de la Guardia Civil”. En el atestado ponía “varón no identificado de raza árabe”, y también en las actuaciones del juzgado, a pesar de que el cadáver portaba su DNI. Además, en comisaría dijeron que les habían estado llamando a casa, lo que no cuadra con la falta de identificación. Aunque la familia armó jaleo, la cosa quedó ahí, como algo extraño y como mala praxis judicial.

El padre estuvo yendo todas las semanas durante tres años al cementerio, hasta que un día encontró pintadas que decían: “un Royuela menos”.

Juan Alberto Belloch, el Ministro de Justicia e Interior en 1994/96, con sus Secretarias de Estado Mª Teresa Fernández de la Vega (Justicia) y Margarita Robles (Interior). Y los ya jubilados fiscales Mena y Jiménez Villarejo.

Juan Alberto Belloch

A partir de aquí se cruzan en su vida los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, e incluso Margarita Robles Fernández (León, 1957), quien fue la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Barcelona, con 34 años, entre 1991 y 1993. Cada vez que ganaba una subasta era denunciado por abogados laboralistas por “maquinar para alterar el precio de las cosas”. En uno de los juicios la juez Margarita Robles le condenó a tres años y medio; por lo general las condenas a más de tres años las apelaba en Madrid y siempre acababa ganando el juicio tras su repetición sin intervención de ningún juez que hubiera participado antes. Debido a todo esto comenzó a hacer averiguaciones y se enteró por su hermano Fidel, que aún conservaba muy buenos contactos en Rusia, que ambos fiscales pertenecían a la organización “Bandera Roja” y estaban a las órdenes del Kremlin. Villarejo y Mena militaban formalmente en el PSUC (siendo uno malagueño y el otro burgalés), juntos fundaron la clandestina asociación Justicia Democrática (1972) y la Unión Progresista de Fiscales (1980), y fueron Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respectiva y sucesivamente, entre 1987/1995 y 1996/2006. He ahí la motivación política de la persecución.

Más adelante, por otros contactos, Alberto supo que había una especie de “servicio secreto del PSOE”, en gran medida diseñado por Juan Alberto Belloch (fundador en 1984 de la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y portavoz del colectivo progresista Jueces para la Democracia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1990/93 y por entonces Ministro de Justicia e Interior con Felipe González -1993/96-), con la colaboración de Margarita Robles, su Secretaria de Estado de Interior, y al que Mena y Villarejo pertenecían.

A través de un amigo venezolano, Santiago Ospedales, Alberto pudo hacerse con documentos relativos a sus cuentas bancarias en Venezuela y otras naciones, informaciones que comprobó a través de Interpol y otros organismos, interponiendo con esa documentación una denuncia, en el Juzgado nº 32 de Barcelona, contra Mena, Villarejo y su círculo más cercano. Esta denuncia no fue admitida a trámite y, encima, además de acusarle de actuar por motivos de odio y políticos, fue sometido a una pericial para demostrar que estaba loco, cosa que, lógicamente, no cuajó. El juez venezolano de Tucacas que envió aquellas pruebas murió a consecuencia de un accidente[iii].

En 1999 Alberto fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, por una sentencia impuesta dos años antes por el tribunal que presidía Gerard Thomas Andreu, a dos años de cárcel por falsificación en documentos privados y estafa; previamente, en 1995 y por esta causa, la juez Rosario (Roser)Aixandríi Tarré había decretado la prisión preventiva de Royuela durante poco más de dos meses.

Prueba documental (trascripción y fascímil) de las órdenes de persecución de Mena a los Royuela.

Entre octubre de 2000 y junio de 2001 Alberto interpuso otras denuncias contra Villarejo, el Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomas, y la Magistrada de Instrucción, Aixandrí, con el resultado de ser condenado a año y medio de cárcel y multa de 12.960 € por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, condena que no cumplió por ser menos de dos años y no tener antecedentes penales. En julio de 2001 el Supremo archivó la denuncia de Royuela contra Mena y Villarejo, deduciendo testimonio contra él; la prensa, al dar la noticia, la acompañó con la de que Alberto había ido en las listas del GIL (Grupo Independiente Liberal), el partido de Jesús Gil. Un año después se presentó otra denuncia similar … con similar final.

Prueba documental (trascripción y fascímil) de las órdenes de persecución de Mena a los Royuela.
En 2001 fue detenido su hijo Santiago Royuela Samit (Barcelona, 1975) por fabricar una bomba casera y colocarla en un centro de okupas donde se iba a celebrar un concierto-homenaje a separatistas vascos; la bomba solo causó heridas a dos de los que la colocaban. En 2005 fue condenado a seis años de cárcel por “terrorismo no en banda armada”; más adelante se demostró por los papeles de Mena que éste forzó aquella condena. Santiago, licenciado en físicas, en su día militante de AUN y PxC, pasó en prisión casi 10 años por dos juicios de faltas, el anteriormente citado y otro casi continuación del mismo, por arrojar el teléfono móvil a otra persona, por lo que fue condenado a tres años y medio; salió de prisión definitivamente en 2016. Ha escrito el interesantísimo libro El Fiscal: Corrupción en la Fiscalía de Cataluña, basado en hechos reales, auto-editado (2020, Amazon), que narra su vida en prisión y el entorno de Mena, quien reconoció en sus papeles actuar contra él para frenar a su padre.

En 2003 el padre, Alberto Royuela, que había participado en la formación del partido político Plataforma per Cataluña (PxC) el año anterior, fue condenado por “denuncias falsas” de evasión de capitales contra Mena, Jiménez Villarejo y otros. Dos años después fue encausado por “vender cuadros robados”, hechos que se habían producido en 1998.

En resumen, con independencia de posibles prácticas poco elogiables en sus negocios, los Royuela habían sufrido hasta entonces una clarísima y dura persecución por la prensa y los organismos políticos y judiciales.

Morín

Morín, su mujer y uno de sus abortorios en Barcelona. Mena era su socio secretamente y también proporcionaba clientes a comisión, además de almacenar su archivo en una de las clínicas.
Pero la Providencia provocó en 2004 el comienzo del fin de la mano de la cadena de TV pública danesa DR, con su reportaje con cámara oculta de los abortorios del peruano “Doctor” Carlos Morín Gamarra. En sus barcelonesas clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé se hacían ilegales abortos tardíos de incluso siete y ocho meses (hasta 33 semanas) a mujeres que venían de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania e incluso Australia, constituyendo un vergonzoso caso emblemático a nivel mundial. Tras una larga batalla, el partido Alternativa Española (AES), fundamentalmente, y el Centro Jurídico Tomás Moro (inicialmente también E-Cristians) consiguieron que el Tribunal Supremo condenara en 2018 a un abortista por primera vez, cerrando sus tres clínicas.

Cuenta Alberto Royuela que Fernando Durán Salmerón, un camarada suyo de la Guardia de Franco, le contó que Mena era socio encubierto de su cuñado, el doctor Morín, y que por ello sabía que en una de sus clínicas tenía un zulo muy grande (Ginemedex, c/. Dalmases) al que solo tenían acceso Mena y otras dos personas, con documentación.

Le puso en contacto con tres trabajadores de la clínica y estos, un buen día, le dijeron que, debido a la denuncia por los abortos ilegales y el consiguiente riesgo de registro, les habían ordenado destruir la documentación de Mena. Alberto compró secretamente la documentación por 80.000 €; luego la trasladó a Francia, pagando por ello otra suma de dinero. Allí se examinaron las 36.000 carpetas, cada una con unas 15/20 hojas manuscritas por Mena y sus colaboradores, descubriéndose la trascendental importancia de su contenido, incluido el asesinato de Javier Royuela, el cual Mena no

Tras ello, Alberto Royuela y su hijo Santiago se dedicaron a estudiar la documentación, transcribirla literalmente y organizarla, para poder emplearla en denuncias y difundirla a través de las redes sociales y de su página web. En 2006, Alberto puso una denuncia en el Tribunal Supremo, pues Mena era aforado al ser desde 1996 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero todo eso merece un espacio mayor para su merecida exposición.