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Tribunales

La Ley Montero de Libertad Sexual amplía delitos, pero sin juzgados especializados

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La pretendida imagen de un Gobierno uniforme ha estado en peligro por el anteproyecto de la primera ley del Ministerio de Igualdad, la de Libertad Sexual y contra Violencias Sexuales. El empeño de Irene Montero de lograr la luz verde de la norma en Consejo de Ministros, sin más dilaciones, antes de la celebración del 8-M, obligó a la intervención a contrarreloj de Vicepresidencia primera y de Justicia, para pulir el encaje legal con proyectos dependientes de otros departamentos, además de invadir competencias autonómicas, entre otros extremos.

La Ley Montero acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual

El anteproyecto termina con la distinción entre agresión y abuso sexual, lo que conlleva una modificación del Código Penal. La reconsideración no acarrea en sí misma endurecimiento de las penas. Aún así, pasa a considerar sólo agresión cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento expreso, es decir, sin mediar una manifestación libre, “por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes”, de su voluntad expresa de participar en el acto -y lo hace con diferentes tipos de agravantes.

El texto legal amplia el foco equiparando la Ley de violencia sexual a la de género y se adapta al Convenio de Estambul que convierte en clave el consentimiento para determinar una violación. Es el conocido “Sólo sí es sí”. En ese ámbito, las novedades llegan ampliando la consideración de delito, incluyendo otros ámbitos distintos al de la pareja o de la ex pareja como el entorno laboral o los espacios públicos. El anteproyecto recoge el castigo con entre 1 y 4 años de cárcel los delitos contra la libertad sexual, penas que suben en función del tipo de delito y de la existencia de agravantes.
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El acoso sexual ve endurecidas las penas. De 3-7 meses o multa, a 6-12 meses, máximo 24 en los casos más graves, o multa superior; e inhabilitación profesional o para el cargo. En el caso de acoso reiterado, el llamado stalking, se elimina finalmente que deba alterar “gravemente” la vida cotidiana de la víctima. Basta que la altere como resultado de seguimientos, contactos insistentes o uso de datos.

La ley también conlleva la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con centros de crisis que atiendan a las víctimas las 24 horas del día. Para poder ejercer los derechos y acceder a los servicios, la acreditación de la existencia de una situación de violencia sexual no estará condicionada a la voluntad de la víctima de emprender acciones legales. Se concede a las víctimas derechos laborales como la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, acceso a programas específicos de empleo, además del acceso a ayudas económicas o prioridad para viviendas públicas.

Con la sensibilización y la prevención como pilares básicos del éxito de la norma, el papel lo aguanta todo. Sin embargo, el equipo de Igualdad se ha reservado la concreción de una estimación económica o deja en estudio durante un año la creación de juzgados específicos para hacer frente a la violencia sexual o si serán asumidos por los de violencia de género. Al anteproyecto, en todo caso, le queda un largo recorrido de informes y de tramitación en las Cortes, donde podrá sufrir modificaciones, lo cual complica los plazos para la luz verde definitiva a la ley. El entorno de Irene Montero ha barajado finales de este año 2020.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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