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Economía

La luz, los trenes regionales y el euribor subirán en 2019

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Los paquetes de telefonía y televisión de pago se van a encarecer
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El año 2019 se iniciará con subidas en la luz, los carburantes, varios productos de telefonía, los sellos y los billetes regionales, mientras que bajará el gas natural, en una media del 1,92% el IBI y se mantendrán las tarifas de Cercanías y las tasas aeroportuarias.

Estas variaciones van acompañadas de una subida del SMI a 900 euros, un 1,6% las pensiones, y se mantienen los precios de servicios básicos como el de Cercanías o las tasas aeroportuarias.

El IPC concluyó 2018 con un alza del 1,2%, según el dato adelantado por el INE, por debajo de la subida de los sueldos de empleados públicos este año (+1,75%) y del aumento de las pensiones, fijado finalmente en el 1,7%, con las consiguientes ganancias de poder adquisitivo en ambos colectivos, si bien se sitúa por debajo del incremento salarial pactado en convenio, que hasta noviembre alcanzaba el 1,7%.

En 2019, con una previsión del IPC del 1,2%, el salario de los funcionarios subirá al menos un 2,25%, a lo que se podrá sumar otro 0,25% en función del PIB y otro 0,25% por fondos adicionales; mientras que las pensiones se revalorizarán un 1,6% y las pensiones mínimas un 3%, junto a un alza del 22,3% del SMI, hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas.

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En lo que se refiere a la energía, los precios del sector empezarán con caídas, principalmente, debido a la bajada en los precios de la materia prima, con un barril de crudo instalado en torno a los 53 dólares y en espiral descendente desde el pasado mes de octubre.

Así, esta tendencia bajista en el precio del petróleo en el último trimestre ha llevado a los combustibles a cerrar el año en mínimos de 2018. El precio medio del litro de gasóleo se sitúa en los 1,163 euros, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE. Por su parte, la gasolina está en 1,211 euros.

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura) se congelará para 2019 por quinto año consecutivo, de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como ‘pool’, que afecta a algo más de un tercio del recibo.

No obstante, la tensión en el ‘pool’ se mantendrá en el arranque de 2019, después de cerrar 2018 con un precio medio por encima de los 57 euros por megavatio hora (MWh), el más alto en la última década.

Así, la factura de la luz ha cerrado 2018 con un encarecimiento interanual de más del 2%, a pesar de las medidas adoptadas el pasado mes de octubre por el Gobierno, como la suspensión temporal de dos de los impuestos que sufren las eléctricas, especialmente el que gravaba con un 7% la generación de electricidad, para contener el precio de la electricidad.

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Mientras, la tarifa de gas natural, que también verá congelados sus peajes, recibirá en enero a los consumidores domésticos con una bajada de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de un 4,6% de media respecto al último trimestre del año.

Por su parte, el precio de la bombona de butano se sitúa en 15,33 euros, tras haber subido un 4,93% en noviembre, por lo que habrá que esperar a mediados de mes para ver si se encarece por cuarto mes consecutivo o no.

En cuanto a las telecomunicaciones, Movistar anunció que subirá los precios de las cuotas mensuales de productos fijos y móviles, de los consumos extra -como mensajes de texto o establecimiento de llamadas-, de otros bonos y servicios adicionales y, a partir del 5 de febrero, de algunos de los paquetes Fusión. Vodafone y Orange no han desvelado por ahora si se sumarán al alza de precios.

En el capítulo de impuestos, si finalmente se aprueban los Presupuestos de 2019, el Gobierno incluirá un aumento del IRPF para las rentas muy altas y una tributación mínima de un 15% en Sociedades, así como un alza del 1% en Patrimonio para fortunas de más de 10 millones.

Asimismo, bajará del 10% al 4% el IVA de los productos de higiene femenina y del 21% al 10% el de servicios veterinarios, mientras que están pendientes de aprobación el nuevo impuestos a los servicios digitales y la creación del impuesto sobre transacciones financieras, así como el nuevo impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina.

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En materia de vivienda, las previsiones de los principales portales inmobiliarios apuntan a un alza tanto en la compra como en alquiler. Pisos.com cifra el aumento en entre un 5% y un 6%. En cuanto al Euríbor, éste cerró diciembre en el -0,13% y los expertos creen que continuará tendencia alcista y la subida será progresiva a largo plazo, aunque no es seguro que regrese al terreno positivo.

Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2019, que implicará a 1.179 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La actualización da como resultado una bajada media agregada del 1,92% del valor catastral.

Transporte

En cuanto a las tarifas de tren, Renfe congelará por cuarto año consecutivo los precios de los billetes de Cercanías, pero subirá un 3,5% el de los trenes de Media Distancia (regionales) y un 7% el de los Avant, los regionales que circulan por las vías del AVE. Los trenes de AVE y Larga Distancia no subirán con el cambio de año, si bien la operadora podría variarlo posteriormente a lo largo del ejercicio.

El peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración General del Estado subirá una media del 1,67% a partir del próximo 1 de enero. No obstante, en el caso de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y fueron rescatadas por el Estado, el precio del peaje bajará una media del 30% a partir del día 15 y además serán gratuitas de madrugada, entre las 0.00 y las 6.00 horas.

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Estas nueve vías son las cuatro radiales de Madrid, la AP-41 Madrid-Toledo, la M-12 Eje Aeropuerto que conecta Madrid con el aeródromo de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.

Las tasas aeroportuarias de Aena aplicables para 2019 se mantendrán congeladas de forma global, tras la rebaja del 2,2% aplicada en 2018, desde el 1 de marzo cuando entra en vigor, con el inicio de temporada alta del transporte aéreo.

No obstante, los parámetros para determinar el ingreso medio anual por pasajero se han revisado a la baja, tras el informe de la CNMC, que se ha fijado en 10,43 euros en 2019.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2017-2021, marco regulatorio que fija la senda tarifaria, contempla una rebaja del 11% en las tasas de Aena y garantiza que no podrán subirse hasta 2025 abriendo la puerta, en todo caso, a nuevas bajadas.

A ello se añade, la rebaja del 12% en las tasas de navegación aérea en 2019, recogida en el ‘Plan Vuelo 2020’ de ENAIRE, que supondrá para el ente dejar de ingresar 100 millones de euros. Esta medida tras la reducción del 3% aplicada en 2018 compensará el incremento del tráfico aéreo superior al previsto.

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Por otro lado, se mantiene la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares en el 75%.

El sello para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales subirá un 9% el 1 de enero de 2019, de forma que pasará a costar 0,60 euros, frente a los 0,55 euros actuales.

Se trata de una subida inferior a la del 10% de este año, pero es una de las más altas que esta tarifa postal, considerada de servicio publico, registra en los últimos años, tras la del 11,1% de 2017 y la del 10,5% que experimentó en 2015.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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