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Economía

Los créditos a la Seguridad Social disparan su deuda a casi 50.000 millones, récord histórico

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No por previsible deja de ser menos llamativo. El agujero de las arcas de la Seguridad Social, en términos de endeudamiento, roza ya los 50.000 millones de euros (en concreto, 49.944 millones según los últimos datos publicados ayer por el Banco de España) una vez computados los siete primeros meses del año. Se trata de un nuevo récord histórico, achacable en gran medida a las necesidades financieras del sistema, insuficiente por sus propios medios para abonar las pagas extra.

Los préstamos sucesivos que durante los tres últimos ejercicios viene concediendo el Estado a la Seguridad Social (10.192 millones en 2017, 13.830 millones en 2018 y 15.164 millones en 2019) han tenido como contrapartida negativa que han disparado su pasivo hasta niveles nunca vistos. Solo en lo que va de año ese débito se ha incrementado un 43% (un 2,5% de alza en julio, último mes computado), lo que supone otros 15.056 millones más pendientes de abonar a sus acreedores.

Si trasladamos esa realidad numérica –que incluye los más de 17.000 millones de la deuda histórica de la Seguridad Social con el Estado a cuenta del traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas– a las estadísticas de población, cada uno de los casi 47 millones de habitantes del país debería aportar 1.064 euros para saldar el pasivo existente hoy en día. Pero si circunscribimos el problema a la población activa –esto es, en disposición de trabajar–, el saldo a repartir por persona se duplicaría hasta 2.168 euros.

La bola, en cualquier caso, seguirá creciendo dado que el gasto ordinario en pensiones cada mes asciende a 9.644 millones en promedio, casi el doble de los poco más de 5.000 millones que quedan en la llamada ‘hucha’ del sistema. Hablamos del Fondo de Reserva que se creó hace más de dos décadas para hacer frente al fuerte incremento de jubilaciones que se preveía con la generación del denominado ‘baby boom’.

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Y dado que este Gobierno, como tampoco el gabinete anterior de Mariano Rajoy, quieren asumir la impopular imagen de agotar dicho Fondo seguirán recurriendo a los préstamos por tiempo indefinido. De hecho, la intención del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es que esa línea de crédito (sin intereses y a devolver en diez años) sea permanente, pudiendo disponerse de ella «a lo largo de cada ejercicio presupuestario».

Las pagas obligan

Es lo que viene pasando cuando la Seguridad Social ha de abonar las dos pagas extra anuales, a finales de junio y diciembre respectivamente, puesto que el gasto mensual se duplica en dichos períodos. Así, en junio utilizó 7.500 millones del préstamo de 2019 para cumplir con los 8,8 millones de pensionistas, mientras que el resto (hasta cubrir una suma de algo más de 19.000 millones) lo obtuvo gracias al incremento en las cotizaciones al sistema, que suben una media anual del 8%.

Pese a todo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sostuvo hace pocas semanas que en España «no hay un elevado gasto en pensiones» y, por tanto, la Seguridad Social «no tiene un problema» en ese aspecto aunque sí lo sufre en «déficit de ingresos». Por eso, hasta que se puedan ver otras medidas –la reforma del sistema sigue congelada desde hace más de un año y medio en el Parlamento ante la falta de consenso suficiente y, a priori, sería una de las prioridades del nuevo Gobierno–, admitió resignada que, «por ahora, no hay más remedio que seguir tirando de los préstamos».

La otra cara de las cuentas públicas la refleja el Estado, que en julio redujo su pasivo en 13.042 millones y fue el gran responsable de que la deuda del conjunto de las administraciones bajase un punto respecto al mes anterior –pero en tasa interanual subió un 3%–, lo que la aleja del máximo histórico alcanzado en junio. Su saldo, al cierre de los siete primeros meses del año, se situaba en 1,19 billones de euros y bajaba su peso hasta el 97,61 del Producto Interior Bruto (PIB), aunque aún está casi dos puntos por encima del objetivo planteado por el Ejecutivo para el cierre anual (95,8% del PIB).

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Los ayuntamientos, pese a aumentar su pasivo respecto a junio, fueron los que más lo redujeron durante los últimos doce meses: un 8% hasta quedar en 26.468 millones frente a los 299.504 millones de las comunidades autónomas (un 2,6% más).

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    Camila Díaz

    04/11/2019 at 14:41

    Los bancos se demoran demaciado en tramitar un préstamo, yo solicito un préstamo online cuando es de poca cantidad y Freezl.es brinda el mejor servicio, tambien podemos aplicar Freezlpromo-descuento, no necesitas aval

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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