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“Sorpresón” de Hacienda a los afectados por los ERTE: tendrán que presentar el IRPF aunque no coticen el mínimo (O aunque no hayan cobrado aún)

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La Agencia Tributaria les incluirá en la campaña de la Renta de 2020 pese a no superar los 22.000 euros de ingresos por haber tenido dos pagadores

Nuevas turbulencias en la gestión de los ERTE, después de los retrasos en el pago de las prestaciones para los trabajadores afectados. El Ministerio de Hacienda se reserva una ‘sorpresa’ para todos aquellos empleados incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo, una medida presentada por el Gobierno como una fórmula para evitar los despidos. En la declaración del próximo año, todos ellos estarán obligados a hacer la declaración de la renta pese a no llegar a los 22.000 euros anuales, el importe mínimo para que sea obligatorio cuando se dispone de un solo pagador.

Así lo confirman voces autorizadas del organismo que dirige María Jesús Montero, que destacan la ausencia de un plan dentro del Ministerio para aplicar esta exención. Las mismas fuentes aseguran, en este sentido, que “no se ha estudiado” la posibilidad de que aquellos trabajadores que coticen por debajo del límite obligatorio para hacer la declaración no tengan que presentarla el año que viene a pesar de haber cobrado del Servicio Público de Empleo Estatal por haber padecido un ERTE. Todo ello, pese a las peticiones presentadas en Hacienda en ese sentido por diferentes colectivos, plataformas y sindicatos. La última, registrada esta misma semana por la Unión Sindical Obrera (USO).

De esta forma, y según datos de la propia Agencia Tributaria, estos trabajadores que han recibido prestaciones del SEPE, y aunque no alcancen los 22.000 euros de renta anual, deberán hacer frente a un pago de la Renta, correspondiente al actual ejercicio, “de 200 a 400 euros de media. Una “penalización”, apuntan las fuentes consultadas, “casi segura”, teniendo en cuenta la existencia de “dos pagadores” como mínimo durante este año 2020: “Los trabajadores afectados por un ERTE van a tener que pagar, sí o sí, por haber cobrado del SEPE, que ya ha atendido a 3.000 personas afectadas por los expedientes de regulación vinculasos al coronavirus”.

La Agencia Tributaria abre en toda España el lunes

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Técnicos de Hacienda consultados por este diario admiten los “problemas” que pude suponer para un mileurista, que además ha entrado en un ERTE por la crisis sanitaria, pagar de 200 a 400 euros en la Renta del año que viene. No obstante, recuerdan que una exención para este colectivo “no sería justa del todo”, ya que “personas que se van al paro y cobran su prestación al año siguiente tienen que hacer la declaración, porque han cotizado de una empresa y del SEPE. Aquí, también se da el mismo caso”.

Las mismas fuentes, cuestionadas por la actual campaña de la renta, afirman que las declaraciones telemáticas experimentaron un fuerte incremento con el inicio del estado de alarma, por lo que desde Hacienda se confía en no tener que aprobar un calendario extraordinario para ampliar los plazos de presentación por parte de los contribuyentes. En ese sentido, anticipan que, a partir del próximo lunes, la Agencia Tributaria ya tendrá oficinas abiertas en toda España, para que los ciudadanos también puedan realizar su declaración de forma personal hasta el próximo 30 de junio.

Si para esa fecha queda aún un número importante de contribuyentes que no hayan realizado todavía su declaración de la Renta, el equipo de María Jesús Montoro no descara prorrogar hasta septiembre los plazos de presentación. Una solución que ya se estudió con el inicio del estado de alarma y que fue anticipada en estas páginas.

Los ERTE vinculados a la crisis sanitaria del Covid fueron presentados por el Gobierno como la mejor solución posible tanto para empresarios como para trabajadores, ya que, a través de estos expedientes temporales, “se evita enviar gente al paro”, tal y como declaró la ministra Yolanda Díaz. Ahora, el Ejecutivo está teniendo serios problemas para llegar a un acuerdo con los agentes sociales, que se niegan a ver rebajadas las exenciones fiscales aplicadas para estos tipos de ERTE.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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