La expectación generada por la decisión que ha hecho hoy pública el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario está justificada en términos políticos, pero es más discutible que lo esté desde el punto de vista jurídico. Junqueras no ha adquirido la condición de parlamentario europeo -la Eurocámara consideró que era un asunto sometido a las leyes españolas-, fue procesado y acusado antes de que se celebraran las elecciones europeas y está condenado en firme por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a trece años de prisión y otros tantos de inhabilitación por delitos de sedición y malversación. El abogado general del TJUE, aunque informó a favor de su inmunidad parlamentaria, con unos razonamientos manifiestamente débiles, apuntó al final que la decisión del tribunal habría perdido su objeto como consecuencia de la condena en firme impuesta al exvicepresidente de la Generalitat. Con estas condiciones jurídicas, el escenario de condena firme y permanencia en prisión es inalterable para Junqueras, al menos desde la perspectiva de la legislación de la UE. En todo caso, será el Tribunal Supremo el que decida cómo aplicar la resolución del Tribunal europeo.

Tampoco está predeterminado que la decisión del TJUE, aunque deje a Junqueras como está -condenado, inhabilitado y preso- pueda beneficiar a Carles Puigdemont en su doble pugna judicial por evitar ser entregado a España, en virtud de la euroorden emitida por el magistrado Pablo Llarena, y por obtener la condición de parlamentario europeo que le denegó la propia Eurocámara. Puigdemont está procesado por sedición y malversación con anterioridad a la celebración de las elecciones europeas, por lo que en caso de que se le reconociera inmunidad no debería tener efecto retroactivo, menos aún por hechos que nada tienen que ver con la actividad del Parlamento europeo. La única expectativa de Puigdemont si vuelve a España es ser detenido e ingresar en prisión para ser juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Parece necesario aclarar estas obviedades, que están siendo distorsionadas continuamente por efecto de la negociación política entre el PSOE y los partidos separatistas catalanes, como si las decisiones de los tribunales de Justicia fueran mercancía reversible en el mercado de los pactos. Ni socialistas ni separatistas deben conjugar en sus planes el curso de los procesos judiciales, porque no está en su mano alterarlo, salvo que el PSOE esté dispuesto a quebrar los pilares del Estado de Derecho en esa dinámica de hacer «lo que sea» para lograr el apoyo de ERC, como pidió expresamente Miquel Iceta. Y en «lo que sea» ya se sabe que el PSOE es capaz de muchas cosas.