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Tribunales

Prisión incomunicada sin fianza para los cuatro detenidos por el asesinato de un guardia civil en Don Benito

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La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Don Benito ha decretado prisión incomunicada sin fianza para los cuatro detenidos por la muerte en esta localidad pacense del guardia civil Juan Francisco Lozano, de 50 años, tras intentar mediar en una pelea cuando estaba fuera de servicio.

Los cuatro detenidos, que a esta hora van camino de la prisión de Badajoz, han pasado casi doce horas en dependencias judiciales, donde han prestado declaración ante la jueza, que ha decretado también el secreto de sumario del caso.

Dos de los tres hermanos detenidos por este suceso están investigados por homicidio, mientras que el otro es por encubrimiento, según ha afirmado a EFE su letrado, José Duarte.

Además, hay un cuarto investigado también por encubrimiento, y todos ellos pasaron esta mañana, antes de las 10:00 horas, a disposición judicial, después de permanecer cerca de 48 horas en la Comisaría de la Policía Nacional de Don Benito, donde ellos mismos se personaron tras las gestiones realizadas por el abogado que los representa con distintos agentes policiales.

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En declaraciones a los medios tras conocerse la decisión de la jueza de enviarlos a todos a prisión, Duarte ha matizado que «no lo hace en el mismo grado de implicación» para los cuatro.

Uno de los hermanos ha sido el que se ha declarado autor material de los hechos, aunque el abogado defensor no ha facilitado más información al respecto por estar el caso bajo secreto de sumario.

Ha destacado también que sus defendidos colaborarán en todo momento para esclarecer los hechos, además de recordar que «se entregaron voluntariamente y participaron en la inspección ocular del inmueble».

Los acusados, según José Duarte, «se han mostrado muy arrepentidos» y han declarado que en el momento del suceso se encontraban bajo los efectos del alcohol.

A su juicio, la magistrada entiende que «aún existe riesgo de obstrucción a la justicia y teniendo en cuenta que las diligencias aún están abiertas es por eso que ha decretado el ingreso en prisión» de los cuatro detenidos.

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En cuanto al arma homicida, el principal implicado ha reconocido que «aunque es complicado, se puede localizar» y se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando en ese sentido, según su abogado.

Aunque ha reconocido que la decisión de enviar a todos a prisión es contraria a los intereses de sus defendidos, «lo único que nos queda es respetar» lo que ha determinado la jueza, de quien ha dicho que «ha hecho un buen trabajo».

Duarte ha indicado que los cuatro implicados «están destrozados, nunca esperaban que este fuera el desenlace» a la vez que han trasladado el pésame a la familia del fallecido.

Finalmente, este abogado penalista ha dicho que «no es el momento de recurrir», sino de «colaborar» para esclarecer los hechos para que el arma homicida aparezca.

El guardia civil Juan Francisco Lozano falleció en la madrugada del pasado día 1 tras ser apuñalado mortalmente en la Plaza de España de Don Benito, después de haber intentado mediar en una reyerta que había tenido lugar en un bar de las inmediaciones.

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El agente, que estaba destinado en la localidad guipuzcoana de Zarauz, era natural de Don Benito, adonde había viajado para disfrutar de los días del puente.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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