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Tribunales

Denunciada ante Europa la corrupción sistemática del CGPJ y del Ministerio Fiscal

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Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid.
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Javier Marzal Mercader*.- En agosto saltó a medios de comunicación alternativos, que la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción denunció ante el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), la corrupción sistemática y permanente del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y de los Diputados y Senadores desde julio de 1985, así como la IMPUNIDAD de los jueces.

El Grupo de Estados contra la Corrupción es el organismo de la Unión Europea que es experto en corrupción de los tres poderes públicos. Está formado por los 47 países adscritos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su función consiste en estudiar la corrupción de los poderes públicos, sugerir medidas para controlarla y revisar el cumplimiento de estas medidas.

Se denunció que esta corrupción tiene su origen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, mantenida en las reformas, así como en las malas prácticas de los funcionarios públicos de los organismos referidos y de los jueces.

La opacidad del CGPJ respecto de las denuncias contra fiscales y jueces, incumpliendo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

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Si el PSOE de Felipe González, fue absolutamente descarado al eliminar la independencia judicial en 1985, lo mismo hizo el PP de Rajoy que eliminó la responsabilidad civil de los jueces frente a terceros en 2015.

En la denuncia se dice: “Así las cosas, tenemos por una parte a unos Jueces, Tribunales y CGPJ que jamás actúan contra los Jueces y Magistrados, y a una Fiscalía que por corporativismo tampoco lo hará; este sistema además, resulta si cabe aún más viciado y abusivo, dado que todos los que lo integran, jueces, fiscales, congresistas y senadores están aforados, de tal manera que al corporativismo y prevaricación para no actuar unos en contra de otros se suma un sistema de protección especial a la hora de ser Juzgados. Así, España es el país del mundo con más aforamientos”.

En la denuncia se aportan datos estadísticos con los que afirman se certifica “LA CORRUPCIÓN Y PREVARICACIÓN SISTEMÁTICA DEL CGPJ y DE LA FISCALÍA”.

El autoritarismo judicial vuelve a quedar en evidencia con la acusación: “Hay que resaltar que el CGPJ siempre que un Juez pide amparo en estos términos, se lo conceda, con el objeto de amedrentar a los ciudadanos, letrados, asociaciones o instituciones que están denunciando los actos irregulares o ilícitos de algún Juez”.

En las conclusiones de la denuncia se dice: “es de interés por esta parte, manifestar que España no cumple normas, protocolos de actuación, ni tratados a los que esté adscrita, y se informa dado que el hecho de que se protocolice o se ponga una pretendida solución en una supuesta norma será a buen seguro estéril e inútil, ya que España no la cumplirá, al igual que como consta en la presente denuncia no cumple su propia legislación (Ley orgánica del poder judicial, Estatuto del ministerio fiscal, etc)”.

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“Rogamos encarecidamente, se proceda a actuar firmemente contra España, sancionándola, y exigiendo que se tomen medidas urgentes contra el Consejo General del Poder Judicial, El Ministerio Fiscal, miembros del Congreso y del Senado”.

La denuncia incluye referencias a otras denuncias de abogados, personas y asociaciones, contra estos organismos; información periodística; datos estadísticos, etc., describiendo una situación de corrupción sistémica donde las autoridades públicas no cumplen la ley por norma.

En definitiva, los jueces tienen una absoluta IMPUNIDAD que les empuja a incumplir las leyes, a vender sus sentencias, a aplicar sus ignorantes creencias, a encubrir al resto de las autoridades públicas, manteniendo un sistema abusivo y autoritario, que podemos denominar abusocracia.

*Presidente de ANVIPED, Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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