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Economía

El Gobierno lanza una guía para las empresas: deberán parar su actividad si hay riesgo de contagio por coronavirus

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
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El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía dirigida a empresas donde recomienda que paralicen su actividad laboral en caso de peligro de contagio por coronavirus y deja la puerta abierta a que las compañías adopten otras medidas como el teletrabajo o la suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

El documento ha recibido las críticas de organizaciones empresariales como CEPYME o la CEOE, quienes consideran que el Ministerio de Trabajo y Economía Social comete “un grave error al dar difusión a una guía de actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus que genera alerta y confusión al no corresponder con la valoración del riesgo realizada por el Ministerio de Sanidad”.

Asimismo, han señalado que el departamento que dirige Yolanda Díaz “no ha contado con la participación de las empresas y los sindicatos, a pesar de que ya se lo habíamos solicitado previamente, contribuyendo con ello a una mayor incertidumbre”, por lo que creen que “el ministerio desoye a los interlocutores sociales y deja al margen la necesaria protección de las empresas en un momento trascendente”.

Tras hacerse público el documento, la ministra ha asegurado que la implantación de este protocolo para las empresas es “una medida extrema para un caso extremo”, a la vez que lanza a las compañías un mensaje de absoluta tranquilidad: “En esa guía se dan los canales y normas que deberíamos aplicar en situaciones de muy elevado riesgo”, ha explicado la ministra.

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“Riesgo grave o inminente”

El documento señala que, cuando los trabajadores “estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente”, la empresa estará “obligada a informar lo antes posible” acerca de la existencia del mismo y a “adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para los empleados puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo”, explica el documento.

En este sentido, recoge, los trabajadores y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de estas medidas, “a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.

Sin embargo, no estarán recogidos dentro de este supuesto “la mera suposición o la alarma social generada” y, por ello, el Ministerio insta a las empresas a realizar una valoración carente de apreciaciones subjetivas, “que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio para los trabajadores”.

Otras medidas alternativas

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El departamento que dirige Yolanda Díaz también propone otras medidas alternativas a este cese como el teletrabajo o la suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación temporal de empleo.

El primero podría adoptarse con un carácter excepcional, sin que suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud, así como tampoco una merma de derechos profesionales (salario, jornada o descansos). Además, la medida deberá garantizar que los trabajadores no estarán expuestos a algún coste adicional por realizar la actividad en su domicilio.

Por su parte, las empresas también podrán suspender total o parcialmente su actividad a través de un expediente de regulación temporal de empleo en el caso de que vea afectada su actividad por causas organizativas, técnicas o de producción, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores (ET)

En este sentido, explica el documento, se podrá llevar a cabo un ERTE si se registran problemas de escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos, así como por un descenso de la demanda que conlleve la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto o un exceso de productos fabricados, como consecuencia de la disminución de la actividad.

Asimismo, en el caso de que la empresa afectada decida no llevar a cabo dicho proceso de regulación pero, igualmente, deba paralizar su actividad, “resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 30 del ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su salario”, recoge la guía.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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