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Economía

El programa económico de Vox: un sistema mixto de pensiones y abaratar el coste del despido

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Santiago Abascal
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Vox, la formación liderada por Santiago Abascal, ha hecho público su programa económico «para recuperar la clase media trabajadora y apoyar a las familias», algo que pretenden lograr abaratando el coste del despido, aprobando el cheque escolar y reduciendo el gasto público.

A través de su página web, Vox ha compartido dos documentos -una propuesta tributaria y otra para la reducción de gasto- en los que se detallan cuales son las medidas que la formación querría aprobar tras las elecciones generales del 28 de abril.

En materia de pensiones, Vox alerta sobre la inminente «avalancha de pensionistas», frente a la cual es «esencial y urgente abordar reformas de calado». En concreto, el partido habla de «acometer una reforma estructural del modelo de pensiones», transitando hacia un sistema mixto.

El paso a este sistema sería, según detalla el programa, de forma «progresiva», e implicaría un 50%-50% basado en la capitalización y en el reparto. «Ese sistema parte de un principio: La necesidad de establecer una conexión entre el ahorro acumulado por una persona y los beneficios que obtiene de él», justifican.

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Este método funcionaría según Vox, de la siguiente forma: «Cada trabajador contribuye con una parte de su salario a una cuenta a su nombre y de su propiedad depositada en una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), y ésta la invierte en una cartera diversificada cuyos rendimientos se acumulan durante el tiempo de cotización y comienza a percibirlos cuando se jubila».

Abaratar el despido

Por otro lado, Vox plantea «una reforma amplia y profunda de su mercado laboral», dentro de la cual entraría regular el coste del despido, ya que «tanto en los procedentes como en los improcedentes se sitúan aún entre los más altos de la OCDE».

Ante esta situación, la formación liderada por Abascal propone «unificar las indemnizaciones por despido para la totalidad de los contratos indefinidos reduciéndolas a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses».

Asimismo, el programa recoge la «reducción de la discrecionalidad de los juzgados de lo laboral en los despidos colectivos sometidos a su jurisdicción». «Los tribunales de lo social no podrán rechazarla validez de los expedientes de regulación de empleo salvo en los supuestos en los que existan casos de discriminación probados y tasados por ley», explica.

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Bajada de impuestos

En cuanto a la política presupuestaria, Vox asegura que «la evidencia empírica muestra que las» políticas fiscales «realizadas a través de reducciones del gasto público y de bajadas de impuestos son las más efectivas».

En este contexto, el partido sostiene que no existe «una correlación directa entre un mayor gasto público en educación con unos mejores resultados, si ese gasto público no esta bien orientadoy gestionado».
Para Vox, «el coste en términos sociales y económicos de los ajustes presupuestarios que reposan sobre la disminución del gasto público no tienen por qué tener un impacto depresor de la actividadeconómica si resultan creíbles, están bien diseñados».

Cheque escolar

En materia educativa, el partido asegura que la enseñanza «ha de estar dentro del ámbito de decisión de las familias y no del de los políticos o del de los burócratas». Por ello, abogan por «despolitizar la educación» para evitar que los gobiernos obliguen «a enseñar ciertas cosas».

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«El control político de la enseñanza no sólo es ineficiente, sino también un foco de división social y una amenaza para la libertad individual. La respuesta a este problema es el bono o cheque escolar», aseguran.

Este «trozo de papel» sería de un «importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público». «Con él en su poder deciden a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagan sus estudios con ese cheque y pueden complementarlo con contribuciones personales si el precio de la escuela elegida fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar», explican.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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