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Tribunales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita la libertad de expresión

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En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Por Judith
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Por Judith Bergman.- Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (Fuente de la imagen: Transparency International/Flickr)

El 3 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia que los tribunales nacionales de los países miembros de la UE pueden ordenar a Facebook la retirada de material difamatorio a nivel mundial:

“Las leyes de la UE no impiden que un proveedor de alojamiento, como Facebook, reciba la orden de eliminar comentarios idénticos y, en ciertas circunstancias, equivalentes a comentarios previamente declarados ilegales. Además, las leyes de la UE no impiden que dicha orden judicial produzca efectos a nivel mundial, dentro del marco de las leyes internacionales pertinentes que corresponda a los países miembros tener en cuenta.”

La sentencia se produjo después de que la política austriaca Eva Glawischnig-Piesczek, presidenta del partido Die Grünen (Los Verdes), demandara a Facebook Irlanda en los tribunales austriacos. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

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“Ella [Eva Glawischnig-Piesczek] solicitó que se ordenase a Facebook suprimir un comentario publicado por un usuario de esa red social que atentaba contra su honor, así como alegaciones idénticas y/o de contenido similar.

“El usuario de Facebook de que se trata había compartido en su página personal un artículo de la publicación austriaca en línea oe24.at titulado “Los Verdes: a favor del mantenimiento de unos ingresos mínimos para los refugiados”. Esto generó en la citada página una imagen en miniatura del sitio de origen, en la que se incluía el título y un breve resumen del citado artículo, al igual que una fotografía de la Sra. Glawischnig-Piesczek. Asimismo, en relación con el artículo, dicho usuario publicó un comentario redactado en términos que los tribunales austriacos declararon contrarios al honor de la Sra. Glawischnig-Piesczek, ofensivos y difamatorios. Cualquier usuario de Facebook podía consultar esa reseña.”

La sentencia ha generado preocupación entre las organizaciones que defienden la libertad de expresión. Thomas Hughes, director ejecutivo de ARTICLE 19, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para “proteger el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo”, dijo:

“Esta sentencia tiene graves repercusiones para la libertad de expresión en internet en todo el mundo.

“Obligar a las redes sociales como Facebook a eliminar automáticamente publicaciones al margen de su contexto infringirá nuestro derecho a la libertad de expresión y restringirá la información que vemos en la red. (…)

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“La sentencia también significa que un tribunal en un país miembro de la UE podrá ordenar la retirada de publicaciones en las redes sociales en otros países, aunque no sean consideradas ilegales allí. Esto sentaría un peligroso precedente donde los tribunales de un país pueden controlar lo que pueden ver los usuarios de internet en otro país. Esto podría estar abierto a abusos, en particular de regímenes con una deficiente ejecutoria en materia de derechos humanos.”

Según el artículo 19:

“La sentencia significa que Facebook tendría que usar filtros automatizados para identificar publicaciones en las redes sociales que sean consideradas “contenido idéntico” o “contenido equivalente”. Se usa la tecnología para identificar y borrar contenido que se considera ilegal en la mayoría de los país, por ejemplo, imágenes de abuso infantil. Sin embargo, esta sentencia podría provocar que se usen filtros para las publicaciones de texto en busca de contenido difamatorio, lo que es más problemático, dado que el significado del texto podría cambiar en función del contexto. Aunque la sentencia ha hablado sólo debería retirarse el contenido que sea en esencia el mismo que la publicación ilegal original, es probable que los filtros automatizados cometan errores.”

La sentencia “socava el antiguo principio de que un país no tiene derecho a imponer sus leyes sobre la libertad de expresión en otro país”, declaró Facebook en un comunicado.

“También abre la puerta a que se impongan obligaciones a las empresas de internet para que vigilen de forma proactiva el contenido y después interpreten si es “equivalente” a contenido que se ha declarado ilegal.”

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La sentencia “permite en esencia que un país o región decida lo que los usuarios de internet de todo el mundo pueden decir y a qué información pueden acceder”, dijo Victoria de Posson, alta directiva en Europa de la Computer & Communications Industry Association, una asociación de la industria a la que pertenecen Google y Facebook.

La sentencia parece, en efecto, estar abriendo una caja de Pandora para el espacio, siempre menguante, de la libertad de expresión en Europa y potencialmente en todo el mundo, aunque se desconoce, en este momento, cómo podría afectar la sentencia a la libertad de expresión a nivel mundial.

Los intentos gubernamentales en Europa de censurar la libertad de expresión llevan mucho tiempo en marcha: en Alemania, la controvertida ley de censura, conocida como NetzDG, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017, exige a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube que censuren a sus usuarios en nombre del Estado alemán. Las empresas propietarias de las redes sociales están obligadas a borrar o bloquear cualquier “delito penal” en internet como el libelo, el bulo, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas desde la recepción de la queja de un usuario. Las empresas de las redes sociales cuentan con siete días para los casos más complicados. Si no lo hacen, el Gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no acatar la ley.

Presumiblemente, la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría significar que un tribunal alemán ordenara eliminar lo que según la NetzDG se considera contenido ilegal, o su equivalente, en otros países miembros de la UE en los que no existe una ley de censura tan draconiana.

Francia está considerando adoptar una ley similar a la de Alemania. A principios de julio, la Asamblea Nacional de Francia adoptó un proyecto de ley diseñado para acotar el discurso del odio en internet. El proyecto de ley les da a las redes sociales 24 horas para retirar el “contenido de odio” o de lo contrario se enfrentarán a multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. El proyecto de ley se ha mandado al Senado francés. De nuevo, si el proyecto de ley se convierte en ley, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría significar que los tribunales franceses podrían exigir que Facebook retirara lo que los tribunales consideran contenido ilegal o su equivalente según la ley francesa.

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en otras palabras, parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. Naturalmente, está por ver exactamente cómo los tribunales nacionales de los países miembros de la UE interpretarán en la práctica la sentencia, pero las perspectivas parecen aún más sombrías para el futuro de la libertad de expresión en Europa.

(Gatestone Institute)

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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