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¡ESPAÑA EN LA RUINA TOTAL!: El Gobierno desvela que el déficit cerró 2020 en el 11,3% del PIB, el peor dato de la historia

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De confirmarse la cifra adelantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas españolas en toda la democracia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este domingo que el déficit público cerró 2020 “en torno al 11,3% del PIB”, con una caída de los ingresos públicos cercana al 7,6% como consecuencia de la crisis del coronavirus. De confirmarse ese dato, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas de toda la democracia, ya que sólo en 2009 se registró una cifra similar (11,28%).

La portavoz del Gobierno ha adelantado esa cifra en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas “anticíclicas” y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo “expansivos” en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y así “lo exija la Comisión Europea”.

La responsable de la cartera de Hacienda ha asegurado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, pero ha matizado que a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

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Montero ha subrayado que el Gobierno “nunca” ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido “prudentes” en la elaboración de las cuentas públicas.

“Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica”, ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los “errores” del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política “anticíclica” para “no dejar a nadie atrás” y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.

De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también “expansivos”, como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando “las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee”, con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. “Tiempo habrá”, ha dicho.

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Reforma del sistema de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una “prioridad” del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la “infrafinanciación” de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta “armonización” fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será “justo” con todos los territorios, si bien ha apostillado que “nunca” un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un “común denominador” para que “todos” reciban recursos adecuados y “no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales”.

En ese punto, ha denunciado las “campañas interesadas de cuestionamiento” de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social “casualmente” cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y “curiosamente” cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando “falsedades” como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una “reflexión” sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por “legitimar aquello que permite ser más iguales” y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que “no tiene sentido” que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia “tan obvia” respecto a otros territorios.

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En este sentido, ha adelantado que se establecerán “horquillas razonables”, pero no “idénticas ni absolutamente miméticas”, para lograr un “Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad”.

En su opinión, el “equilibrio” se rompió cuando algunas comunidades dejaron “prácticamente nulas” figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo “testimonial” y provocó una “suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.

Estas, “con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes”, ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que “no se trata de ir contra nadie” sino de “reflexionar” para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u “otras que puedan sustituirlas” sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de “ventaja” respecto a otras zonas.

“Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido”, ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que “cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad”, algo que “no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa”. Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.

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Variación del Salario Mínimo Interprofesional

Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.

La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de “sufrimiento” hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y “una vez pase el primer semestre” habrá una situación “más estable” para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.

Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el “importante” daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por “ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora”.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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