En cuestión de días, la conformación de un nuevo Gobierno será un hecho. Será el primer Ejecutivo de coalición en democracia, con un partido de extrema izquierda insertado en la estructura de poder del Estado, y con mando en plaza en La Moncloa. Además, estará sostenido por partidos independentistas como el PNV y ERC, este último con varios líderes cumpliendo condena en prisión por sedición o huidos de la Justicia. De ellos va a depender la gobernabilidad en los próximos años, porque el PSOE se ha decantado por un abandono radical del bloque de partidos constitucionalistas, y porque el ala soberanista se ha adueñado de sus siglas ante el silencio cómplice de sus «barones». Pedro Sánchez ha optado por convertirse en rehén de partidos que pretenden la destrucción del concepto constitucional de nación que España se concedió en 1978, y ha desechado cualquier alternativa de acuerdo con el PP, Ciudadanos o Vox. Estos tres partidos tienen buena parte de la culpa de lo que ocurra en la legislatura que comienza dada su incapacidad para haber logrado acuerdos previos a las elecciones y concurrir en listas conjuntas que habrían permitido al centro-derecha una mayoría solvente de gobierno. En cierto modo, la fragmentación política y sociológica en la derecha es la responsable de que Sánchez haya fraguado un gobierno minoritario in extremis que utilizará para sentar las bases de una fractura irreversible del constitucionalismo.

Se avecina un Gobierno capaz de identificar varias «naciones» donde solo hay una, o de diseñar una ingeniería social basada en la pretendida superioridad moral de la izquierda para secuestrar conceptos como la igualdad, el progreso, el feminismo, la memoria histórica, o la «justicia social». Será un Gobierno manirroto, ajeno a las exigencias de cumplimiento del déficit y la reducción de la deuda, obsesivo en el gasto a base de incrementos masivos de impuestos, y con dudosa capacidad para generar empleo. España se asomará también a un proceso de revisión de los estatutos de autonomía en el País Vasco o Cataluña, con concesiones a partidos que siguen abogando por el inexistente derecho de autodeterminación. A cambio de una investidura pergeñada para gobernar con 120 escaños propios -algo inédito-, Sánchez ha sido capaz de vender a partidos separatistas con representación muy minoritaria en el conjunto de España las siglas de un partido centenario que hasta ahora representaba una socialdemocracia constructiva. Ahora, con Pablo Iglesias encaramado a las instituciones, Sánchez podrá dormir tranquilo, aunque no es eso lo que decía meses atrás. Y ahora, con un calendario concreto para la expulsión fáctica de la Guardia Civil de Navarra, o con un proyecto «nacional» avalado por el PSOE para el País Vasco y para Cataluña, Sánchez podrá aprobar sus primeros presupuestos del Estado. Lamentablemente, España entra en un periodo de regresión social, política y económica.