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Internacional

España logra que se considere a Gibraltar «colonia» en un Brexit sin acuerdo

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Las consecuencias del Brexit son muy visibles en distintos campos. Pero este lunes Claude Moraes, eurodiputado británico y presidente de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles (LIBE) ha sido el primer político británico que ha sido apartado de un rol en Bruselas directamente a consecuencia del Brexit.

Moraes era el negociador del Parlamento Europeo en lo que se refería a la regulación sobre visados tras una salida sin acuerdo, y debía llegar a un punto en común con el Consejo, que representa a los Estados miembros, y con la Comisión Europea.

El primer borrador de la nueva regulación, elaborado por el Ejecutivo comunitario, no presentó ningún inconveniente ni para Moraes ni para la comisión LIBE, que lo aprobó.

Pero ese mismo texto, cuando llegó a manos del Consejo de la UE, sufrió una modificación. España, con el apoyo francés y después de presiones del embajador británico, logró que se introdujera un pie de página en el que se calificaba a Gibraltar como “colonia”.

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Bloqueo indefinido

Una pequeña victoria diplomática para Madrid que rápidamente se dio de bruces con la negativa a Moraes a aceptar dicha calificación. Y para que una regulación salga adelante debe estar acordada por las tres partes. La Comisión Europea aceptaba que se introdujera el pie de página, y el resto de países habían apoyado de forma unánime la petición del representante español durante las reuniones, pero el eurodiputado británico, de repente en el centro de todo el proceso, se negaba a dar su luz verde.

Moraes sabe de la importancia del cambio, por muy cosmético que parezca. El pie de página reza que “Gibraltar es una colonia de la corona británica” y que “hay controversia entre España y el Reino Unido respecto a la soberanía sobre Gibraltar […] cuya solución debe alcanzarse a la luz de las resoluciones y decisiones de la Asamblea General” de la ONU.

Cruce de reproches

Es el terreno que siempre ha interesado a España, y el eurodiputado británico es consciente. Madrid incluye así una alusión indirecta a la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas de 1968 que pide al Reino Unido poner fin a la situación colonial de Gibraltar.

Moraes considera que la inclusión de la referencia al Peñón es totalmente arbitrario, y como prueba señala que el primer borrador de la Comisión Europea no incluía ningún tipo de especificación sobre la situación de Gibraltar. A cambio, el británico propuso un texto alternativo. “Este reglamento [de visados] se entiende sin perjuicio de la posición legal del Reino de España respecto a la soberanía sobre el territorio de Gibraltar”, rezaba la alternativa propuesta por Moraes y que fue rechazada por las capitales.

La situación empezó a enquistarse, y se corría el riesgo de que, si el Reino Unido salía sin acuerdo, los británicos tendrían que pedir visados para visitas cortas a la Unión Europea. Pero España estaba segura de que la situación se resolvería.

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Sin embargo cinco rondas después el asunto seguía sin avanzar. Desde la oficina de Moraes explicaron a El Confidencial que los países no ponían propuestas alternativas sobre la mesa. Las dudas en algunas capitales respecto a la postura defendida por Madrid no ha restado en ningún momento el apoyo unánime a las exigencias españolas. Y ese es el resultado efectivo del Brexit: el Reino Unido pierde relevancia, en todas las capas, en todas las dimensiones.

Los eurodiputados españoles en la comisión comenzaron a presionar para que Moraes abandonara su puesto como negociador de la Eurocámara, algo a lo que el británico se negó. Parecía ser, vista su oposición a ceder, la única solución. Los dos únicos diputados son Agustín Díaz de Mera, del Partido Popular, y Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista.

Moraes ya no está al mando

El asunto acabó llegando la semana pasada a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a los líderes de cada grupo político en la cámara, que encargó a Antonio Tajani, presidente de la institución, que hablara con el eurodiputado británico para tratar de disuadirle de continuar bloqueando el asunto. En caso de que Moraes se negara, como volvió a ocurrir, se pidió al italiano que entonces dejara el asunto en manos de los coordinadores de la comisión LIBE.

Estos, en una reunión extraordinaria celebrada este lunes, han decidido quitar el dossier de las manos de Moraes y entregárselo al vicepresidente de la comisión, el búlgaro socialista Sergéi Stánishev.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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