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La Junta Electoral de Barcelona retira la credencial de diputado a Torra

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La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha acordado este viernes retirar la credencial de diputado del Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su sustitución por Ferran Mascarell, quien le sucedía en la lista electoral de JxCat de las últimas elecciones catalanas.

En una reunión celebrada esta tarde, los miembros de la Junta Provincial han acordado ejecutar la orden de la Junta Electoral Central que vetó a Torra como diputado, al entender que no tiene competencias para suspender esa decisión, “y más cuando el Tribunal Supremo” ha rechazado hacerlo esta misma mañana.

El Supremo ha descartado en la mañana de este viernes suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central que, el pasado 3 de enero, retiró a Torra el acta de diputado autonómico a raíz de su condena por desobediencia y dejaba en manos del Parlament la decisión de si abandonaba también la presidencia de la Generalitat.

Tras conocer el auto del Tribunal Supremo, Torra ha presentado esta tarde un escrito ante la Junta Electoral Provincial para pedir que nuevamente se suspenda su cese como diputado, a la espera de que el alto tribunal se pronuncie en los próximos días sobre las medidas cautelares solicitadas por el presidente de la Generalitat para evitar su destitución.

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En su acuerdo, contra el que no cabe recurso, la Junta Provincial ha argumentado que no tiene competencias para acordar la suspensión de la resolución de la Junta Electoral Central que hoy ha mantenido el Tribunal Supremo.

Por ese motivo, ha resuelto retirar la credencial de diputado a Torra, en cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central, que, a su vez, le instaba a declarar de forma inmediata la vacante del escaño que el presidente de la Generalitat ocupa en el Parlament.

En consecuencia, la Junta ha ordenado expedir una nueva credencial de diputado a favor de Ferran Mascarell, quien sucedía a Torra en la lista de JxCat por la circunscripción de Barcelona, y establece que ésta debe entregarse al representante general de la candidatura.

“Inelegibilidad sobrevenida”

La JEC, en una decisión adoptada con una gran división interna, aplicó a Torra el principio de “inelegibilidad sobrevenida” por haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral, aunque su sentencia no es firme.

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La decisión, que se tomó a instancias del PP, Ciudadanos y Vox, invocaba el artículo 6.2 b) de la Loreg, que declara inelegibles a los condenados por sentencia firme o no firme por una serie de delitos, entre ellos el de actuar contra la “administración pública” y “las instituciones del Estado”.

El cese de Torra como diputado podría comportar su destitución como presidente de la Generalitat, dado que ser parlamentario es requisito para acceder al cargo, de acuerdo con el Estatut.

Pese a la resolución del Supremo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado esta tarde en rueda de prensa que Torra sigue siendo “diputado de pleno derecho” y ha sostenido que la Junta Electoral no es competente para ordenar la inhabilitación de un parlamentario catalán.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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